19 de mayo de 2022
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Persecución a periodistas

Columnista de opinión en varios periódicos impresos y digitales, con cerca de 2.000 artículos publicados a partir de 1971. Sobre todo, se ocupa de asuntos sociales y culturales.
13 de noviembre de 2015
Por Gustavo Páez Escobar
Por Gustavo Páez Escobar
Columnista de opinión en varios periódicos impresos y digitales, con cerca de 2.000 artículos publicados a partir de 1971. Sobre todo, se ocupa de asuntos sociales y culturales.
13 de noviembre de 2015

gustavo paez

Antes de ser asesinado Orlando Sierra a la salida del diario manizaleño La Patria, donde desempeñaba el cargo de subdirector, fue objeto de intimidaciones y amenazas de muerte. Las constantes denuncias que hacía en sus columnas contra actos corruptos de la coalición política gobernante, y en forma concreta contra el dirigente liberal Ferney Tapasco, lo convirtieron en elemento indeseable.

Lo mataron el 30 de octubre de 2002. Y corrieron 13 años antes de ser condenado  el autor intelectual (Tapasco) a 36 años de cárcel. Pero logró escapar. En días pasados fue capturado en algún sitio escondido, con barba crecida, traje mugriento y la mirada perdida. Parecía una rata atrapada.

Triste espectáculo que le puso fin a las maniobras ejercidas para que el crimen quedara impune, como ha sido el común denominador de otros casos semejantes. Es el triunfo más notorio de la justicia dentro del campo desamparado de los servidores de la prensa, a pesar de los tortuosos caminos que tuvieron que recorrerse. Quizá sea el comienzo de nuevas acciones ejemplarizantes.

En 1995 fue asesinado en Armenia Ernesto Acero Cadena, crítico vehemente de los desvíos locales desde su revista El Informador Socio-económico del Quindío. Debido a su labor moralista, recibió, al igual que Orlando Sierra, coacciones que buscaban acallarlo. Al no conseguirlo, lo silenciaron con las balas. Este crimen lleva 21 años en la impunidad.

En el mismo año 95 cayó asesinado Álvaro Gómez Hurtado cuando salía de dictar su clase en la universidad Sergio Arboleda. Duro opositor del gobierno de Ernesto Samper, había dicho 2 días antes del atentado que “el presidente no se va a caer, pero tampoco se puede quedar”. Y lo asesinaron. Horrendo magnicidio que duerme en más de 150.000 folios del expediente, con múltiples interferencias dentro del proceso judicial, sin que haya logrado establecerse la verdad.

Hace 2 meses fue enterrada en Pitalito la periodista Flor Alba Núñez, cuya muerte obedeció a sus valientes denuncias contra abusos públicos. Un desconocido le disparó en la cabeza cuando ella ingresaba a la emisora La Preferida. El asesinato no ha sido esclarecido.

La mayoría de los expedientes se diluyen en la zona del olvido. Así sucede en el caso de Carlos Ramírez París, director de Radio Guaymaral, de Cúcuta, muerto en 1977; de Guillermo Cano, asesinado en 1986 cuando salía de las oficinas de El Espectador; de Héctor Abad Gómez, muerto por paramilitares en 1987; de Diana Turbay Quintero, directora de la revista Hoy por Hoy, asesinada en 1991; de José Eustorgio Colmenares, muerto en 1993; de Jaime Garzón, a quien los paramilitares asesinaron en 1999; de Argemiro Cárdenas, muerto en Dosquebradas (Risaralda) en 2012. La lista es larga.

De acuerdo con cifras de la Fundación para la Libertad de Prensa, 164 periodistas de todo el país, desde 2006 a 2014, “han sido amenazados, perseguidos, golpeados, obligados a callarse o a dejar de hacer lo que dice este oficio que somos: informadores de la verdad”.

Dice la misma entidad que desde 1977 hasta 2015 hay un total de 144 periodistas asesinados en Colombia. Reporteros sin Fronteras anota que Colombia es el segundo país con más periodistas muertos. El primer puesto lo ocupa Méjico.

La intimidación no siempre va dirigida contra el periodista, sino también contra su familia. Muchos resisten el acoso, mientras otros, por miedo o conveniencia, cambian de métodos, e incluso de profesión, o se van del país. De esta manera, desisten de su compromiso con la sociedad.

Este panorama aterrador muestra hasta qué grado avanza la delincuencia y se debilita el control sobre la moral pública. Esto obliga a las autoridades a tomar medidas severas y efectivas en beneficio del bien general. Hay que defender la libertad de expresión y amparar a quienes la practican.

Dice Alberto Camus: “Una prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad, la prensa nunca será otra cosa que mala”.

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