21 de junio de 2024

Una dignidad mancillada

9 de diciembre de 2015
Por José Ferney Paz Quintero
Por José Ferney Paz Quintero
9 de diciembre de 2015
 JOSE FERNEY PAZ QUINTERO
ABOGADO CONSULTOR

Ferney paz foto del 14 de abril de 015Se llama magistratura a la dignidad, cargo y conjunto de atribuciones con las cuales se inviste a una persona para que desempeñe determinadas funciones en la administración de justicia, honor que enaltece a quién por méritos, experiencia, trasparencia en sus  actuaciones, logra escalar unos peldaños para que se le denomine juez o magistrado.

Reconocemos que mucho se ha hecho para dignificar la justicia en el país, para hacerla creíble ante la sociedad colombiana, que observa perpleja como una institución creada con los mejores augurios, como lo es la Corte Constitucional a través de la  constitución del 91, ha venido sufriendo un enorme desgaste por la calidad de algunos de sus miembros que han llegado a su seno.

No debe olvidarse que la existencia de una institución no depende de la misma, sino de la limpieza y conducta que asuman sus propios integrantes, que es lo que se le cuestiona al magistrado Pretelt protagonista del peor escándalo de la rama judicial en las últimas décadas, enredado en sus propias explicaciones, negándose a aceptar las exigencias de renuncia de sus pares, del gobierno y algunas voces de la misma juridicidad, como hubiera sido lo decoroso y para  sorpresa de la opinión ciudadana con un proceso dilatado, con estratagemas  que  hacen pensar que ese trámite constitucional que se inicia en la comisión de acusaciones con un escrito de inculpación no se  le vislumbra fin alguno.

Durante sus más de 60 años de existencia como tal, la cuestionada e inoperante comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes, ha intervenido con alguna resonancia solo en un par de procesos, los de Rojas Pinilla Y Ernesto Samper, en ambos casos su desempeño dejó ver todas sus debilidades, las que han persistido a  lo largo  de los años dejando en evidencia su ineptitud e incapacidad para cumplir con las funciones constitucionales,  haciendo carrera la idea de que en Colombia existen personajes que no tienen juez para el control de sus actos, convirtiéndose en un símbolo de total impunidad.

Lo anterior se viene dando con las imputaciones contra el  Señor Pretelt, involucrado y denunciado en presuntos actos de corrupción en asuntos de su competencia, episodio de suma gravedad por un supuesto soborno de $500 millones de pesos con el doloso propósito de invalidar un  fallo que  condenaba a la empresa Fidupetrol a pagar $ 22.500 millones de las regalías de Casanare.

Como le hace de daño a la majestad de la justicia estas actuaciones individuales y aisladas de funcionarios que parecen olvidar que una justicia trasparente y proba constituye la base de una sociedad democrática, que solo aspira  a que sus jueces actúen con imparcialidad  y ejerzan en debida forma la delegación funcional que han  recibido del Estado.

Hace mal  la Cámara de Representantes en  dilatar la decisión para acoger o no la acusación respectiva proveniente de la lánguida comisión de acusaciones, con nombramientos de comisiones accidentales, ni mucho menos  avalar las recusaciones  en contra de algunos representantes incoadas por el mediático apoderado del investigado que solo pretenden crear confusión procesal y evitar un pronunciamiento para que continúe el trámite  constitucional ante el Senado de la República, enviando  un mensaje negativo ante la sociedad sana del país en asunto de  tanta  connotación que tiene que ver  con  la  diafanidad  en las actuaciones  de las corporaciones judiciales.

Lo menos que  podemos pedir  como  rasos  ciudadanos es  que la justicia para este caso y en donde estén comprometidos altos funcionarios judiciales y estatales, opere con claridad, prontitud, y no por fungir esa  dignidad  se constituya en garantía de impunidad, de libertinaje jurídico, que bien daría pié para reafirmar la existencia de una casta de mayor “estirpe”, en donde el concepto de justicia se aplica en forma dispar, caprichosa y subjetiva, según la categoría del infractor.

