Casa por cárcel a los 4 funcionarios de Dosquebradas evueltos en escándalo
DOSQUEBRADAS, 8 de julio de 2015. El Juzgado Quinto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías ordenó cobijar con medida de aseguramiento con detención domiciliaria a tres altos miembros del gobierno de Dosquebradas y un perito contable e integrante del grupo anticorrupción del CTI de Pereira envueltos en un escándalo de corrupción.
Se trata de cuatro funcionarios públicos adscritos a la Gobernación de Risaralda, la Alcaldía de Dosquebradas (Risaralda) y el CTI de la Fiscalía que fueron cobijados con medida de aseguramiento por un presunto caso de corrupción en el que habrían otorgado un contrato de más de mil trescientos millones de pesos para hacer cubiertas de techo para varios escenarios deportivos de ese municipio a un postulante que no cumplía con los requisitos de ley.
Los implicados son Héctor Mauricio Angee Villanueva, actual secretario de Deporte, Cultura y Recreación de Risaralda, Jorge Andrés Correa Valencia, asesor Jurídico de la Alcaldía de Dosquebradas, Óscar Andrés Herrera Orrego, secretario de Obras Públicas de Dosquebradas y Julián Alberto Rodríguez Galvis, perito contable e integrante del grupo anticorrupción del CTI de Pereira.
Durante las audiencias concentradas de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento, la Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal Superior de Pereira les imputó a los funcionarios de la administración departamental y la local de Dosquebradas los delitos de prevaricato por acción, interés ilícito en la celebración de contratos, falsedad material en documento público e incumplimiento de requisitos para la celebración de contratos, por su parte al funcionario judicial le fue imputado el delito de cohecho.
Pese a que ninguno de los procesados no aceptó los delitos endilgados por la Fiscalía el Juzgado Quinto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías ordenó cobijarlos con medida de aseguramiento con detención domiciliaria.
La investigación adelantada por el ente acusador trata de probar la presunta responsabilidad de los funcionarios públicos en el otorgamiento de una licitación a un postulado que no cumplía con los requisitos legales exigidos con el cual previamente habrían acordado el pago del 15% del contrato para favorecerlo.
Para lograr su cometido los implicados habrían falsificado el acta de entrega de la licitación y un documento que acreditaba la solvencia económica de la contratista favorecida, lo que les permitió legitimar el otorgamiento del contrato, por lo cual les habrían pagado la suma de 200 millones de pesos.
Al conocer que eran investigados por la Fiscalía los funcionarios buscaron la presunta colaboración de un servidor de la Fiscalía al que le habrían pagado una suma de dinero para que los mantuviera al tanto de las actuaciones procesales en su contra.
