18 de enero de 2022
Directores
Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

A 52 días de catástrofe ambiental en nuestro país, por cuenta de Decreto Exprés 2691 del 23 de diciembre del 2014

17 de febrero de 2015
17 de febrero de 2015

 

Por un lado, la resolución de delimitación del páramo de Santurbán, expedida el pasado 20 de diciembre por el Ministerio de Ambiente, sustrajo alrededor de 30.000 hectáreas abriendo paso a la actividad minera en una cuarta parte de lo que debería ser el total del área protegida (129.743 hectáreas), reduciendo significativamente el espacio del páramo. Con el desafortunado aval a los derechos adquiridos de empresas con licencias mineras se ponen en riesgo los derechos fundamentales de las comunidades que dependen del agua que produce el páramo.

Por otro lado, el denominado ‘decreto navideño’ emitido por el Ministerio de Minas y Energía (Dto 2691 del 23 de diciembre de 2014) restringió de tajo cualquier posibilidad de que los municipios participen en la concertación de las decisiones sobre actividades de exploración y explotación minera en su territorio. En vez de una regulación para construir acuerdos el decreto se limita a ser un mecanismo para que los municipios soliciten medidas de protección del ambiente sano y de sus cuencas hidrográficas. Estas solicitudes deberán fundamentarse en estudios técnicos costeados por los propios municipios que carecen del músculo financiero y técnico para ello. Otro agravante es que, en relación con dichas medidas, se establece que se consultará a las empresas mineras sobre la conveniencia de los proyectos en los que tienen interés, que actuarían entonces como juez y parte.

Así, el gobierno esquivó la orientación de la Sentencia C-123(2014) de la Corte Constitucional que ordenó que en el momento de autorizar actividades mineras haya un acuerdo entre las autoridades territoriales y las autoridades competentes a nivel nacional, pues se subordina la competencia de las autoridades locales dejando la última palabra en manos del gobierno.

Desde la Alianza Verde compartimos la inconformidad de la Federación Nacional de Municipios que ya expresó su rechazo a esta medida, que está lejos de garantizar la concertación y la equidad, y exigimos al gobierno nacional la derogación inmediata de este decreto.

Y para rematar, la propuesta de Plan Nacional de Desarrollo PND (2014-2018) apunta a la profundización del modelo extractivista que apuesta por un desarrollo minero-energético exacerbado que no se compadece con las necesidades de la sostenibilidad ambiental ante los desafíos climáticos, poniendo en riesgo sobre todo la seguridad hídrica y la soberanía alimentaria.

Consideramos que el documento Bases del PND evidencia un afán insensato por “optimizar los tiempos del licenciamiento”, que no se compadece con el desastre ambiental que pueden ocasionar, tanto la aceleración irresponsable del otorgamiento de licencias como de los trámites requeridos sobre consulta previa. Vemos con gran preocupación la propuesta de promover la exploración y producción de hidrocarburos en el mar (costa afuera) y de yacimientos no convencionales, incorporando técnicas como el fracking y la tecnología STAR, que han sido fuertemente criticadas por los impactos nefastos que tienen sobre el medio ambiente.

La estrategia del ‘crecimiento verde’ que pregona el documento Bases del PND (2014-2018) no puede limitarse a una simple argucia retórica, sino que debe corresponderse con decisiones acordes con los retos del cambio climático y la sostenibilidad de los ecosistemas que integran el territorio nacional. El accionar del gobierno va en contravía del equilibrio ecológico desencadenando el desastre ambiental que conlleva la continuidad de la locomotora minero-energética, truncando el camino hacia la paz con el ambiente.

El país debe construir la senda hacia la paz con la naturaleza, que también ha sido víctima del conflicto. No es casual que los municipios más afectados por la guerra, prioritarios para la implementación de los acuerdos de paz, tengan conflictos por minería e hidrocarburos, agroindustria, cultivos ilícitos, o estén en áreas de gran relevancia ambiental. Por eso acompañamos la movilización ciudadana que está presente en los territorios, consciente de la responsabilidad histórica que tienen todos los actores sociales con el ambiente en las actuales conversaciones de paz.

El posconflicto deberá asumir el desafío medioambiental que supone la construcción de modelos sostenibles de gestión territorial, apuntando hacia un ordenamiento territorial que reconozca los derechos de la naturaleza y de las comunidades, que se fundamente en la gestión integral del agua y en la sostenibilidad ecosistémica de cara a los desafíos que conlleva el cambio climático y los eventos climáticos extremos que se expresan en sequías, inundaciones e incendios forestales.

Este es un momento crucial para el país en el que debe confluir eficazmente la agenda global por superar la incertidumbre ambiental con el propósito nacional de alcanzar la paz por la vía de la negociación y la concertación.