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Inscripción por firmas …

16 de junio de 2015
Por José Ferney Paz Quintero
Por José Ferney Paz Quintero
16 de junio de 2015

JOSE FERNEY PAZ QUINTERO
Abogado consultor

Ferney paz foto del 14 de abril de 015El mecanismo de acudir al respaldo de firmas viene siendo utilizado por centenares de aspirantes para las elecciones de octubre próximo como alternativa ante la imposibilidad de obtener los avales por los partidos o movimientos políticos, bien porque al aplicar con rigor los estatutos presentan antecedentes penales, fiscales, disciplinarios, de trasfuguismo, o no tener el suficiente peso electoral que amerite la confianza de la organización política respectiva.

Este procedimiento para que un ciudadano se inscriba por firmas está consagrado en la Constitución y reglado por las leyes 130 de 1994 y 1475 del 2011 y viene siendo utilizado de manera creciente, dando lugar a que se prendan las alarmas, por cuanto por este camino más parecido a un atajo, pueden estar ingresando al debate político personajes de dudosa reputación, cuyos objetivos no son otros que los de buscar provecho personal, del poder de la burocracia y contractual, que ofrece la administración pública abusando del mandato que han recibido de los ingenuos electores.

Resulta paradójico que para este sistema la ley se haya quedado corta al presentar vacios en cuanto a la publicidad, al permitir que el candidato la pueda realizar en época diferente al calendario electoral, por cuanto para la recolección de firmas no se contempla sanciones por su realización, estableciéndose una competencia desleal al poder visitar los barrios con el acompañamiento de brigadas de jóvenes publicitando al candidato en fecha anterior a la del 25 de julio que es la establecida para el inicio de las campañas.

Quienes acuden a las firmas lo hacen porque se les permite manejar con cierta libertad la toma de decisiones en temas de financiamiento, aspectos ideológicos, eludir el régimen disciplinario de los partidos, pero con una circunstancia en nuestro concepto que lesiona la trasparencia del debate, al acudirse en la mayoría de los casos a la compra de las firmas, incubándose sin control alguno otra especie de corrupción electoral.

Lo planteado corresponde a los efectos negativos de este procedimiento en donde se pueden filtrar fariseos de la política, y su auge se debe al decir de algunos, a la pérdida de credibilidad de los partidos tradicionales y los recién creados movimientos políticos que surgieron con los mismos vicios de la política tradicional, notándose un paulatino debilitamiento en la capacidad de convocatoria, la desconfianza ante la opinión pública que debe generar una profunda reflexión al interior de los partidos, revisando sus plataformas ideológicas, abriendo espacios para nuevos liderazgos, contacto permanente y directo con las bases, depuración de la militancia comprometida con fallos judiciales, fiscales, y disciplinarios, defensa de los intereses y derechos de una población cada día más vulnerada por las políticas rentistas de los gobiernos de turno.

Es indudable, que ha surgido un fenómeno ciudadano, que si bien por ahora no lesionan las estructuras de los partidos, si se constituye en una clara y seria advertencia para estas colectividades, por cuanto la población en un alto porcentaje ha venido alejándose de los partidos por considerar que no los representa en debida forma, y así lo demuestran las últimas encuestas de opinión.

Ahora bien, aplicando un principio popular: lo que no está prohibido, es permitido, es lo que viene ocurriendo con esos candidatos que buscan las firmas para inscribir una aspiración electoral, al adelantar el inicio de campaña, mientras que los que se han sometido al ordenamiento legal de obtener los avales sólo lo podrán hacer a partir del 25 de julio, vacios legales que son aprovechados por aspirantes que habilidosamente aspiran a ingresar al juego electoral por fuera de las organizaciones tradicionales .

Resulta sorprendente el incremento de estas postulaciones, que al decir del registrador nacional se tendrán que revisar más de siete millones de firmas, tarea dispendiosa con cuestionamientos en el pasado por la discrecionalidad del ente oficial para determinar si las acepta o no.

Si bien el sistema de firmas es una legítima opción de inscripción de candidaturas, son urgentes unos ajustes a la ley que las permite, sobre todo en el uso de la publicidad y costos, para no llamarnos a engaño con nuevos dirigentes con oscuros propósitos.

ADENDA: El apreciado amigo y ex congresista Augusto León Restrepo en su columna del día 13 de hogaño lanza un somaten respecto al manoseado aeropuerto del café, para los genios de Planeación Nacional con una nueva denominación de aeropuerto regional cafetero, con horizonte temporal para su ejecución hasta de veinte años, inconclusa obra que se ha convertido para unos en un elefante blanco, para otros en un Hueco Negro en donde se han invertido millonarios recursos de todos los colombianos, exhortando a la dirigencia caldense a que se pellizquen frente a un megaproyecto que solo ha dejado frustración social.

Le asiste la razón al ilustre anserrmeño de reiterar este SOS, por cuanto ya es hora de las decisiones, de las definiciones, no más indolencia gubernamental y falsas promesas, unas con carácter electoral, otras con carameleo administrativo, y se le comunique a los caldenses si la obra tiene viabilidad técnica y presupuestal, así como los resultados de las investigaciones por los entes de control, dirimiendo responsabilidades fiscales, disciplinarias o penales, si las hubiere, por cuanto la sutileza popular alude a un detrimento patrimonial del Estado en favor de algunos indelicados funcionarios y contratistas, y es precisamente lo que se pide, se clarifique, se despejen esas dudas para bien de la trasparencia y moral administrativa.

De igual manera, formula una propuesta de carácter cívico referente a una comisión de la verdad desprovista   de autoridad juzgadora, idea que tiene su fundamento jurídico, en cuanto a que los gobernantes son depositarios de una soberanía que le ha entregado el pueblo y ante el cual también ha de rendirle cuentas. Que se abra el debate y mancomunadamente se trabaje en una sola dirección: El desarrollo vial y aeroportuario de Caldas.

Adenda dos: La Constitución del 91 y la ley 270 de 1996 “Estatutaria de la Administración de Justicia”, establecieron unos requisitos para ocupar el cargo de Director ejecutivo de administración judicial, entre ellos la de tener una maestría en ciencias económicas, financieras o administrativas, la cual desaparece en la reforma para ese cargo que se denominará gerencia judicial, que manejará el billonario presupuesto de la rama judicial.

La pregunta que surge, es la de ¿El por qué se le rebajan las condiciones académicas y de experiencia a tan importante posición que ejecutará los recursos presupuestales de la rama judicial? No deja de generar suspicacias la laxitud constitucional.

A propósito de la reforma a punto de aprobarse, se debe decir que la tan cacareada eliminación de la “ puerta giratoria”, para evitar que los magistrados salten de una Corte a otra, con una inhabilidad de un año, no deja de ser una falacia argumentativa que no se traducirá en la práctica. El trascurso del tiempo lo demostrará.

Bogotá, Junio 16 2015.