Lecciones que deja el debate electoral

JOSE FERNEY PAZ QUINTERO
ABOGADO CONSULTOR

La abstención electoral genera una preocupación por las consecuencias sobre el sistema  democrático  por la  poca participación de los ciudadanos en los comicios, con unos  resultados  distintos si acudieran más  votantes a las urnas, fenómeno  que alcanzó un  48% en el certamen  pasado.

No es secreto alguno que esa apatía participativa en un alto porcentaje puede llegar a deslegitimar políticamente las elecciones o el sistema político vigente, por cuanto se  traduce en el gobierno de las minorías elegidos por una “falsa  mayoría”, dando lugar a serios interrogantes, ¿se puede seguir afirmando que la configuración de esos gobiernos regionales así emanados, pueden continuar siendo considerados como democráticos, entendiendo este sistema como el gobierno de las mayorías?  ¿Pueden tener gobernalidad en el manejo de los asuntos públicos esos funcionarios  con escaso respaldo ciudadano?

Las inquietudes anteriores darían para un profundo debate político, filosófico y jurídico, surgiendo una serie de ideas o modo de recomendaciones que  planteen alternativas para disminuir el alto nivel de abstencionismo, como el voto obligatorio, con defensores y detractores, unas tarjetas electorales más sencillas y didácticas, flexibilización del horario de votación, facilidad  de inscripción de  la cédula, más cultura ciudadana,  o como sugieren algunos, el voto obligatorio para quienes ejerzan el derecho político por primera vez.

No hay justificación alguna respecto a la pérdida de una votación  en los tres departamentos del eje cafetero por  votos en blanco , nulos y no marcados que ascienden a 282.533, que amerita una revisión a las tarjetas electorales, para hacerlas  más accesibles y entendibles  para el elector

Esta discusión la tendrá que dar el país, acompañada de una  estructural reforma política y electoral, si se  pretende conservar la existencia de los partidos políticos, que en cada  votación  se van diluyendo salvo el repunte de cambio radical y el fortalecimiento del liberalismo en el pasado certamen, siendo ese decaimiento el más peligroso efecto para la consolidación de una verdadera democracia  participativa, o al derecho a disentir,  a la expresión libre, sin cortapisas, elegir y ser elegido, en donde las elecciones  se constituyen en el componente esencial de la misma y la forma de  su expresión no es más que el sufragio o voto .

El  certamen electoral del 25 de octubre,  cuestionado por todo tipo de  quejas, desde la trashumancia, doble militancia, compra de votos, constreñimiento al elector,  candidatos al parecer con oscuros  pasados, críticas por la forma en que se otorgaron los avales por los partidos, las  incongruencias del Consejo Nacional Electoral como órgano rector en algunas decisiones tomadas,  nos estimula  a  solicitar  a que el ejercicio público y administrativo de los elegidos, se ponga al servicio del interés colectivo, pero  quedando una gran lección: la imperiosa necesidad de trabajar en el concepto de cultura política, por cuanto no se puede desconocer que nuestra flaqueza esencial radica en una instrucción pública decadente y una falta absoluta de educación nacional, en donde instrucción y educación, parecen ser dos conceptos que a diario se confunden.

Los nuevos gobernantes elegidos  deben  entender que ya pasó la campaña, que lo son para toda la comunidad  y no para el grupo o fracción que los acompañó en el periplo electoral, adelantando cruzadas de educación a nuestras clases pobres, dignificando su condición de ciudadanos, haciéndoles comprender que hay una justificación y la importancia de ser un buen ciudadano, valiéndose por sí mismo y no a través  aventureros de la política y promeseros de turno , que solo buscan beneficios personales apoyándose en el desconocimiento e ignorancia cívica.

