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Un buen acuerdo.

30 de marzo de 2016
Por Arturo Yepes Alzate
Por Arturo Yepes Alzate
30 de marzo de 2016

Arturo Yepes Alzate

Arturo Yepes reducidaEl 23 de marzo, más que un desencanto para el pueblo colombiano por la no firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, todos debimos recuperar la confianza en el proceso.

La estantería montada por el Uribismo sobre mentiras, acerca de la permisividad de los negociadores hacia los subversivos, se vino abajo.

Los propios voceros de los alzados en armas «denunciaron» la intransigencia del gobierno para ceder a sus pretensiones.

Y con serenidad y firmeza, Humberto de La Calle dio a conocer a los colombianos, con total transparencia, las incidencias de las conversaciones en La Habana. Con toda honestidad, informó a la opinión pública que en este momento subsisten diferencias importantes con las FARC sobre temas de fondo y la decisión inquebrantable de no llegar a acuerdos de cualquier manera.

Con contundencia, el vocero autorizado señaló que el acuerdo que se busca no puede ser un acuerdo cualquiera. «Tiene que ser un buen acuerdo, el mejor acuerdo posible para los colombianos. Porque es a los colombianos a quienes nos debemos y para quienes trabajamos desde hace tres años y medio cada día en La Habana». Esas afirmaciones dejan por sentado que la delegación gubernamental está promoviendo lo que pide la opinión pública, así no le guste a las FARC.

¿Qué llama el gobierno un buen acuerdo?

Un acuerdo que permita poner fin al conflicto en condiciones de seguridad para todos. Sobre todo para los habitantes del campo colombiano. Por eso la primera condición fue, cero armas en manos de los excombatientes y la imposibilidad de hacer política con armas.

No puede quedar duda alguna sobre la decisión de desechar las armas, proceder a su destrucción, clausurar las fábricas de armamento no convencional y abstenerse de nuevas compras de armas y pertrechos.

Después de la dejación de armas, vendría la aplicación de los mecanismos de justicia transicional y para abrir la puerta de la reincorporación a la vida civil.

También «se plantó» el gobierno en la exigencia de garantías de la ruptura de los vínculos de las FARC con todas las actividades ilegales.

Además, el acuerdo debe satisfacer los derechos de las víctimas. Verdad, justicia, reparación, todo ello bajo un esquema de garantía de no repetición. No importa el victimario, todos deben asumir sus responsabilidades.

¿Que le queda entonces a los desinformados críticos del proceso? El propio comandante supremo de la guerrilla se queja que el gobierno quiere darles pena de prision a cielo abierto.

Oídas las razones de las partes para no firmar el acuerdo, queda una conclusión: los colombianos podemos confiar plenamente en la firmeza de nuestro gobierno. Por eso es la hora de disponernos a la reconciliación. Se quedaron sin argumentos quienes hablaban de impunidad o entrega de las instituciones para fomentar la venganza y el odio.

Lo mejor que pudo pasar fue la NO FIRMA de ningún acuerdo el 23 de marzo y las claras motivaciones para no hacerlo. Podemos dormir tranquilos.

Representante a la Cámara