EL VALOR DEL RECONOCIMIENTO
No en vano este fue uno de los puntos más delicados, pues se refiere directamente a definir quién (y cómo) va a responder por la antología de tragedias y delitos que nos ha dejado este conflicto bárbaro. Hizo falta -¡y hará!- mucha humildad, tan ausente en nuestra historia, de todas las partes para reconocer que, en efecto, se cometieron atrocidades de lado y lado (aunque no se trata de equiparar a los agentes del Estado con los guerrilleros) y que las víctimas y el país necesitan justicia si queremos la esperanza de sanar algún día las heridas.
LLAMAR “HISTÓRICO” AL ACUERDO de víctimas entre las Farc y el Gobierno Nacional es lo mínimo que se puede hacer. Después de que se pactara la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), dentro del marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, no es temerario decir que jamás hemos estado tan cerca de un acuerdo para desmovilizar y reintegrar definitivamente -esperamos- a las Farc, guerrilla que a punta de sangre se ganó ser sinónimo de terror en Colombia. Sí, aún todo podría irse al traste, pero la voluntad de ambas partes parece indicar que se viene una página nueva en la historia del país. Felicitamos a todos los involucrados por su titánica labor. Aunque hay mucho que afinar y cuestionar, no puede soslayarse la importancia de lo ocurrido.
No en vano este fue uno de los puntos más delicados, pues se refiere directamente a definir quién (y cómo) va a responder por la antología de tragedias y delitos que nos ha dejado este conflicto bárbaro. Hizo falta -¡y hará!- mucha humildad, tan ausente en nuestra historia, de todas las partes para reconocer que, en efecto, se cometieron atrocidades de lado y lado (aunque no se trata de equiparar a los agentes del Estado con los guerrilleros) y que las víctimas y el país necesitan justicia si queremos la esperanza de sanar algún día las heridas.
El diseño para juzgar a los responsables es una creación jurídica compleja con una clara filosofía guía: los beneficios dependen de la colaboración. Pero puede tener problemas si no se sabe aterrizar. La JEP se encargará de “investigar, esclarecer, perseguir, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que tuvieron lugar en el contexto y en razón del conflicto armado”. Nada fácil. Habrá que cuidar en la implementación que no se desborde ante la infinidad de delitos que habrá de resolver.
Ya sabemos, eso sí, algo que la oposición ha venido preguntando desde que inició el proceso: “La imposición de cualquier sanción por parte de la JEP no inhabilitará para la participación en política”. Aunque duro de aceptar, es inevitable. Ese es el acuerdo: que las Farc pasen de combatir una guerra a luchar por (y con) votos sin el uso de la violencia.
Con todo, la creación del Tribunal Especial para la Paz indica que se aprendió una lección de Justicia y Paz, ese fantasma que todavía nos persigue y que demostró que nuestro sistema judicial, así sea extraordinario, no puede lidiar con la cantidad de casos que se vienen después de estos procesos. La garantía de un proceso en los casos más graves y significativos, y maneras expeditas de procesar los menos graves, promete, al menos, un mínimo de entendimiento de lo ocurrido (y de reparación y no repetición, claro).
En cuanto al espinoso tema de las penas, después de mucho debate la fórmula adoptada promete sanciones reducidas para quienes voluntariamente acepten sus delitos, cuenten la verdad plena y se comprometan a reparar en la mayor manera posible a las víctimas. A cambio, los máximos responsables pagarán hasta ocho años de “restricción efectiva de la libertad”, una figura que aún tiene que ser aclarada, pues es vaga y a primera vista luce en extremo complaciente en proporción a los crímenes cometidos.
Con todo, el éxito de este esquema y el nivel de justicia que impondrá dependen casi absolutamente de su integración, de quiénes sean los magistrados. Importante que el acuerdo impida expresamente que sean elegidos por las partes de la mesa, pero hasta tanto se determine quién los nombrará y, luego, quiénes ocuparán esos cargos, todo seguirá en el plano de las buenas intenciones.
Sólo cuando se aterrice el acuerdo y la JEP empiece a funcionar se podrá evaluar qué de lo que se promete es alcanzable y qué es inevitable que quede debiendo. Pero que esta sea una justicia imperfecta no le resta la importancia a lo ocurrido: para construir un nuevo país, quienes se han encargado de destruirlo pactaron aceptar responsabilidades. Y eso, por muchas vueltas que pueda haber en la implementación, es un muy buen augurio.
EL ESPECTADOR/EDITORIAL
