18 de enero de 2022
Directores
Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

El locuaz

23 de enero de 2015

El Estado colombiano se enfrenta hoy a un problema de legitimidad de su justicia. No solamente se trata del sentimiento de inconformidad que la ciudadanía tiene frente a su ineficacia, que se expresa en los sondeos de opinión, últimamente muy en contra de ella. También, el manto de duda que ponen sobre ella las personas que han decidido que es mejor huirle: exfuncionarios que, ante lo que consideran una persecución estatal, se van del país sin responder por las acusaciones que se les han levantado por la vía legal. Muy grave. Ante esto, por supuesto, la Rama Judicial debe actuar y pronunciarse. Y, a su turno, el fiscal general de la Nación, por las funciones que le han sido encargadas, también tiene un deber especial.

Pero lo que sucedió en W fue mucho más que eso: ahí lo escuchamos notificando, vía emisora, a sus siguientes investigados. Fijó por micrófono, como quien da la hora, la audiencia del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, quien deberá explicar el próximo 30 de enero sus actuaciones en el caso del hacker Andrés Felipe Sepúlveda. También notificó a su hijo, David Zuluaga, y al “asesor espiritual” de dicha campaña, Luis Alfonso Hoyos. Todo, al micrófono.

Que se vayan o no del país para evadir la justicia es debate aparte y sobre el que ya con los casos anteriores nos hemos pronunciado. Deplorable sería que Zuluaga, que aspiró a ser el jefe de un Estado constituido y que llegó a segunda vuelta con prácticamente la mitad del apoyo nacional, no reconozca la legitimidad de ese mismo Estado. Diría mucho de él.

Pero volviendo a la actitud del fiscal Montealegre, poner en funcionamiento la institución que dirige a través de entrevistas periodísticas luce también fuera de lugar. ¿En qué país serio pasa eso? ¿Dónde se ve a un alto funcionario ejerciendo sus funciones primero ante un micrófono? Ha dicho el fiscal que es por transparencia. ¿Sí? ¿Es por eso? ¿Y no genera lo contrario? ¿No ridiculiza un poco el rol trascendental que en este país tiene la Fiscalía? ¿No fortalece el discurso de persecución política de aquellos a quienes investiga y se van? Qué mal mensaje.

Y ese fue apenas el abrebocas. Después dijo en su entrevista, como pasando a otra variedad de temas, que el proceso de refrendación de un eventual acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc no era jurídicamente necesario. “Es la opinión del fiscal general de la Nación, no soy vocero del Gobierno, ni más faltaba”, dijo. ¿Para qué entonces la declaración? ¿Por qué quien dirige e implementa la política criminal en Colombia —sus funciones principales— discute abiertamente de lo que puede o no puede hacer el Gobierno en un tema tan delicado como el proceso de paz? Más que la importancia política de la refrendación popular que ha prometido el presidente Santos, ¿qué hace un funcionario independiente del Ejecutivo dando sugerencias que facilitarían la aprobación de un proceso liderado por él? Inaudito.

Esto en nada ayuda a la institucionalidad del país. Menos micrófonos y más acciones, señor fiscal.

EL ESPECTADOR/EDITORIAL