No jugar con candela

José Ferney Paz Quintero
Abogado Consultor

Corridos apenas 13 días de este nuevo año de 2016 y ante los nuevos retos que debe afrontar la Nación en la búsqueda de la terminación del conflicto armado, de velar por el mantenimiento del orden público interno, la seguridad ciudadana y una justicia con equidad y sentido social, no podemos menos que al reiniciar esta columna de opinión que formular nuestros votos fervientes para que el país encuentre el camino cierto y firme de su rehabilitación institucional, en donde los partidos y demás estamentos sociales se constituyan en verdaderas fuerzas políticas sobre las cuales se asienta y defina la autenticidad de la poca democracia que nos queda.

En donde el concepto de una estricta moral administrativa se haga consustancial con la tarea de los funcionarios estatales obligados a respetar el marco jurídico existente, con una Rama Judicial alejada de la política partidista y de los intereses subalternos, si se desea continuar con un tradición jurídica que ha merecido el reconocimiento nacional, y una Rama Legislativa que entienda que han sido elegidos para defender  los intereses populares, actuando con independencia y no como apéndice del ejecutivo que los atrae a través de la llamada mermelada presupuestal y los cuestionados cupos indicativos focos de corrupción estatal.

¿Y qué no decir respecto al tema de la salud?, que a pesar de ser considerada como un derecho fundamental, con ley estatutaria  recientemente expedida, su futuro es incierto, colapsada por aspectos financieros y estructurales, en donde el cierre de los hospitales públicos  se ha constituido en una constante ante la indiferencia de las autoridades  encargadas de velar por la debida atención tanto preventiva como curativa.

Pero estos sanos propósitos no parecieran tener buenos augurios por las manifestaciones oficiales, aunque se niegue de dientes para afuera, al plantearse una reforma tributaria cocinada de tiempo atrás con el calificativo de integral, en donde se pretende elevar el IVA del 16% al  19%, en donde se incluyen artículos de la canasta familiar, el gravamen para los textos escolares, que estimularía la deserción escolar, para las pensiones, el impuesto de renta para aquellos que devenguen un salario superior al $ 1.500.000.oo, haciendo de este país uno de los de mayor tributación en el hemisferio ocupando un infamante tercer lugar.

El cúmulo de impuestos que debe soportar la población trabajadora tiene que tener un límite frente al excedido gasto fiscal, las nóminas paralelas  en las entidades oficiales, la contratación pública desbordada y en la mayoría de los casos  realizada a dedo para favorecer  intereses personales o institucionales, la política  rentística de un Ministro  que le debe  muchas explicaciones al país relacionadas con los casos de Dragacol  e Interbolsa, en donde el  gobierno ha querido pasar de agache por la omisión  en las  políticas de  vigilancia y control  a esta última  empresa  más parecida a una pirámide  que  a una   entidad bursátil, cascada impositiva que ha dado lagar a un claro pronunciamiento de  voceros del partido liberal, hasta el punto de sugerirse el retiro de la colectividad de lo que se ha llamado la unidad nacional.

Mientras la mayoría de los colombianos piensan como sobrevivir en este 2016, el entorno familiar del Ministro rentista Cárdenas le va muy bien, en donde su distinguida hermana se  pasea por  la alta diplomacia, como representante diplomática  en el Japón, Brasil y se anuncia  su  nueva sede  en ciudad de México.

Pero aunado a este malestar social por esos anuncios tributarios que  siempre afectan a la clase media e independiente, se le suman las voces de protesta de la clase trabajadora y sindical por el incremento del salario mínimo en un 7% contrariando la jurisprudencia constitucional vigente que determina los presupuestos para llegar al mismo, sin considerar el  exagerado aumento del impuesto de rodamiento para los automotores con los anuncios de peaje por congestión en la Capital de la Republica, en una arremetida institucional para desestimular el uso del carro particular, pero si tenidos en cuenta para  las cargas impositivas, sin que se avizore un mejoramiento del trasporte público, cada día más deteriorado  y lejos de una mayor eficiencia.

De igual manera la dogmática y arrogante posición del Gobierno Nacional para la venta de ISAGEN, empresa considerada como un activo estratégico para la nación y seguramente al momento de la lectura de esta columna enajenada al capital privado extranjero, a pesar de la resistencia de la mayoría de los sectores sociales y de los partidos políticos, demuestra que no existe la voluntad de auscultar el sentimiento ciudadano, sino el de la imposición y capricho oficial, desconociendo el principio universal que el gobernante se debe a su pueblo y por lo tanto escucharlo, porque de no ser así, estaríamos en presencia de un gobierno despótico y arbitrario.

De igual manera no se puede desconocer el sufrimiento de un alto porcentaje del pueblo colombiano marginado en temas de educación, salubridad, bienestar social, pudiéndose afirmar que cuando esa masa poblacional sufre, el Estado por intermedio de sus gobernantes tiene un   deber moral y jurídico de actuar, y si esa acción gubernamental se retarda, es rehuir un compromiso que tienen quienes ostentan la autoridad.

Cierto es, que el alto gobierno dispone de todo o casi todo para el restablecimiento de la dinámica administrativa, con un Congreso amigo y manejable, facultades constitucionales y legales, que les permite legislar, apropiar recursos, creando un orden de prioridades en la acción del Estado, procurando que el cáncer de la corrupción no sea el común denominador en la contratación estatal.

Que todo ese malestar colectivo, no se traduzca en factores negativos en  el afán de convocar a un certamen plebiscitario a favor de los eventuales acuerdos de la Habana, figura jurídica que suele crearse a partir de la fórmula “SI o NO,” donde los votantes deben responder a la pregunta planteada por el ente electoral, y como desfogue o desencanto por las políticas estatales esa población pase una cuenta de cobro al gobierno.

De allí que se sostenga a título de sugerencia: no jugar con candela.

 Adenda: Una justicia rara: Por las festividades de fin de año pasó desapercibida una noticia de carácter judicial respecto a que un Juez de la República privó de la libertad durante un año a una mujer de la tercera edad que hurtó seis paquetes de salchichas de un supermercado de Bogotá, decisión judicial por demás rígida frente a los débiles y seguramente manilargo con los poderosos en sus investigaciones de instancia.

Condenar a esa dama, a una pena privativa de la libertad, que aunque es domiciliara, no deja de sorprender e indignar a la ciudadanía, cuando a diario se conocen sentencias laxas contra verdaderos trasgresores de la ley o aquellos delincuentes o cacos de cuello blanco que gozan de  permanentes subrogados penales, después de asaltar la confianza ciudadana con la  anuencia y complicidad de los entes oficiales.

¿Podrá considerarse como justa esa decisión del juez de marras?, cuando la misma se aplica con criterio subjetivo, haciendo carrera la expresión que en Colombia se tiene una justicia valiente, arrogante con el débil, corrupta frente al dinero y temerosa frente a los criminales que tanto daño vienen haciendo a la sociedad sana del país.

Sería interesante conocer que significa para ese funcionario la palabra justicia y  el concepto sobre la figura jurídica del estado de necesidad, que bien pudo haber sido la causante de la infracción investigada.

De verdad, estamos padeciendo la aplicación de una justicia rara, que solo nos produce desconcierto y una sensación de total desprotección.
Bogotá, Enero 13 2016.