Las tres opciones para terminar el Túnel de La Línea

La República publica hoy la siguiente información en relación con este candente tema:

Bogotá. Una de las papas calientes que está sorteando el sector del transporte nacional, además del paro camionero, es la solución del futuro del Túnel de la Línea que hoy se define en una audiencia y que contempla tres opciones.

A un mes de que el Invías anunciara la caducidad del contrato de la Unión Temporal Segundo Centenario, que está en cabeza de Carlos Collins,  sobre la obra de 8,7 kilómetros entre Calarcá y Cajamarca, aparece la posibilidad de que el consorcio ceda el contrato a un tercero, se abra una licitación por $400.000 millones o que el contratista inyecte recursos y siga con la construcción.

Fuentes consultadas por LR aseguraron que esta última carta sería la ideal porque la firma de Collins en maquinaría, personal y otras variables ya cuenta con cerca de $120.000 millones, y lo que tendría que poner de más oscilaría entre $150.000 millones y $200.000 millones, con lo que se ahorra dinero y tiempo de una licitación.

En Inside LR la ministra de Transporte, Natalia Abello, resaltó cuál es la postura del Gobierno sobre el tema.

¿En qué van las negociaciones en el túnel de La Línea?
La fecha de audiencia de caducidad está fijada para hoy, y en paralelo hemos venido planteando propuestas para resolver la situación, pero la realidad no es diferente de lo que hemos venido hablando. Tenemos un proyecto que no va ni un solo tramo terminado, y llevamos un avance global de 76% pero no hay un sector que esté terminado. El contratista ha venido reclamando mayores inversiones por el tema del revestimiento de túnel y por las obras que se hicieron durante la temporada invernal, por lo que se habla de un perjuicio económico y esa es la razón por la que el contratista dice que no puede terminar la obra y que se invirtieron los recursos pagados.

Entonces, ¿cuál es la propuesta para que se termine?
Nosotros hemos revisado el precio del concreto para el revestimiento y qué pasó con la ola invernal. La conclusión es que la obra está inconclusa y le faltan recursos pero pedimos que sean del contratista. Hay propuestas que el consorcio nos ha planteado de ceder el contrato pero no las hemos aceptado porque todos involucran a un tercero que entre en ejecución y nosotros no nos cerramos a ninguna posibilidad, pero debe haber esfuerzo de que sea el contratista.

¿La posición del Gobierno es que se caduque?
No, la posición es que se ejecute la obra. La caducidad no es deseable, pero ante la situación de incumplimiento, esa es una de las herramientas que la ley nos da, pero eso depende de que el contratista ponga recursos.

Fuera de este, el paro es otro de los problemas, ¿qué propuestas se están hablando en la mesa con los camioneros?
Hay que resaltar que continuamos con las reuniones a donde hemos llevado varios puntos. El primero es el que no se ha incluido en el Plan Nacional de Desarrollo o en otra normatividad el tema de la vida útil en el sector de carga. Otro punto es el de la política del uno a uno, que es el que rige la entrada de más vehículos al parque automotor y se regula la sobreoferta. También hemos dicho que haremos estudios para crear una reglamentación de los riesgos laborales y para ver la posibilidad de intervenir el mercado, pero falta reglamentación.

¿En qué consiste esa intervención?
Lo que pasa ahora es que el valor que recibe el propietario del vehículo es inferior al precio de referencia, los dueños de los camiones deberían ser empresas unipersonales para que hagan negociaciones con los generadores de carga. Sin embargo debemos reglamentar la metodología a partir de una actualización de sistema de costos, que tomará cerca de 15 meses para ver cómo se pueden intervenir los fletes.

¿Qué hay en chatarrización?
Tenemos un presupuesto de $1,1 billones para el cuatrienio y así avanzar en el programa de reposición y chatarrización que tiene como meta desintegrar 30.000 vehículos, pero hay demoras en el procedimiento.

En 2016 los peajes del país serán electrónicos
Actualmente hay 39 peajes en el país que no son concesionados y están a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías). Según Abello, se están terminando los estudios para determinar el costo de la inversión para hacer una Asociación Público Privada o una licitación pública que permita que a principios del año entrante estos peajes sean electrónicos. No obstante, la jefe de la cartera de Transporte anunció que este número se puede disminuir toda vez que se terminen de adjudicar las vías 4G, en donde los concesionarios serán los encargados de hacer la renovación electrónica, la cual permitirá reducir los cuellos de botella en las carreteras del país, sin embargo hay unos de estos que deberán homologarse.

El perfil
Natalia Abello es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, con especializaciones en Alta Gerencia, Servicios Públicos Domiciliarios, Derecho de Sociedades y Negociación, Manejo de Conflictos de las Universidades de los Andes, Externado de Colombia y Javeriana. Entre 2012 y 2014 ejerció como secretaria general de Barranquilla. Fue alcaldesa encargada de la misma ciudad y fue secretaria general de Transelca.

Las opiniones

Sandra Paola Hurtado
Gobernadora de Quindío
“Espero que antes de finalizar marzo se produzca la determinación, en segunda instancia, sobre la caducidado no del contrato”.

Julián Cardona
Presidente de Aciem
“Es preferible llegar a un arreglo que seguir en un pleito, porque de lo contrario se obligará a que se abra una nueva licitación”.