28 de enero de 2022
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“No se puede extender la impunidad de las Farc a los demás colombianos”: Procurador

22 de febrero de 2015
22 de febrero de 2015

Advirtió que “no se puede extender la impunidad de las Farc a los demás colombianos incursos en delitos similares”

“No puede pretenderse que haya un acuerdo de paz con la dosis de impunidad que las Farc están exigiendo y que algunos sectores políticos e institucionales del país estarían, al parecer, dispuestos a dar”, puntualizó el Procurador.

Dijo, además, que “los mínimos internacionales en esa materia, las penas privativas de la libertad, no se pueden desconocer por el ordenamiento jurídico” y agregó que “lo que algunos están proponiendo hoy es la ley de punto final, similar a la que se planteó en Argentina y años después fue insostenible jurídicamente”.

Las precisiones las hizo el procurador en diálogo con los medios de comunicación en Ibagué, la capital del departamento del Tolima, en donde absolvió interrogantes de todo tipo.

Sobre el proceso de paz, Ordoñez Maldonado sostuvo que “no puede haber credibilidad en las Farc si insisten en no reconocerse como victimarios”.

El procurador advirtió que “hay un aspecto que es muy dramático y al que se le ha dado poca importancia, el Estado colombiano tiene una entidad encargada de llevar el registro de desaparecidos, Medicina Legal, quien le ha certificado a la Procuraduría que hay 2.760 desaparecidos por las FARC y entre ellos seguramente hay muchos niños en las filas del grupo insurgente, por los cuales esa guerrilla debe responder y el Estado investigar”.

“No se compadece con los derecho de las víctimas que de esos 2.760 desaparecidos no haya la primera decisión, la solución no es simplemente ofrecer impunidades porque se estarían sacrificando los derechos de todas víctimas del conflicto”.

De otro lado planteó que “hay dos aspectos, dos niveles, uno que es el punitivo, que no solucionaría, como se pretende, todos los males sociales que estamos sufriendo, dentro de los que se destaca la crueldad contra los niños, pero el otro nivel, que parece que no se quiere reconocer, se refiere a la disolución de la familia”, agregando el doctor Ordóñez Maldonado que “el reclutamiento de niños, asesinato de niños, abuso sexual de niños, desplazamiento, drogadicción de niños y el embarazo de adolescentes es consecuencia de tal disolución familiar”.

“En el primer nivel se deben fortalecer las penas, ser eficaces y eficientes, los violadores y asesinos deben tener temor para cometer esos delitos, estoy de acuerdo con ello, pero con eso no se soluciona nada, se solucionaría tan sólo el aspecto menos dramático”.

El jefe del Ministerio Público no dudó en indicar que “los esfuerzos que debemos hacer son a fortalecer la familia para combatir las verdaderas causas de esa problemática; las políticas públicas se deberían construir en perspectiva a la familia, eso sería parte del inicio de la solución”, señaló.

Sobre el aplazamiento de la reunión con el presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, para hablar sobre el proceso de paz, el procurador Ordóñez se declaró confiado en que una coordinación de agendas permitirá llevar a cabo el encuentro, en el que manifestará las preocupaciones institucionales ante los mecanismos que se podrían implementar a futuro.

Sobre el tema de la adopción de niños por parte de las parejas de homosexuales, el procurador reiteró que “la adopción es una figura que protege al niño, no es un derecho de los padres”.

“La posición de la Procuraduría es la que siempre ha tenido en estas materias, que la opinión la conoce, que la ha reiterado en todos los escenarios: la defensa a los derechos prevalentes de los niños”, dijo este viernes el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, al ser preguntado sobre la decisión tomada recientemente por la Corte Constitucional frente a la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo.

El jefe del Ministerio Público insistió en que adoptar a un niño, antes que un derecho de quienes pretender convertirse en padres, es un ejercicio de protección a los derechos fundamentales de los menores.

“Es indudable que hay todo un movimiento no solamente nacional sino global, una élite que es muy poderosa política y financieramente, tendiente a imponer una concepción de la familia contra las tradiciones y las concepciones de la sociedad. En este escenario judicial la decisión de la Corte les fue adversa, o mejor, no fue lo que estaban pretendiendo”.

El procurador advirtió que una decisión contraria de la Corte Constitucional habría expuesto a los niños ante esos intereses. “Sería sacrificar los derechos prevalentes de los niños, una afectación a dichos derechos. Los niños no pueden ser sometidos a una especie de mercadeo de la adopción. Esta es una figura que protege al niño, no es un derecho de los padres sino una figura protectora de los niños”.