¡De las raposas, líbranos Señor! (II)

Por: mario arias gómez

Segunda parte

Retomo el hilo de la columna anterior para proseguir con la penosa reseña de las nada edificantes improbidades cometidas por el arrogante, inasible y omnímodo Fiscal General, cuyo dañoso, deprimente y repulsivo reinado -pronto a terminar- lo supuso investido de poderes y privilegios especiales, que le permitían -según él- actuar por encima de la constitución y la ley. Inédita licencia que desató la desenfrenada y caprichosa contratación -injustificada e innecesaria- sin control fiscal y político, al margen del estatuto de contratación. Desgreño amparado en una tutela interpuesta y resuelta por sus simétricos de la Corte Suprema y Constitucional, que denegaron la vigilancia y control de la Contraloría y Congreso, lo que blindó y convirtió a fiscal en una rueda suelta, incontrolable, que trocó en verdad absoluta sus disposiciones. Soberano que no admitió, ni toleró crítica ni oposición a su mandato. Se asegura que cuando Dios quiere perder a un ser humano le quita el juicio.

Ensimismado y despótico ejercicio público, sin límites, descalificado por buena parte del país, apoyado en una falaz y maniquea locuacidad, recargada de sofismas, con los que trató de defender lo indefendible, con exclusión de la modestia y humildad -virtudes supremas- contrarias a la petulancia y vanidad que han caracterizado a Montealegre; virtudes que junto a la integridad y bondad, jamás pasaron por la mente del desparpajado y descalificado fiscal, gobernado por la soberbia, la que lo llevó a la temeraria malversación del erario, bajo la inmoral premisa, que lo que nada nos cuesta volvámoslo fiesta. Despilfarro originado por la descabellada, dilatada y cuestionada contratación a dedo, que de acuerdo a lo transcrito, solo podrá investigarla la inoperante Comisión de Acusaciones, apodada de “Absoluciones”, que irá hasta junio/2016, en la que será reemplazada por la Comisión de Aforados, que indicará si se obró conforme o no a ley. Demasía que incluye el talento humano, cargada igualmente al atorrante y patético súper-fiscal.

Quien osó cuestionarlo, de inmediato hilvanó un difuso discurso -especie de agujero negro que todo lo absorbe- en que desaparecían como por encanto, los cargos hechos, resultas de las ramplonas adjudicaciones, tachadas de indebidas, y entendidas -varias de ellas-, como contraprestación al cambio de jurisprudencia que prorrogó de hecho el período del intocable fiscal, del que se afirma que no era la persona indicada para la fiscalía, en razón al número de nodrizas jurídicas externas contratadas, de lo que se concluye, que de los más de 25.000 funcionarios de planta, nadie sabía nada de nada. Ociosa duplicidad que emerge de los contratos formalizados. 15 con exmagistrados, 6 con periodistas y 2 con exfuncionarios, por $15.000 millones.

Ejemplo: A pesar de la surtida y bien dotada oficina de prensa, el mediático fiscal requirió de los servicios de, Jhon Álvarez Díaz, para “realizar asesoramiento en relación con medios de comunicación local y formulación de estrategias de comunicación”. Valor $180 millones.  A Camilo Chaparro para “apoyar, acompañar y asesorar a los despachos del Fiscal y del vicefiscal en temas de divulgación”. Valor 186 millones. A Eccehomo Cetina, para “prestar -por 132 días- apoyo, acompañamiento y asesoría en la elaboración de especiales que permitan la socialización de temas, de alto impacto y mostrar el trabajo investigativo de la Fiscalía”. Valor $ 445 millones. Generoso trato que contrasta con los maltratos infligidos a María Jimena Duzán, María Isabel Rueda y Vicky Dávila, intimidadas con epítetos degradantes y considerandos inaceptables, todo, por impugnar al manirroto fiscal y criticar la agresiva, insolente y ofensiva retahíla que usaba contra sus predecesores, propia de un rufián de cuatro esquinas. Pendenciera réplica llevada al terreno personal, desentonando con los hipotéticos galardones académicos que dice lo acreditan como defensor de las mujeres y la libertad de expresión.