El perjuicio que  le ha hecho a la corporación por parte del magistrado inquirido  ha sido inmenso, con la intermediación según se desprende  de  las mismas investigaciones de otro ex togado Rodrigo Escobar Gil, vinculado penalmente a estas averiguaciones y en mora de dar las explicaciones correspondientes, a pesar de seguir contando con un silencioso apoyo en ciertas instancias judiciales y organismos  de control disciplinario.

Ha llegado el momento para que el Congreso  asuma  seriamente con sus funciones de instrucción con aquellos funcionarios con fuero constitucional, dejando de lado las alianzas o solidaridad de partido, cuando de  sancionar la  corrupción, las indelicadezas, el indebido ejercicio de las funciones, máxime si son de  carácter jurisdiccional.

Le asiste la razón al presidente Santos  cuando le hace un llamado  de atención  a la plenaria de la Cámara para que se  apreste a cumplir  con su tarea en el caso del Magistrado cuestionado, evitando las mañas y leguleyadas  que solo  buscan enturbiar una dispendiosa  investigación, que debió haber sido fallada meses atrás, para bien de la imagen del Congreso  y del estamento judicial, pedimento que encuentra su sustento en la  Constitución Política en su artículo 134 cuando alude al Presidente de la República como la suprema autoridad administrativa del país.

Adenda: El tránsfuga estafa la voluntad popular cada vez que alguien que accede por un partido político, lo abandona sin renunciar al escaño, conductas estas que generan corrupción y desencanto ciudadano hacia los partidos políticos.

Ahora bien, pese a todos los vicios que en la actualidad puedan tener  esas organizaciones partidistas, lo cierto es, que sin Estado democrático no habrían partidos, pero sin partidos tampoco habría estado democrático constitucional: Estado y partidos, son dos realidades inseparables.

Se afirma lo anterior, por la idea que se viene  estudiando al más alto nivel de modificar el texto legal (Ley 1475 – 2011) para aprobar que ese trasfuguismo opere en nuestro espectro político para permitirles a unos dirigentes ubicados en el partido de la U, puedan regresar a  otras corrientes políticas.

En este país suceden hechos que en uno civilizado sólo generaría rechazo total, en donde se reforma la constitución para satisfacer intereses o ambiciones personales, la ley se adecua para convertir en legal lo que antes era prohibido e ilegal.

Si bien es cierto que se deben adelantar campañas para vigorizar los partidos en razón de la debilidad de los mismos, no menos lo es, que para dicho fin, se acuda a ese proteccionismo legal, por cuanto el trasfuguismo o doble militancia no son más que fenómenos políticos perversos, que ha sido la constante de los partidos en toda la América latina, originando  aquello que la doctrina denomina “electoral volatility”, denota en el elegido una falta de firmeza ideológica, debilidad de convicción, anteposición de intereses personales, sobre el programa del partido y por supuesto un fraude a los electores.

Así las cosas, el próximo año será el de los camaleones políticos, dirigentes que sin ninguna ética y principios mudan de partido, como cambiar de traje, procediendo como los camaleones que cambian de color tomando el de la planta o lugar  en donde se posan o como los denomina la sabiduría popular, veletas, que son aquellas personas inconstantes, cambiadizas o veleidosas que abundan por doquier a lo largo del territorio nacional.

Adenda dos: El hallazgo  del Galeón  San José  pareciera que superara la línea de  lo racional, por cuanto antes de retirar las presuntas riquezas, el gobierno español esté desempolvando arguyas  para pescar en río revuelto, o mejor en mar revuelto, con el argumento de proteger un tesoro de la humanidad que es de ellos porque se trasportaba en una nave que llevaba su bandera.

Ahora  con ese vidrioso argumento, un ladrón en este caso un país, puede saquear a otro y poner el botín en una nave con su bandera para asegurar su posesión.

Nada más descabellado y descarado por parte de las autoridades españolas que bien amerita la seria atención jurídica del gobierno nacional  en el  evento de  un litigio internacional, para  no  llevarnos una sorpresa  como  lo sucedido con Nicaragua.

(Por descanso profesional y celebraciones de fin de año, esta columna reaparecerá Dios mediante en la tercera semana de Enero del 2016. Felices fiestas.)

Bogotá, Diciembre 9 del 2015