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Orden al caos electoral

8 de septiembre de 2015
Por José Ferney Paz Quintero
Por José Ferney Paz Quintero
8 de septiembre de 2015

JOSE FERNEY PAZ QUINTERO

ABOGADO CONSULTOR

Ferney paz foto del 14 de abril de 015Dos temas centran la atención en el país abocado a un instante crucial de su destino, el conflicto con Venezuela y el desarrollo del debate electoral para renovar los gobernantes de los entes territoriales e integración de las Asambleas, Concejos municipales, el próximo 25 de octubre.

Respecto a las ilegales, abusivas e inhumanas  deportaciones realizadas por un régimen que raya  en el despotismo y el totalitarismo, conviene en aras de la realidad se analice con objetividad y preguntarnos si los gobiernos de ambas naciones le han dado la importancia a las políticas de fronteras, regiones abandonadas  a su suerte, generadoras de  múltiples  problemas sociales,  en donde proliferan conductas al margen de la ley, el rebusque, áreas propensas  a la proclividad,  al narcotráfico, al contrabando,  paramilitarismo, corrupción , sin control alguno  por parte de las  autoridades competentes, que debería ameritar un manejo  diplomático coherente  al más alto nivel que pareciera no se está dando en esta coyuntura, reflejado en el traspiés  internacional con lo sucedido en la OEA en días anteriores, con actuaciones poco calculadas por parte del gobierno Colombiano que garantizara un positivo resultado, en donde ni siquiera se nos dio la oportunidad de ser escuchados .

Pero si lo anterior reviste la mayor importancia, no menos cierto lo es, lo concerniente al proceso electoral que se adelanta, que marcará el futuro político administrativo  de los próximos años, al estar en juego la suerte de nuestros departamentos y municipios, con gobernantes eficientes, con vocación de servicio, como sería lo ideal, y no en poder  como se entrevé, de organizaciones políticas  qué solo buscan el beneficio de una cofradía  para esquilmar los presupuestos de esas regiones, sus regalías, la contratación  pública, sin importarles para nada las necesidades insatisfechas de las comunidades,  como  su  desarrollo social.

Informan los medios de comunicación que el Consejo Nacional Electoral se pronunciará sobre la legalidad de miles de inscripciones realizadas de manera irregular con vulneración de las normas que afectan la transparencia de los comicios venideros, sin contar con otras prácticas, métodos y costumbres clientelistas que resultan inadecuadas cuando se trata de hacer campañas políticas, buscando de cualquier modo resultados, aunque se tenga que acudir al fraude, a la intimidación, y compra de votos.

Nuestro sistema político consagra que al vencimiento de un período electoral, el pueblo puede escoger libremente sus gobiernos locales, que lo han de regir en el nuevo periodo, así como sus voceros en las corporaciones legislativas y administrativas, Congreso de la República, Asambleas Departamentales y Concejos municipales, haciéndolo a través del voto como un derecho y un deber ciudadano y como tal debe ser respetado, libre de coacción, restricción o constreñimiento que impida su libre ejercicio.

Fuera de estos vicios de la democracia, tampoco es conveniente que se direccione un debate electoral en el sentido de dividir al votante en buenos y malos, qué quien no esté con el Gobernante de turno se le considera una apátrida y atenta contra la estabilidad política de la nación y menos aún que los organismos rectores no ejerzan sus funciones de garantizar la pureza del voto, impidiendo aquellos  procedimientos de suplantación de jurados, alteración de actas de escrutinio, la manipulación del voto nulo o las tarjetas sin marcar, la destrucción de material electoral como métodos del pasado, con una adecuada implementación de la tecnología biométrica que consiste en escanear las huellas digitales del elector, de modo que estas coincidan junto con la cédula, con los datos que reposan en el censo electoral.

Lo dicho corresponde a lo que puede suceder el día de las elecciones sin considerar las prácticas ex – antes, previas al día electoral, tales como, la trashumancia, el voto prepago, con un anticipo por la inscripción de la cédula, la utilización de los recursos públicos a través  de funcionarios inescrupulosos en dónde juegan papel importante las oficinas de acción social, la mayoría de ellos en manos de políticos regionales.

La garantía que debe darse en una democracia participativa es que la  administración pública sea neutral, no significando con ello, que a los funcionarios públicos les esté prohibido tener unos principios políticos, un criterio, una adhesión a un partido o movimiento, dar su opinión en el debate electoral con su voto y seguramente faltarían a su deber ciudadano si dejaran de hacerlo.

