18 de agosto de 2022
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Alias “Timochenko” acusa a Santos de incumplir desescalamiento del conflicto

13 de agosto de 2015
13 de agosto de 2015

BOGOTA, 13 de Agosto de 2015 (RAM) El máximo cabecilla de las Farc, Timoleón Jiménez, alias “Timochenko” acusó al presidente Juan Manuel Santos de incumplir las promesas de desescalar el conflicto, pues afirmó que no se ha cumplido la anunciada orden de suspender los bombardeos y además han seguido las “provocaciones” por tierra contra sus reductos guerrilleros en distintas regiones en el país.

Igualmente, alias “Timochenko” volvió a cuestionar el “optimismo” del presidente Juan Manuel Santos frente a las negociaciones de paz de La Habana y descartó tácitamente que para “navidad” estén definidos los dos puntos más gruesos de la negociación, como son justicia y fin del conflicto, al insistir, además, en las llamadas salvedades que están pendientes de discusión.

“Es fácil observar que pese a tanto optimismo, el Estado colombiano continúa preparándose y apertrechándose para la guerra”, precisa el cabecilla de las Farc en un escrito publicado en la web del grupo guerrillero que titula “Serias perturbaciones se ciernen sobre la paz”.

No obstante, al reseñar los resultados del ciclo 39 de negociaciones, alias Timochenko señala que se puede observaar “con franco optimismo, que la Mesa de Conversaciones de La Habana está cumpliendo de modo más que satisfactorio, con el propósito que se persiguió cuando las dos partes convinieron instalarla. Que se hubiera podido avanzar aún más, según el criterio fácil de la impaciencia, no resta la menor importancia a lo efectivamente logrado, precisa.

Luego afirma que “sin que se trate de lugares comunes, podemos afirmar que el proceso de paz marcha satisfactoriamente, y que se hallan abiertas importantes perspectivas para la materialización efectiva del fin del largo conflicto armado. Lo cual no quiere decir que nos hallemos en un liso tobogán por el cual descender a toda prisa hasta un Acuerdo Final. Conseguirlo requerirá de una convergente movilización nacional por la más amplia democracia y la justicia social”.

Al efecto destaca que “existen evidentemente un conjunto de perturbaciones que sólo un protagonismo real de las grandes mayorías populares logrará disipar” y cita en primer lugar “el asunto de las salvedades pendientes, temas en los que no fue posible llegar a un acuerdo con los delegados gubernamentales. Y que tendrán que retomarse y dirimirse en algún momento. El Gobierno Nacional habla y actúa como si no existieran, lo cual resulta preocupante”.

Y agrega: Mayor preocupación aun despierta el hecho de que lo pactado en la Mesa no exista de ningún modo para la administración de Juan Manuel Santos, quien al parecer se tomó muy en serio su fórmula de que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Distintas reformas constitucionales y legales promovidas en el Congreso obran decididamente en contra de los acuerdos parciales, como si estos fueran tan solo formalidades para la galería.

Después relación al Plan Nacional de Desarrollo, “la carta de navegación del segundo gobierno Santos” que subraya “resultó de bulto el propósito de tramitar por la vía más rápida un conjunto de reformas de corte neoliberal en materia de tierras, minería, salud, educación y privatizaciones, entre otras, para beneficio del capital transnacional y los sectores minero, financiero y terrateniente”.

“El conocido criterio según el cual no se hallan en discusión en la Mesa ni el modelo económico ni las instituciones, pone de presente la negación radical del Establecimiento para considerar la solución a las causas objetivas que generaron y prolongan el levantamiento armado. Con igual indiferencia se insiste ahora en el tema de las ZIDRES y las fumigaciones”, indica.

Advierte que “el Presidente espera que para navidad estén definidos los dos puntos más gruesos, justicia y fin del conflicto, y así siembra la idea de lo cerca que está un Acuerdo Final. No me compete contradecirlo, ojalá fuese así. Pero es fácil observar que pese a tanto optimismo, el Estado colombiano continúa preparándose y apertrechándose para la guerra. Se propone incrementar el presupuesto militar mientras contrae en forma alarmante los recursos para el campo”.

También indica que “la legislación sobre el fuero militar al igual que el proyecto de código de policía, que apuntan a la institucionalización de la política de represión e impunidad, entre otras materias en cuestión de expresiones populares de inconformidad y protesta, no solamente blindan contra cualquier acuerdo en la Mesa sobre el tema de justicia, sino que contrarían lo acordado con relación a la participación popular. Es fácil leer en todo esto que la intención oficial no es la paz”.

Sin embargo, puntualiza que “lo que más siembra hoy intranquilidad respecto al buen arribo a un acuerdo final, es la declarada posición gubernamental de borrar de un plumazo el carácter político de nuestra organización, así como la responsabilidad del Estado colombiano y las clases en el poder en materia de crímenes y terrorismo estatal. Hay en curso una planificada estrategia ideológica, política y mediática encaminada a presentar a las Farc como una organización criminal”.

Añade que “de acuerdo con esta, la violencia y masiva victimización acaecidas en el último medio siglo de historia nacional cabe imputarlas exclusivamente a nosotros, calificados jurídicamente por la Fiscalía como empresa dedicada a cometer crímenes de guerra y lesa humanidad, en tanto se sostiene con el mayor cinismo el carácter civilista y democrático del podrido régimen político colombiano. La omnipotencia de los grandes medios se encarga de apuntalar la calculada infamia”.

Finalmente hace las siguientes precisiones:

“Lo que se inició como un proceso de paz en el que dos adversarios largamente enfrentados se empeñarían en hallar una salida política al histórico conflicto armado, ha devenido así por obra de la perversa determinación de los intereses en el poder, en un procedimiento penal expedito para juzgar y condenar la más que justa rebeldía popular de décadas. Esta posee desde luego su propia verdad, pero el Establecimiento en pleno asumió el claro propósito de desaparecerla.

Además, después de la suspensión ordenada por el Presidente Santos, nos han bombardeado el 27 de julio en la vereda Huitoto, bocana del Caño Puntilla, municipio de Puerto Guzmán, Putumayo, y el día 4 de agosto en la vereda Dios Peña del municipio de San Miguel, también en el Putumayo, para no hablar de una serie de provocaciones por tierra contra nuestras unidades en distintas regiones del país. A diferencia nuestra el gobierno incumple una vez más su palabra. ¿Qué busca?”