22 de mayo de 2022
Directores
Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

EL EXITOSO EXPERIMENTO DE LAS VIVIENDAS GRATUITAS

29 de noviembre de 2015

Cuando hay una genuina voluntad política, la articulación entre el Gobierno central, las entidades territoriales y el sector privado puede producir buenos resultados.

La semana que termina se entregó en El Salado (Bolívar) —el lugar escogido es ya un gesto que demuestra el interés del Gobierno por empezar a sanar las múltiples heridas del conflicto— la casa gratuita número 100.000 dentro de uno de los planes más ambiciosos de la administración de Juan Manuel Santos. Es buen momento, entonces, para oír a críticos y partidarios de ese tipo de inversión estatal y preguntarse cuál es la mejor forma de seguir combatiendo la desigualdad social.

Las cifras hablan muy bien del Gobierno y del Ministerio de Vivienda. Después de 289 proyectos adelantados en 205 municipios de 28 departamentos, se llegó a la cifra redonda de 100.000 viviendas de interés prioritario construidas y adjudicadas de manera gratuita. Más que nada, este proyecto sirvió para romper varios estigmas contra este tipo de construcciones.

Lo dijo Luis Felipe Henao, ministro de Vivienda: “Había ciudades sin construir vivienda en 20 años, como Montería, Valledupar, Sincelejo y Santa Marta”. Popayán, que construía 400 viviendas al año en estratos altos, pasó a construir 2.000 viviendas gratuitas para los más necesitados. Los municipios del país empezaron a ver rentabilidad social y financiera en dedicar territorios para estas viviendas. El mercado inmobiliario, por su parte, motivado por el respaldo del Gobierno —que cubría el 100 % del costo de las viviendas—, respondió de manera adecuada y demostró que las obras podían realizarse con eficiencia.

Desde el punto de vista de la ejecución, esto demuestra que, cuando hay una genuina voluntad política, la articulación entre el Gobierno central, las entidades territoriales y el sector privado puede producir buenos resultados. Lo celebramos.

También celebramos que, en efecto, las casas se entregaron a las personas más necesitadas. Como dijo el ministro sobre los beneficiarios: “el 100 % percibe ingresos de la informalidad; el 80 % tiene una educación inferior a octavo grado; el 25 % de los usuarios se acostaba un día sin comer, tenían un rezago escolar superior al 40 %, una deserción escolar del 34 %”.

Los beneficios para estas personas, de tener vivienda propia sin cargar deudas encima, son muchos. Ya se habla de la reducción de pobreza en esas personas y, sin duda, veremos casos de éxito a medida que pase el tiempo.

Dicho lo anterior, las viviendas gratis no son suficientes. Para construir comunidades verdaderas, donde las personas estén integradas y tengan capacidad de superar sus condiciones de pobreza, hace falta mayor inversión en infraestructura social: colegios, puestos de salud, espacios públicos, etc. La casita es un primer paso, pero la desigualdad social requiere una acción contundente e integral para atacar todas las raíces del problema.

El Gobierno parece saber esto. El ministro Henao habló de la sostenibilidad del programa y de que ya están en licitación más de 29 colegios. Sin embargo, falta ver mayor planeación y un plan más estructural. Así como anunciaron la construcción de 450.000 nuevas viviendas gratis, también debería hablarse de cómo alrededor de ellas se van a construir hábitats para los ciudadanos.

Finalmente, no sobra repudiar la aparente politización que ha permeado esta política pública. Varias actitudes de funcionarios del Estado dejaron entrever, en las pasadas épocas electorales, que este proyecto se utilizó para exprimir los réditos políticos. No puede olvidar el Gobierno que las soluciones que plantea a los problemas del país deben estar basadas en planes sólidos a largo plazo, justificados y sin discriminación, no pensando en qué va a darle más votos a alguien. Todos los comentarios alrededor de la “chequera” de Presidencia suenan, por decir lo menos, mezquinos.

Son manchas innecesarias en proyectos que parecen dejar genuinos avances para Colombia.

EL ESPECTADOR/EDITORIAL