Ahora bien, si se pide imparcialidad y riguroso cumplimiento de las facultades investigativas y sancionatorias del Consejo Nacional Electoral, también es deber de la clase política tomar conciencia de sus propias responsabilidades, ejerciendo un proselitismo serio, con altura y dignidad, sin aspavientos, dejando de lado las  demostraciones de poder económico, como si el dinero fuera el fundamento de las campañas,  sin explicar  el origen de los mismos, y aquellos  de dudosa ortografía deberían ser objeto de las averiguaciones fiscales, tributarias y hasta de carácter penal, si en verdad se persigue depurar la actividad política tan cuestionada a lo largo y ancho de la geografía colombiana, de la que no escapa el Departamento de Caldas.

El temor es generalizado, respecto a lo que pueda suceder el 25 de Octubre en dónde la poca democracia que nos queda, pueda pasar a manos de organizaciones o empresas electorales que solo pretenden el beneficio de unos pocos, asaltadores del erario público, sin importarles las necesidades de la población que dicen representar, o lo que sería peor el surgimiento de camarillas dando origen a gobiernos de miedo, que nos hace recordar épocas aciagas   que pensábamos superadas.

Le corresponde  a la sociedad  seleccionar con idoneidad a sus voceros, que trasmitan credibilidad y confianza pública, aplicando la sanción social si fuere necesaria, frente  a aquellos que defraudaron  la representación  popular y nuevamente pretenden regresar al escenario público, como si estuvieran detrás de algo, no obtenido cuando ejercieron  el poder pretendiendo aprovechar  el momento electoral y la flaca memoria ciudadana para concretar esos  propósitos. Ojo avizor para estos embaucadores electorales.

Adenda: Seguimos sosteniendo que las cargas tributarias  acrecentadas  por las últimas reformas  impulsadas por el ministro rentista Cárdenas, quien  sigue guardando un mutismo respecto al caso Dragacol  e Interbolsa, son casi que confiscatorias, en donde el resultado final para equilibrar el presupuesto nacional, los impuestos se  recargan en aquellos que gravan el consumo y el trabajo, afectando a grupos sociales que no tienen representación en el Congreso a quién se le favorece con los nefastos cupos indicativos, tan necesarios para esta época electoral, lo que equivale que la representación política termina siendo factor crucial en la definición de la tributación en Colombia.

Lo anterior para significar la noticia sobre la renuncia a la nacionalidad colombiana por un centenar de industriales extranjeros por la imposibilidad de atender la tributación que tiene que ver con los impuestos de renta y de riqueza,  afectando el funcionamiento de sus empresas creadas para generar fuentes de trabajo en  nuestro territorio.

La maraña de impuestos  que debe cancelar el contribuyente, relacionados en columnas anteriores, demuestra que tenemos un sistema impositivo asfixiante,  que hace imposible  alcanzar la paz social de la que tanto se habla, máxime cuando  se conoce la noticia casi que indignante, sobre el aumento salarial para los congresistas en un porcentaje superior al 4.6 %, con retroactividad al  1 de Enero del presente año, para un salario mensual de $ 25.800.000  aumento que coincide con el trámite del proyecto de presupuesto nacional presentado a la consideración de las Cámaras en días pasados y a pesar de estos beneficios y de otros que los hacen seres privilegiados,  el ausentismo es la regla general en estas secciones ordinarias.

En aras de  la equidad social y crítica situación fiscal del país,  estos salarios  exorbitantes deberían ser objeto de una congelación mínimo por  lo que resta de este mandato evitando se  amplié la brecha salarial   en la estructura estatal.

Ya veremos  para nuestra sorpresa, el porcentaje que el gobierno  ofrecerá para la discusión del salario mínimo de la clase trabajadora para ser comparado con el porcentaje  decretado para los congresistas.   .

En verdad son muchas las reformas estructurales que pide a grito el país, entre ellas la Rama judicial, la Legislativa, siendo  el camino  a seguir, para unos  una Asamblea nacional constitucional, para otros en donde me incluyo, una Asamblea nacional constituyente, la primera con facultades de reforma limitada a la Constitución , la segunda  con  poderes plenos.

Pruebas al canto: La tan cacareada reforma de equilibrio de poderes, de la que tanto se  ufana  el Gobierno  y sus aliados en el Congreso, demandada ante la Corte Constitucional en lo que atañe a la parte de justicia, es la hora en que no ha entrado  a operar y el confuso diseño allí consagrado para  reemplazar a la Sala Administrativa, seguramente será más adverso  para lo que se pretendía corregir.

Todo como consecuencia de la improvisación, desconocimiento del tema judicial por parte de los ponentes y protagonismo mediático de las instancias gubernamentales para recuperar opinión ciudadana.

 

Bogotá, Septiembre  8  2015.