27 de febrero de 2021
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El túnel sin fin

30 de enero de 2015

En la audiencia pública el Invías explicó las razones para declarar la caducidad del contrato. La caducidad, como manifestación más drástica de la potestad sancionatoria del Estado en materia de contratación pública, implica por parte del Invías una obligación de extremo cuidado para sustentar, tanto en lo jurídico como en lo probatorio y técnico, la toma de dicha decisión.

Las causales, en resumen, obedecen a los retrasos en las obras, que deberían haberse concluido y entregado el 30 de noviembre de 2014. Según aseguran el Invías y la ministra de Transporte, Natalia Abello, las obras no solo no se han terminado sino que al contratista ya le había sido girado el 98 % de los recursos.

Como consecuencia de la caducidad del contrato, una vez quede en firme la resolución, el contratista deberá pagar una cláusula penal de más de 60 mil millones de pesos, y todas las sociedades que componen la Unión Temporal quedarán inhabilitadas para contratar con el Estado.

Este proceso no es solamente un trámite administrativo con consecuencias muy gravosas para el contratista incumplido. Es, ante todo, un escollo más para la comunicación terrestre de todo el centro del país, con ramificaciones hacia todos los puntos cardinales del territorio.

Y llama la atención el contraste de versiones entre lo que describe el Invías en su acto administrativo y lo que afirma el vocero de la unión temporal contratista. Su representante (ver Contraposición) asegura que ellos habrían podido terminar el túnel en 30 días, y que ya tenían más del 99 por ciento de la obra ejecutada. Achaca la sanción a una persecución que con nombre propio atribuye al vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras.

Pero no parece, por lo menos a primera vista y según las consideraciones hechas por el Invías en la audiencia pública, que las razones del gobierno para declarar la caducidad del contrato obedezcan a motivos oscuros. De hecho, la propia ministra Abello estuvo el lunes en la zona de obras mostrándole a la prensa los tramos inconclusos. Allí aseguró que con el ritmo que iban, las obras demorarían seis años más, mínimo.

Según cálculos de expertos recogidos por La República (28/01/2015), otra de las consecuencias de la caducidad será un costo adicional de 160 mil millones de pesos (otros hablan de 400 mil millones), además del tiempo adicional, más allá de 2017.

Ante todo esto, habría que volver a las consideraciones que a este periódico hizo la anterior ministra de Transporte, Cecilia Álvarez-Correa, en entrevista del 28 de diciembre de 2013, en la que hizo referencia a este contrato, adjudicado en la Administración Uribe: “Este es un contrato hecho bajo la improvisación, ¡qué tristeza! Esto ha traído consecuencias enormes para los habitantes de la región y para todos los colombianos. Propongo que este contrato se lleve a todas las universidades que tienen facultades de ingeniería civil y derecho para que los profesores muestren cómo no se debe proceder con un contrato de obra pública”.

EL COLOMBIANO/EDITORIAL