25 de mayo de 2022
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La mordaza contra Carmen Aristegui

3 de octubre de 2015

La mordaza a la prensa crítica se apoya en cualquier justificación cuando resulta incómoda.

En el marco del Festival Gabriel García Márquez, la periodista mexicana Carmen Aristegui anunció que, con el respaldo de algunos de los miembros del consejo rector de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, interpondrá una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado de México por denegación de justicia. El motivo es que agotó —en vano— todas las vías judiciales de ese país para reparar el daño causado por su despido de la emisora MVS Radio. Aunque los jueces de ese país han adoptado la posición de la emisora y no han encontrado razones para hablar de censura, los hechos y las coincidencias indican que en efecto se trata de un intento de amordazar a la prensa crítica. Veamos.

Según MVS, todo se debe a un supuesto abuso de confianza. El 10 de marzo de este año se anunció el lanzamiento de Méxicoleaks, un sitio —apoyado por una alianza de medios y periodistas— para el envío seguro y anónimo de filtraciones para denunciar la corrupción. Aristegui y su equipo de investigadores utilizaron su visibilidad y su espacio radial —MVS Noticias Primera Edición, que tenía la mayor audiencia en el D.F., Guadalajara y Monterrey— para anunciar su vinculación, como parte de MVS, al proyecto. Eso incomodó a la empresa, que dijo no haber sido consultada y, por ende, procedió al despido del coordinador de investigaciones Daniel Lizárraga y del reportero Irving Huerta, ambos parte del equipo de Aristegui. La periodista protestó y pidió que se les devolviera el trabajo o ella se iría. MVS tomó esto como un comportamiento inaceptable y la sacó del aire.

El tema, por supuesto, se complica. Lizárraga era quien había coordinado la investigación que el equipo de Aristegui realizó sobre la “Casa Blanca” del presidente Enrique Peña Nieto. Fruto de esa investigación, que se ganó el Premio Nacional de Periodismo en México y, esta semana, el Premio Gabriel García Márquez, el pueblo mexicano supo que la esposa del presidente, Angélica Rivera, había comprado una propiedad de 1.414 metros cuadrados valorada en US$7 millones a una firma perteneciente a un consorcio beneficiado con multimillonarios contratos del Estado federal.

El escándalo fue tal que Peña Nieto, sin mayores explicaciones, tuvo que echar para atrás la licitación otorgada al consorcio en cuestión para la construcción del primer tren de alta velocidad en América Latina que uniría a la Ciudad de México con Querétaro. La obra costaría más de US$3.700 millones. Todo esto ocurrió, además, en el contexto de la tragedia de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.

Aristegui y su equipo, entonces, incomodaron al Gobierno. Algo que, por cierto, ya había sucedido en febrero de 2011, cuando fueron despedidos por MVS después de haber dado cobertura en su espacio a un presunto problema de alcoholismo del entonces presidente Felipe Calderón. En aquella ocasión recuperaron el espacio por la presión de la audiencia, pero no es difícil creer que detrás de todo hay presiones indebidas de el Estado.

El día del despido de Aristegui, el defensor de la audiencia de MVS, Gabriel Sosa Plata, tuiteó que “las condiciones impuestas a la periodista [el despido de sus colaboradores] eran simplemente inaceptables por dignidad profesional y por cambio unilateral a su contrato”.

No sólo eso, agregamos desde este espacio, sino que demuestra cómo la mordaza a la prensa crítica se apoya en cualquier justificación cuando resulta incómoda. Ojalá la CIDH traiga justicia para Aristegui y su equipo.

EL ESPECTADOR/EDITORIAL