25 de enero de 2022
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Que hable el alcalde Aníbal

15 de febrero de 2015

william calderonUN SOLO TEMA EN DUELO

El viernes último, en el acto del sepelio del dirigente conservador    Manuel Ramiro Velásquez la pregunta que  se hacía la mayoría de los concurrentes giraba en torno a la suerte que correrá la primera empresa de los antioqueños, si los concejales le dan atribuciones por cuatro meses para privatizar el poderoso ente autónomo.  En las exequias el inolvidable “Pajarito” la gente planteaba este interrogante: ¿por qué no se ocupan del tema de las facultades excepcionales que pide Aníbal al Concejo los actuales candidatos a la Alcaldía de Medellin?

RAUL TAMAYO GAVIRIA

El respetado y acatado columnista Raúl Tamayo Gaviria, en su columna del sábado último, en El Colombiano, tomó el toro por los cuernos. Así lo comenta Juan Fernando Echeverri: «Tremendo artículo se fajó mi amigo Raul Emilio Tamayo Gaviria quien supo clavar su aguijón donde era y bien profundo. Y en la ÑAPA (de la columna de Tamayo) ni hablar: Desde que me enteré de ese negro futuro que parece le espera a nuestras EPM y por ende a nuestra ciudad. Como que vengo durmiendo a medias, ya que los temores y la decepción no me dejan.

HAGAMOS HISTORIA

A propósito del Proyecto de Acuerdo 300 de 2015: Cuando  el profesor Diego Tobón Arbeláez, como vicepresidente de la Andi, se propuso en 1953 apoyar la creación de los establecimientos públicos descentralizados autónomos en Colombia, a fin de establecer las Empresas Pública de Medellín y la Corporación Autónoma Regional del Valle, atendiendo la solicitud del entonces alcalde de Medellín, don Dario Londoño Villa, y de los doctores Bernardo Garcés Córdoba, José Castro Borrero, Harold Eder, de Cali quienes  buscaron colombianizar el plan del doctor David Lilienthal, para el manejo integral de los recurso naturales del Valle del Cauca y de la cuenca del Río Cauca.

LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS

Fue así como con el concurso de estos dirigentes se obtuvo la expedición del ACTO LEGISLATIVO No 5 de 1954, que en su artículo 1 dispuso que el Legislador podría crear establecimientos públicos, dotados de personería jurídica autónoma, para la prestación de uno o más servicios especialmente determinados, los cuales tendrán competencia para la ejecución de los actos necesarios al cumplimiento de su objeto, y en sus actividades podrán abarcar todo el territorio nacional o parte de él. También podrá el Legislador autorizar a los Departamentos y a los municipios para la creación de establecimientos de este género dentro de sus respectivos territorios.

LAS EPM

Con estas facultades se crearon las Empresas Públicas de Medellín, en 1954, como establecimiento público del orden municipal para la prestación de los servicios públicos en la ciudad. Este modelo fue diferente al impulsado por el Banco Mundial y que daba origen a una empresa por servicio como lo fue en Bogotá.

VOZ DE ALERTA

El inolvidable  Joaquín Vallejo Arbeláez alertó sobre la posibilidad de que en la Reforma Plebiscitaria de 1957 se derogara esta norma y se tuvieran que liquidar estas empresas, EPM y CVC. Afortunadamente el visionario  Diego Tobón Arbeláez convenció al doctor Carlos Lleras Restrepo, quien presidía la Comisión de Ajuste Institucional posterior a la dictadura, sobre la conveniencia y necesidad de incluir estas normas en la Reforma Plebiscitaria, EPM desde entonces se consolidó como modelo de gestión y los antioqueños la han defendido y hoy extiende sus servicios a todo el territorio antioqueño, ajena a la politiquería y a la corrupción.

LOS PRIMEROS INTENTOS

Todo comenzó con los primeros intentos populistas desatados  por la ANAPO en 1970. Ahora, como lo advierten personas de la más calificada independencia como  Rafael José Arango Restrepo, Alonso Arcila Monsalve, desde el radioprograma «Los Habitantes de la noche, Rafael Uribe, Mario Hernández, Juan Manuel Serna, Alberto Arroyave Lema, quien le dirigió una carta al entonces senador Eugenio Prieto. el 20 de julio de 2014, quien presentó un proyecto de ley para ampliar el objeto social y al mismísimo doctor Alberto Atehortúa sobre la inconveniencia de ese  cambio en  las Empresas de Servicios Publicos de la ley 142 y otros, hasta llegar al proyecto de acuerdo 300 de 2015 que hoy nos ocupa.