OCURRENCIAS FRENTE A LA CIJ

Nadie acude a dirimir un pleito a un tribunal con la certeza absoluta de que se le va a dar la razón. Acude con la confianza de que sus argumentos son sólidos, y que contará con el equipo jurídico idóneo para que la defensa de sus tesis sean acogidas por los jueces. Así pasa también, por supuesto, en los tribunales internacionales.

Cuando en el gobierno de Andrés Pastrana se decidió, a fin de cuentas y pese a reiteradas advertencias en contra, que Colombia acudiría a la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) para dirimir sus pleitos con Nicaragua, se tomó una decisión de Estado que implicaba no solo el albur de perder el pleito, sino de asumir las consecuencias de las sentencias adversas. La decisión de aceptar la jurisdicción de la CIJ fue apoyada en ese momento por todos los partidos políticos.

Desde entonces Colombia no ha hecho sino recibir reveses judiciales en esa Corte. Aunque quede la satisfacción de que San Andrés, Providencia y Santa Catalina siguen siendo colombianas, en el resto de asuntos Nicaragua ha logrado casi todos los pronunciamientos favorables. No en vano tiene un equipo jurídico estable desde hace décadas en La Haya, mientras Colombia cambia constantemente de apoderados y designa para atender las últimas demandas a abogados amigos del presidente que ni siquiera son especialistas en derecho internacional público. Toda una muestra de cómo se manejan los asuntos de Estado y la diplomacia en nuestro país.

Ayer la CIJ desmontó una a una cinco de las seis defensas de Colombia (las llamadas excepciones preliminares) y se declaró competente para conocer y pronunciarse de fondo sobre dos demandas adicionales de Nicaragua. A uno de los agentes de Colombia en La Haya, Carlos Gustavo Arrieta, no se le ocurrió nada distinto que decir que esa era una “decisión política” y que ya no confía en ese tribunal.

Que la CIJ se iba a declarar competente ya lo habían previsto respetados internacionalistas, pues la vigencia del retiro colombiano del Pacto de Bogotá, como lo reafirmó ayer la CIJ, solo opera un año después de denunciado el pacto.

La reacción del presidente Juan Manuel Santos, y de buena parte de la clase política colombiana, dista de ser la más prudente. El Jefe de Estado señala contradicciones con la sentencia de la CIJ de noviembre de 2012, sin reparar que el mismo Estado colombiano no da muestras de coherencia al desconocer aquella sentencia y a la vez pedir que se cumplan ciertos puntos. Dejar de comparecer en la Corte da lugar a la aplicación del artículo 53 del Estatuto de la CIJ: Nicaragua podrá pedir que se emita un fallo favorable a sus pretensiones. Y si tal fallo se produce, no deja de ser obligatorio porque Colombia se haya retirado.

Colombia también dice estar dispuesta a negociar con Nicaragua, como si aquel país no tuviera bajo el brazo ya estas sentencias favorables. Pensemos si la situación fuera la contraria: ¿accedería un presidente colombiano a negociar con otro país que hubiese perdido con nosotros un litigio internacional?

Finalmente, una idea como la propuesta por el expresidente y senador Álvaro Uribe, de someter a consulta popular la fijación de frontera marítima (el meridiano 82), es inconducente. Lo mismo podría hacer Nicaragua, y preguntar por ejemplo a su población quién debe tener la soberanía sobre San Andrés. O Venezuela, y proponer a su pueblo nuevos límites en el Golfo de Coquivacoa.

Los dirigentes colombianos aparecen desorientados y confusos. Aparte de desconocimiento, con sus respuestas y ocurrencias no están mostrando sentido de Estado.