22 de mayo de 2022
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Se necesita un Pacto para la Paz que garantice que lo que se firme se cumpla: Procurador

24 de junio de 2015
24 de junio de 2015

BOGOTA, 24 de Junio de 2015 (RAM) El jefe del Ministerio Público respondió hoy a la comunicación enviada el pasado 10 de junio por el vocero de ese grupo insurgente, alias “Iván Márquez”.

En su misiva, hizo un llamado a las FARC para que entiendan la necesidad de promover un ‘Pacto para la Paz’ que garantice que los posibles acuerdos de la mesa de negociaciones se cumplan y respaldó el debate público sobre justicia para la paz propuesto el pasado mes de febrero por esa organización.

“Deben tener claro que es irrelevante el mecanismo que se emplee para refrendar los acuerdos si estos no respetan esos estándares. Si eso sucede, ni un referendo, ni una Asamblea Nacional Constituyente, ni facultades extraordinarias concedidas al presidente, ni nada es suficiente garantía. Quienes les dicen lo contrario les meten los dedos en la boca. ¡Cuidado! El Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional no desaparecen porque así lo deseen los plenipotenciarios del Gobierno y de las FARC”, manifestó este martes el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, al jefe negociador de la guerrilla de las FARC en La Habana (Cuba), alias “Iván Márquez”.

En su misiva, el jefe del Ministerio Público también llamó al Gobierno y a las FARC para que entiendan la necesidad de promover un ‘Pacto para la Paz’ que garantice que los posibles acuerdos de la mesa de negociaciones se cumplan, respaldó el debate público sobre justicia para la paz propuesto por esta organización criminal el pasado mes de febrero y resaltó que alias “Iván Márquez” informe a la sociedad colombiana y al procurador general, su representante, sobre temas de interés nacional que se plantean en desarrollo de los diálogos.

“Resalto que usted me informe asuntos relevantes sobre lo que está pasando en el proceso, al igual que deje claro los presupuestos y alcances de la negociación que se adelanta; respuestas que el presidente Juan Manuel Santos no da (…) Para avanzar a ese gran acuerdo político y de Estado, la Procuraduría considera que es necesario realizar el debate por ustedes propuesto en el pasado mes de febrero sobre justicia para la paz. Creemos que la discusión pública, con su participación directa, sería muy útil para encontrar fórmulas que respondan mínimos internacionales de justicia que sean aceptables para las FARC y para la sociedad. A ese propósito estamos dispuestos a contribuir. Este intercambio de cartas es una oportunidad para iniciar un constructivo y público diálogo epistolar sobre los temas más álgidos para alcanzar la paz”, puntualizó.

En respuesta a la comunicación enviada por el vocero de la organización insurgente el pasado 10 de junio, el procurador insistió en la necesidad de que las FARC demuestren voluntad de pacificación en desarrollo del proceso, reconozcan su condición de victimarias y dejen a un lado retóricas en las que no cree la sociedad colombiana para justificar actos de barbarie en contra de la población civil, de la infraestructura del país y de nuestras Fuerzas Militares.

“¿En realidad ustedes piensan que el país y el mundo creen que las atrocidades que perpetran las FARC están motivadas por el altruismo y la solidaridad humana? Sus acciones violentas son incompatibles con la lucha por la ‘justicia social con igualdad’, el ‘bienestar para todos’ o la ‘calidad de vida al alcance del pueblo’ que ustedes pregonan. Los colombianos no creemos eso”, manifestó el procurador general al cabecilla guerrillero.

Frente a la aplicación de justicia real, es decir, penas privativas de la libertad efectivas para los máximos responsables de genocidios, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y actos atroces, el jefe del órgano de control recordó al vocero de las FARC que justamente ellos serán los beneficiados con el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales en la materia.

“Las penas efectivas y proporcionales a la gravedad de los crímenes por ustedes cometidos son una exigencia del derecho internacional y del ordenamiento interno. Esa medida a quienes más conviene, beneficia y otorga seguridad jurídica es a las FARC. Quiero subrayar que la pena de reclusión no debe ser vista como venganza, imposición, degradación, humillación o simple castigo. En el marco de un proceso de paz debe ser asumida y reconocida por la sociedad como una demostración de la genuina voluntad de reconciliación y de dignificación de las víctimas y del propio victimario”, señaló.

Igualmente insistió en la necesidad de que las FARC acepten haber cometido atrocidades en más de medio siglo de ilegalidad y no pretendan evadir responsabilidades señalando a otros actores del conflicto armado en Colombia.

“Ustedes pretenden que las víctimas son exclusivamente las producidas por agentes estatales, que actuaron como criminales violando la Constitución, o las dejadas por los criminales grupos de autodefensa. Pasan por alto que las atrocidades que describen: el asesinato, el desplazamiento, las masacres, las desapariciones, la tortura y desmembrar personas son también predicables de las FARC. ¿Por qué no reconocerlo? ¿Por qué solo hablan en tercera persona? ¿Por qué no repetir, una y tantas veces como sea necesario, el reconocimiento que hicieron frente a su responsabilidad en la masacre de Bojayá? Ese fue un paso positivo de su parte, ese es el camino. Si realmente quieren la paz, las FARC no pueden seguir jugando al negacionismo”.

Ante la denominada ‘Comisión de la Verdad’, el jefe del Ministerio Público resaltó que la prioridad de esta figura es “atender los derechos de las víctimas” y no “estigmatizar, perseguir y atacar a quienes tienen críticas o visiones diferentes sobre la búsqueda de la paz, tampoco a quienes demandan justicia o denuncian la impunidad”. Por ello pidió coherencia, lógica y respeto frente a las víctimas para su conformación.

“Quienes deben ocupar las sillas de la verdad como expresión de sincero arrepentimiento son los victimarios y quienes deben hacer escuchar su voz son las víctimas. ¿Qué imparcialidad tiene una Comisión que se proponga la verdad si en el procedimiento de su conformación los victimarios deciden? No hay independencia, no hay autonomía. Es el peligro de la ‘verdad negociada’”, concluyó.