28 de febrero de 2021
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Solo importan los votos

30 de junio de 2015
Por José Ferney Paz Quintero
Por José Ferney Paz Quintero
30 de junio de 2015

JOSE FERNEY PAZ QUINTERO

ABOGADO CONSULTOR

Ferney paz foto del 14 de abril de 015La coherencia en el ejercicio de la política partidista en nuestro medio se ha constituido en tema exótico, poco importan las ideas, los principios programáticos, la moral y la ética en las actuaciones, lo que piense la gente, aunque se escuden en que todo lo que hacen es en beneficio del interés colectivo, sólo interesan los votos aunque se tengan que unir con los adversarios y enemigos políticos de ayer.

La campaña electoral para las elecciones de octubre está impregnada de dudas, la trashumancia o trasteo de votos, denunciado por el mismo Consejo Nacional Electoral, cuestionamientos por el otorgamiento de avales a personajes de dudoso pasado, alianzas de todo orden, muchas de ellas montadas sin escrúpulos alguno y lo más sorprendente, aspirantes con antecedentes judiciales, con fallos ejecutoriados, pero para ellos, así como para los partidos al que pertenecen, pareciera no tener valor alguno, desconociendo claras prohibiciones legales consagradas en las leyes 617 de 2000 y 1475 de 2011.

Lo anterior se ha evidenciado en la ineficacia de los partidos, como guías ideológicos y voceros de verdaderas propuestas alternativas, las que se han compensado con la odiosa capacidad de distribuir prebendas, cargos públicos, la injerencia indebida en la contratación estatal, hoy direccionada a través de los llamados cupos indicativos.

Los aspectos relacionados han arrojado una gran despolitización de la sociedad decente del país que se ha venido expresando en la abstención electoral, en donde duele decirlo un 25% del censo electoral vota por los partidos tradicionales, surgiendo el interrogante si se puede considerar que la configuración del poder así emanado puede seguir siendo estimado como democrático?

La respuesta que se daría sería que sigue siendo democrático solo en el entendido que todos los ciudadanos han tenido las libertades y garantías para ejercer el derecho al voto para conformar el poder político, más no desde la práctica política surgiendo la pregunta sobre el grado de legitimidad que se deriva cuando solo una parte del estamento social expresa su voluntad en las urnas.

Lo anterior se sustenta en los resultados de las elecciones de marzo de 2014, en donde de un potencial electoral de 32.800.000 ciudadanos habilitados para sufragar, solo 14.300.000 ejercieron el voto, de los cuales 11.600.000 fueron válidos, el 5.21% en blanco, no marcados 5.88% y nulos 10.38%.

Se creyó que con la elección popular de alcaldes y gobernadores, se crearía una situación realmente nueva para el desarrollo de los partidos políticos como canalizadores de las necesidades de la población, pero no ha sido así, generándose un desorden administrativo en donde un gran porcentaje de esos mandatarios se han visto involucrados en procesos penales, fiscales, disciplinarios, unos por desconocimiento de la hacienda pública, otros por actos de corrupción en connivencia con los jefes políticos de la localidad o la región.

Un país en donde los partidos políticos que debieran ser soportes de la democracia, solo se han dedicado, con algunas excepciones a la repartición o feria de avales, a respaldar a negociantes de la política, trásfugas de profesión, áulicos de los gobernantes de turno, no puede aspirar a un mejor futuro, con el agravante gravísimo de no contar con sólidos movimientos de oposición, capaces de oponer claramente unas tesis a otras, de defenderlas ante la opinión y evitar esos acuerdos englobantes, costumbre propia del espíritu frente nacionalista que rigió en el pasado, hoy revivido con la denominación de la unidad nacional, que al decir de autorizadas voces empieza a debilitarse.

Todavía se está a tiempo para que los dirigentes de los partidos y movimientos reflexionen y entiendan que hay que deponer tantas ambiciones sin horizonte y de grupo, actuar con sentido de patria, aprovechando el certamen electoral que se aproxima para darle a los entes territoriales tanto municipales como departamentales, gobernantes de altura cívica, social, política y académica, recuperando el concepto de moral y trasparencia administrativa.

