21 de junio de 2024

CURULES SIN VOTOS

10 de noviembre de 2015

Lo que había adelantado el presidente Santos hace pocos meses, lo exigen ya como inevitable las Farc: curules sin voto popular. Gobierno y guerrilla comparten su temor a la democracia.

Que las Farc, en caso de firmar la paz con el gobierno, van a formalizarse como partido para participar en política, no es un secreto. Para eso el presidente Juan Manuel Santos se embarcó en ese proceso. Y para eso, se supone, las Farc aceptaron sentarse a la mesa de diálogos. Nadie debería sorprenderse ahora. De hecho llevamos meses oyendo a los dirigentes políticos, sociales, empresariales, cívicos y académicos repitiendo que “es mejor tener a las Farc en el Congreso que echando bala en el monte”.

Lo que no se sabe, o mejor dicho, lo que no se le ha dicho aún al país, es quiénes de los integrantes de las Farc van a poder participar en política tan pronto entre en vigencia el acuerdo de paz, ni tampoco cuáles son las específicas condiciones especiales que el gobierno, en sus numerosas concesiones, les va a aprobar para que su estreno en las urnas no tenga que pasar por el trago amargo de la ausencia de apoyo popular.

Es decir, en cuanto a lo primero (quiénes), hasta ahora no se nos ha dicho si los responsables de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad van a poder ser elegidos a cargos de elección popular, o si podrán ser nombrados en puestos de responsabilidad en el poder Ejecutivo.

En lo referente a lo segundo (cómo van a participar, bajo qué condiciones) ya algo se dice en el Acuerdo de Participación Política suscrito el 6 de noviembre de 2013, en desarrollo del punto 2 de la Agenda para la terminación del conflicto interno: circunscripciones especiales de paz, apertura a movimientos sociales, garantías de participación y estatuto de oposición, entre otros asuntos.

No se definió en ese momento la posibilidad de que accedan a curules en el Congreso por designación directa, esto es, por decreto presidencial. Pero el pasado domingo las Farc lo exigieron. Y conocidas las dinámicas de este proceso de negociación, donde los hechos consumados se van notificando a los colombianos por el sistema de gota a gota, podríamos dar por cierto que ello será así: habrá curules a dedo para las Farc. El propio presidente Santos lo dijo el pasado 27 de agosto ante empresarios del Valle del Cauca: “En aras de la discusión, supongamos que a dedo, el presidente de la República diga a las Farc: ‘ustedes tienen 8 o 10 cupos en la Cámara de Representantes durante uno o dos años’ (…). Yo me pregunto, ¿es un precio demasiado grande para terminar una guerra de 50 años?”.

Los colombianos que no estén afectados de cierto marasmo o indiferencia por lo que está pasando, suman toda esta serie de factores: una jurisdicción especial para la paz que podrá juzgar a “cualquier interviniente en el conflicto”; jueces de esa jurisdicción que no se sabe cómo ni quién los va a designar; plebiscito con preguntas de “sí” o “no” que omiten la consulta a la población de los términos puntuales del acuerdo con las Farc; curules por asignación directa sin necesidad de someterse a las urnas; modificación de los procedimientos constitucionales para recortar el debate para reformas a la propia Constitución (sustitución de principios del Estado de Derecho); concesión de atribuciones extraordinarias al presidente para que legisle con plenos poderes sin pasar por el Congreso; amenaza de cárcel para ciertos opositores y granjas o municipios en “zonas de influencia” para los jefes guerrilleros; una Corte Suprema que actúa bajo el principio de que “el Derecho no puede ser un obstáculo para la paz”; y una casi segura eliminación del impedimento de elegibilidad para los responsables de crímenes atroces.

Todo esto es lo que un gobierno responsable tendría que consultar a la ciudadanía, sin acudir a atajos constitucionales ni subterfugios. Y cada una de esas concesiones, más las que faltan, deberían ser objeto de pronunciamiento ciudadano. Limitarse a preguntar si la gente quiere o no la paz (reducir todo este catálogo a ese postulado genérico) es demostrar el mismo miedo a la democracia que muestran las Farc al exigir curules a dedo.

EL COLOMBIANO/EDITORIAL