21 de mayo de 2022
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LAS BUENAS INTENCIONES DE «COLOMBIA SIEMBRA»

17 de octubre de 2015

Sin duda alguna, nuestro país tiene vocación agrícola aunque no de las dimensiones y características que muchos pregonan, alegando factores como la bondad “divina” de climas y la topografía, que a decir verdad no es tan clara en términos netos. Con esas supuestas ventajas comparativas naturales, gobiernos y autoridades se han quedado enclavados en la historia, cuando la realidad es que el mundo agrícola de hoy se mueve con variables determinantes enla productividad, la tecnología, la investigacióny el desarrollo de técnicas en asuntos como la logística, la información de precios y el mercadeo. Con ese panorama, hay que reconocer que el agro no tiene una visión moderna que le permita competir en el mundo.

Lo anterior no quiere decir que no hay nada que hacer, todo lo contrario, no debe haber dudas en la importancia estratégica en la política de Estado para garantizar el bienestar social y aclimatar un futuro de tranquilidad, perturbado en buena parte por el abandono a que ha sido sometido el campo, lo cual ha abierto paso a opciones de supervivencia ligadas a la ilegalidad y a la violencia. En ese orden de ideas, hay que destacar la iniciativa de ‘Colombia siembra’, a través de la cual se busca sustituir alimentos importados con un incremento del área sembrada en más de un millón de hectáreas, en un período de tres años, entre 2016 y 2018. Según el planteamiento oficial, el crecimiento del sector se pondría por encima de 4% anual. Los principales cultivos a sustituir serían maíz, soya y cereales que hoy dependen de las importaciones.

Hasta ahí, nadie puede estar en desacuerdo con la loable iniciativa. Sin embargo, el asunto trasciende la buena voluntad cuando entra en el manejo de los instrumentos de política para alcanzar la meta, el primero de los cuales tiene que ver con la protección que se debe dar al campo, más allá del establecimiento de barreras arancelarias exageradas que encarecen los precios y terminan siendo pagadas por los consumidores, en particular los más pobres y vulnerables. La protección al agro debe darse por la vía de ayudar a que los productores compitan y sean eficientes a través de reducción de costos y no por la vía de mayores precios finales. Es ahí donde se ha cometido el pecado en el país, para lo cual algunos sectores con gran capacidad parahacer lobby han terminado beneficiados y acumulando una plusvalía. La discusión por estos días lo ha demostrado en el caso de productos como azúcar y arroz, en los que el consumidor paga un sobreprecio con el argumento de que se debe proteger a los productores como filosofía de la política. Estoes prejudicial incluso para las finanzas públicas que terminan otorgando favores fiscales costosos en una forma indiscriminada.

El asunto hay que evaluarlo con mucha responsabilidad y evitar extremismos comoel de quienes plantean que el programa debe poner freno inmediato a la apertura arancelaria y subir los gravámenes a las importaciones.

LA REPÚBLICA/EDITORIAL