Hace muchos años un gran pensador francés exclamó, con frase que tuvo la resonancia de una verdad evangélica,  “abrid las puertas de las escuelas y cerrareis las de las cárceles”.  En Colombia  se han fundado de entonces acá muchas escuelas y facultades de garaje, pero no ha podido cerrar ninguna prisión, la criminalidad va en aumento, la inseguridad campea en las ciudades y el campo es abandonado a diario por miles de desarraigados, desamparados a su suerte por los gobiernos de turno, preocupados más por solucionarle los problemas jurídicos patrimoniales a los victimarios, que buscarle salidas definitivas a esos millones de   colombianos en donde una sociedad indiferente los mira con lastima  y total  insolidaridad, pero sí visitados por  una clase  política para obtener  sus votos en las épocas preelectorales.

Que los nuevos  gobernantes y voceros populares entiendan que para desarrollar una región, se  necesita ante todo actualizar sus realidades, no se puede gobernar con fórmulas producto de la soberbia, la improvisación y el dogmatismo, etapa vivida en la capital, política  de gobierno castigada en las urnas poniéndole fin a una hegemonía  de la  izquierda en donde voceros destacados de esa tendencia se vieron comprometidos en indelicadezas, sobornos, peculados, delitos contra la administración pública, personajes que deben pasar a la jubilación política, sino contemplando e interpretando la realidad social, auscultando a la comunidad, o dicho en otras palabras, gobernar dentro de la diversidad ideológica, por cuanto la política no es más que una apreciación de posibilidades y no  aplicación inflexible de doctrinas.

Que este período  de los nuevos administradores públicos  que se inicia el  primero de enero del 2016,  sea  el resurgir de los entes territoriales, y se gobierne no a través del espejo retrovisor, ya que el panorámico es mucho más amplio y produce mejores resultados.

ADENDA: Cuando se realizó la primera elección  popular de Alcaldes, 13 de marzo de 1988, se le calificó como una verdadera conquista democrática, un gran avance nacional, al considerarse la importancia  que tenía para las regiones se dieran sus propios gobiernos, como paso inicial  para  consolidar la descentralización administrativa y su desarrollo social, cambio político que se complementó en 1991 a instancias de la Asamblea Nacional Constituyente con la elección popular de Gobernadores.

Han trascurridos 25 años de la innovación constitucional y el balance político administrativo se puede considerar como agridulce, por cuanto si bien se avanzó en el concepto de  democracia local, no ha operado la descentralización fiscal  y administrativa, con  el agravante comprobado   desde  años atrás y reafirmado en la elección pasada, que en algunas  regiones el poder local ha sido cooptado por mafias y grupos con cuestionamientos morales y éticos, recrudecimiento del clientelismo, abuso de los presupuestos públicos al servicio de ciertas campañas afectas al gobernante de turno, o al gamonal de la región, la grosera malversación de los fondos  oficiales , que hacen  pensar  en la  necesidad de  reformar esta figura de la elección popular, buscando una salvaguardia del erario público, y de la moralidad administrativa, con mayores requisitos y controles para  quienes aspiren a obtener el favor popular.

Hay que decir que, además de  los vicios que se apoderaron de las campañas, las mismas no se desarrollan sobre ideas, las necesidades colectivas, y dedican todo su esfuerzo a impulsar  aspiraciones de grupos o personas  que no responden a  los requerimientos éticos para llevar una representación, como se ve en el hecho que  se trabaja sobre alianzas de última hora,  disímiles en su contenido programático, de modo que los adversarios de ayer resultan los aliados de hoy, y no porque hayan superado las diferencias ideológicas que nunca hubo, sino porque han llegado a acuerdos sobre la distribución de las posiciones  burocráticas  y de la contratación oficial.

Urge entonces un debate serio, desapasionado sobre el tema, que toca  con las democracias locales y regionales, ya que se están viendo amenazadas por  el cáncer de la corrupción, y lo que con tanto esfuerzo se  ha logrado en las últimas décadas, pueda ser  utilizado  en favor de fuerzas extrañas  más interesas en beneficios  personales o de camarillas, que el de la sociedad sana de esas regiones.

Bogotá, Octubre 27 2015.