4 de marzo de 2021
Directores
Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

AFANES PELIGROSOS

12 de julio de 2015

A la Policía Nacional y al presidente Juan Manuel Santos los traicionó el afán. Queriendo tranquilizar a la población después de una serie de explosiones que sacudieron la capital, anunciaron con rimbombancia la noticia sobre la captura de 15 personas, miembros presuntos de las milicias urbanas del Eln y, en palabras del primer mandatario, “responsables de [los] petardos en Bogotá”.

En esa misma tónica, el comandante de la Policía de Bogotá, general Humberto Guatibonza, permitió que los medios lo acompañaran en el helicóptero desde el cual dirigió la operación de captura. La intención era clara: demostrar que la fuerza del Estado es incontrovertible y que nuestra Policía no va a descansar hasta dar con los terroristas responsables. Ese mensaje es necesario y, valga decirlo, justo con nuestra Fuerza Pública que cada vez más demuestra su mejoría técnica y capacidad de respuesta.

Sin embargo, la certeza oficial se ha vuelto difusa con el pasar de los días. A las pocas horas de las capturas, el Congreso de los Pueblos, organización política que reúne varios movimientos sociales, publicó un comunicado diciendo que “las detenciones realizadas están encaminadas a perseguir y criminalizar la protesta social y la libertad de expresión en Colombia”. Grave acusación. Y en las redes sociales se hicieron protestas acusando al Gobierno de crear “falsos positivos judiciales”. Más grave aún. Estas posiciones se sustentan en que entre los capturados se encuentran reconocidos dirigentes de varias organizaciones defensoras de los derechos humanos. Quienes se oponen a las detenciones sienten que se está reviviendo la persecución histórica a los activistas de izquierda con el fin de encontrar chivos expiatorios que tranquilicen a los ciudadanos.

Uno de los casos que más se ha cuestionado es el de Paola Salgado, reconocida defensora de los derechos de las mujeres. La Red Nacional de Mujeres, la organización Mujeres por la Paz y Mónica Roa, directora de la ONG Women’s Link Worldwide, rechazaron la captura, pero, sobre todo, la manera en que las autoridades se han expresado sobre la responsabilidad de los detenidos. Todo lo empeora la divergencia en las versiones de la Policía y la Fiscalía. Para la primera, es claro que los detenidos son los responsables de las explosiones más recientes, e incluso le dijeron a este diario que encontraron material de guerra en algunas de sus residencias. No obstante, el ente acusador ha sido más cauteloso, aunque ha reiterado que sí tiene claro que los detenidos han estado involucrados en “actos terroristas” cometidos entre el año pasado y el presente.

Cuesta creer que se haya realizado un operativo de esta magnitud sin tener evidencia sólida, pero es importante que tanto la Fiscalía como la Policía le demuestren al país que no estamos presenciando una persecución ilegal. Ni tampoco que se ha montado un espectáculo a destiempo para ligar viejas investigaciones de actividades ilegales con los atentados en Bogotá, cuando su conexión es dudosa.

No es con anuncios apresurados como la ciudadanía se tranquiliza. En Colombia, como lo muestra nuestra historia, las acusaciones de este tipo son leña para el fuego del odio que muchas veces termina en tragedia. En especial cuando la población estigmatizada forma parte de minorías políticas. Ahora lo que se requiere es garantizar que los detenidos tengan un juicio justo y, ante todo, transparente. Así es como podrá tranquilizarse el país.

Que el afán que producen el miedo y las ganas de ofrecer respuestas no vuelvan imprudentes a nuestras instituciones. Es lo mínimo para un país que se sueña en paz.

EL ESPECTADOR/EDITORIAL