Y qué decir de los 4 mil 276 millones de pesos otorgados a la “reputada” y protegida Lizarazo Tocarruncho o Srpinger von Schwarzenberg -impronunciable descreste para los ancestros boyacenses- que alejó al acreditado académico, Alejandro Ramelli, que con un valioso equipo interdisciplinario, montó la Unidad Nacional de Análisis y Contexto (UMAC). Proyecto estrella encargado de “repensar la investigación penal en un contexto de las lógicas estructurales del crimen organizado”, abandonado de repente por el fiscal, cuando apenas empezaba a dar sus frutos. Dictamen que le dio entrada a la “dulce monita de ojos azules”, en desmedro del desvelado y cualificado maestro, a quien el descarrilado fiscal descalificó sus pergaminos que precisamente lo tasaron para llegar a la UNAC, arguyendo que la Srpinger era la “única” con la experiencia para procesar las bases de datos de crímenes. Frívola y simplista exageración -de mal gusto- que implicó una bofetada al maestro y al equipo que implementó la capacidad corporativa para investigar los delitos relacionados con el conflicto armado, adicionado del irrespeto al afirmar que el defenestrado no tenía la capacidad metodológica para la tarea.

Esto, sin tomar en cuenta que en el poco tiempo de actividad de la UNAC, propugnó la vinculación de altos mandos del Ejército a los falsos positivos; reestableció los lazos y coincidencias de los magnicidios de Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo; apuntaló la captura del exgobernador de Córdoba, Benito Osorio, del que estableció sus vínculos con los paramilitares y el plan de despojo de tierras; respaldó la declaratoria de crímenes de lesa humanidad de los asesinatos de los líderes de la Unión Patriótica. ¿Cómo explicar entonces el precoz final de la UNAC y despedida de Ramelli que implementó la metodología que priorizó y contextualizó estos delitos?

Nada justifica al zafio y desleal Montealegre por la impróvida contratación de la Lizarazo, negocio del que asumió la interventoría luego que el intachable maestro reprobó el primer estudio -que derivó en tres más- los que no pueden consultarse por supuestos motivos de seguridad nacional. Estorbo que más parece un encubrimiento de la inocua relevancia de los mismos, lo que se deduce del lapidario juicio: “nada nuevo revela sobre las Farc”; …“sus conclusiones no tienen validez”; …“está lleno de lugares comunes”; … “es una recopilación de lo que saben todos los colombianos”; …“absurdo, vago, inútil e innecesario”. Preliminarmente, Mónica Suárez, igual informó al interventor, Carlos Useda, jefe de la Oficina Informática, “los fiscales y analistas de la UNAC han concluido que sobre el tema del secuestro el contrato no cumple con lo estipulado”. Reitera la inutilidad del estudio por “falta de análisis, rigor, claridad y justificaciones metodológicas”. A lo que agrego el autorizado concepto de una cotizada académica: “No es cierto que solamente ella -Springer- podía hacer ese trabajo”, la evaluación de impacto -método utilizado- se usa ampliamente en economía, y para estimar los modelos econométricos existen paquetes estadísticos, para esto no se requiere un algoritmo patentado”.

Tantas perlas juntas fatigan y aburren. Por tanto me abstendré de comentar lo de las nóminas paralelas; la compra por decenas de miles de millones de tiquetes aéreos; la renovación del contrato de arrendamiento -$1.598 millones- para la Unidad delegada ante la Corte Suprema, luego de haber terminad un edificio dentro de búnker, lo que me lleva a unirme al copioso plebiscito que pide al Gobierno desistir del inmerecido nombramiento de este “don Nadie” -gemelo del Procurador-, como embajador de Colombia en Alemania o en parte alguna.

Bogotá, Marzo 09/2016