No se puede desconocer que en las regiones existen ciudadanos con gran vocación de servicio público que dignificarían el ejercicio político hoy caído en el descrédito y por otra, por la forma misma de la participación electoral a cambio de ventajas inmediatas y no pocas veces con la presencia del dinero, que no es más que corrupción

El régimen democrático requiere de altos niveles de participación electoral para dotar de legitimidad a los gobiernos, o por lo menos para que tengan cierta aceptación frente a la comunidad.

ADENDA: Los efectos de una reforma: La razón de ser de la justicia es dirimir, resolver conflictos, no crearlos. De allí que se sostenga que la pertinencia de una propuesta de reforma judicial no debe crear más inconvenientes que soluciones, y es lo que se espera con la cacareada reforma de equilibrio de poderes aprobada recientemente por el Congreso de la República en sus ocho debates constitucionales y que hasta el día de hoy no se conoce su promulgación para que entre a operar en cuanto a lo relacionado con las modificaciones a la estructura judicial, consignadas en extensos artículos que van en contravía con la técnica jurídica de ser claros, precisos, cortos en su redacción, para evitar las dudas e imprecisiones conceptuales, dando lugar a las interpretaciones subjetivas.

Que sirva esta experiencia legislativa para que la reforma judicial futura, esa si estructural, que seguramente será a través de una constituyente, esté dirigida a favorecer al ciudadano de a pié, el fácil acceso a la justicia, buscando reducir la congestión, el atraso, mejorar los procedimientos judiciales, sumarios, expeditos, los tiempos procesales, metas de productividad, no vaya afectar la seguridad jurídica y la estabilidad institucional, de tal manera que con su aplicación no se generen problemas mayores de aquellos que pretender evitar.

No se debe perder de vista que nuestra constitución del 91 está diseñada para un adecuado entendimiento que permite diferenciar la parte dogmática y garantista de la intervencionista, propia que caracteriza el modelo de lo social de derecho, cuyas modificaciones deben ser estructuradas con ponderación y no al vaivén del interés mediático del gobierno de turno.

ADENDA DOS: A LA ESPERA DE UN PRONUNCIAMIENTO: Cándido sería desconocer el mal momento por el que atraviesa la insigne Manizales, sobre todo en su infraestructura vial y aeronáutica, ciudad que en momentos difíciles se ha levantado enhiesta forjando con altivez su desarrollo demostrado hasta la década de los 80, con dirigentes probos, cívicos, de connotación nacional, libres de codicia, dejando huella de su actuar, con sentido de pertenencia en la búsqueda del bienestar colectivo

Resulta conveniente recordarles a los dirigentes, clase política, habitantes, que las ciudades se deterioran perdiendo su importancia en el concierto nacional, cuando el concepto de solidaridad y de visión futura desmerece y la participación ciudadana se debilita, como consecuencia de los trregulares manejos administrativos y la pérdida de confianza en su clase regente.

Bien podría decirse, que no todo está perdido y disuelto para esta capital hincada sobre el lomo de la cordillera andina, que ha luchado de manera valiente contra la naturaleza, asistiendo todos los días, como lo expresara Silvio Villegas, al milagro de su nacimiento, que no podrá equivocarse en la escogencia de su gobernante en la elección de octubre próximo. Es el reto a cumplir.

Y a propósito del tema, seguimos esperando la rendición de cuentas de quienes tienen la responsabilidad y obligación de hacerla en el denominando megaproyecto de Aeropalestina, bautizado como Regional del Eje Cafetero por los técnicos de Planeación Nacional, petición formulada por el colega Augusto León Restrepo, en su condición de ciudadano y columnista de opinión, solicitud a la que nos hemos sumado por considerarla que responde a los principios de la prevalencia de la soberanía del pueblo frente a sus gobernantes, rendición que debe tener la característica de cabildo abierto, figura jurídica reglamentada por la ley 134 de 1994 articulo 9, que alude a las normas sobre participación ciudadana.

Bogotá, junio 30 de 2015