Defensoría denuncia incumplimiento de cese al fuego unilateral propuesto por las Farc

Según la defensoría, en enfrentamientos entre tropas del Ejército y presuntos integrantes de la columna Ambrosio González del sexto frente de las Farc, sostenidos el pasado 16 de febrero en la vereda Carpintero del municipio de Caloto, la guerrilla puso en riesgo a la comunidad, presionando a los pobladores y los utilizándolos para impedir el avance de los militares.

De acuerdo con las denuncias hechas por los cabildos indígenas de la zona, anexando evidencias fotográficas, la entidad consideró que durante la incursión aproximadamente “188 personas quedaron expuestas en medio de un episodio que involucraría a las Farc”.

Asimismo y en hechos registrados el 18 de febrero, fue reportado un hostigamiento de presuntos integrantes del frente 29 de las Farc a una patrulla del Ejército en el corregimiento Sidón del municipio de Cumbitara, Nariño, ocasionando el desplazamiento temporal de 23 familias y la evacuación forzada de 176 estudiantes y 6 profesores de un colegio y un jardín infantil ubicados en el área de los enfrentamientos, situación que ya se había presentado el 23 de enero cuando el mismo frente 29 y presuntos integrantes de los grupos armados posdemovilización chocaron, produciendo otro desplazamiento masivo de personas.

Además la entidad denunció que en lo corrido del mes, ha registrado 11 combates entre las Farc y la Fuerza Pública, incluido el del pasado fin de semana en Pizarro (Nariño), donde se reportó la muerte de un combatiente conocido como “Oliver”, y el del viernes anterior en Cáceres (Antioquia), donde dos soldados resultaron gravemente heridos. La confrontación en todos estos episodios, arroja como saldo la muerte de 8 guerrilleros y heridas a tres miembros de las Fuerzas Militares.

Por otra parte, la Defensoría del Pueblo informó que el pasado 11 de febrero, cuando informó que 17 veredas del municipio de San Miguel, Putumayo, reciben amenazas constantes de integrantes de a guerrilla sobre la posible siembra indiscriminada de minas antipersonal. La entidad ha documentado 5 accidentes con minas antipersona, todos en el departamento del Putumayo, con saldo de 2 militares muertos, 2 más heridos y 3 civiles lesionados por estos artefactos.

De la misma manera, en el corregimiento Juan José de Puerto Libertador, Córdoba, los comerciantes fueron objeto de intimidaciones y constreñimiento por presuntos miembros del frente 18 de las Farc, que hacia finales de enero los obligaron a cerrar sus negocios durante varios días. Estas acciones de constreñimiento se han extendido a otros departamentos como Guaviare, Meta, Caquetá, Antioquia y Cauca.

En hechos que son materia de investigación sin esclarecimiento de los autores, la Defensoría denunció el caso de una ciudadana de la vereda El Conquistador, en Puerto Leguízamo, Putumayo, quien según versiones que son materia de investigación, habría sido asesinada el 13 de enero por oponerse al reclutamiento forzado de sus hijos de 18,20 y 25 años.

Respecto de las amenazas, llama la atención la denuncia de un resguardo indígena en Totoró, Cauca, cuyos líderes afirman que han sido blanco de intimidaciones mediante llamadas atribuidas a presuntos integrantes de las Farc, quienes les exigen dinero y medicamentos para sus filas, so pena de atentar contra su vida.

Por lo anterior, y no obstante reconocer el alivio que ha significado el desescalamiento de la violencia ejercida por las Farc, así como el pleno respaldo de la Defensoría del Pueblo al proceso de paz, la Entidad espera que los negociadores de esa organización le expliquen al país los alcances de su ofrecimiento en relación con la tregua, y los compromisos que asumirán en esta etapa final de las negociaciones, al tiempo que reiteró su llamado para que esa guerrilla responda al clamor de los colombianos proscribiendo el reclutamiento de menores de 18 años y regresando a la vida civil a los menores de edad que todavía forman parte de sus estructuras.

Finalmente, la Defensoría reclamó la inmediata liberación de los cuatro geólogos secuestrados en Norte de Santander, en donde el pasado 19 de febrero miembros de ese grupo armado ilegal amenazaron a varios líderes de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) durante hechos registrados en El Carmen y Ocaña, sin contar la supuesta participación de esa estructura en la emboscada contra una patrulla policial (según las autoridades), usando un cadáver como señuelo.

Por estos hechos, la Defensoría del Pueblo pidió al ELN mayor coherencia entre el discurso y las acciones.