20 de octubre de 2021
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Situación de la San Martín revivió la necesidad de reformar la Ley 30 de educación superior

13 de noviembre de 2014
13 de noviembre de 2014

Aunque el Ministerio de Educación Nacional, en cabeza de Gina Parody, ya se pronunció frente a esta terrible situación, la cual ha sido comprada con el caso Saludcoop y hasta con la captadora de dinero DMG, y expidió el Decreto 2219 de 2014 (por el cual se reglamenta el ejercicio de la inspección y vigilancia de la educación superior), los estudiantes manifestaron su incertidumbre sobre cuánto van a tardar las soluciones que plantea el Ministerio a corto, mediano y largo plazo.

Una de las medidas tomadas de manera preventiva para intentar corregir el rumbo de la Universidad San Martín, que según lo explicó la Ministra no era otro sino el cierre del claustro académico, y que entre otras fue propuesta por los mismos estudiantes, es la creación de un fondo fiduciario que permita maniobrar y cumplir con las necesidades que tiene la universidad y que la tienen en esta situación.

Los estudiantes solicitaron que dicha fiducia tenga una participación mixta de todos los estamentos de la Universidad, es decir estudiantes, docentes, trabajadores, padres de familia, pues tienen temor de que esos recursos sean manejados por quienes hasta ahora han llevado a la universidad al limbo en el que se encuentra y del cual tanto el Congreso, a través de la Comisión Sexta, y el Gobierno, están en toda la disposición de rescatarla.

El debate llevó a los senadores que integran la Comisión Sexta a rebatir sobre la autonomía universitaria y la manera en cómo ésta dignidad de la gozan las universidades, es malinterpretada por algunos para encubrir acciones irregulares que van en contra de lo que constitucionalmente representa la educación.

Al respecto, el senador Liberal, Eugenio Prieto, basándose en sentencias de la corte y otros soportes legales y jurídicos, sostuvo que la autonomía universitaria no puede frenar las actuaciones del Gobierno cuando se trata de defender la educación. «Tal autonomía no es absoluta y no impide la participación del Estado cuando se haga necesario».

Sobre este mismo tema el senador Senen Niño (Polo Democrático), señaló que la autonomía universitaria ha sido tomada como disfraz para cubrir la malversación que aplican alguna instituciones con los recursos de la educación, haciendo referencia en que el principio fundamental de la autonomía universitaria dista de esta amañada interpretación con la que se ha identificado varias instituciones de educación superior, y que por el contrario esta busca blindarlas de la injerencia de actores externos que pretendan amañar los destinos de las mismas.

Con relación a la situación de la San Martín el senador Mario Fernández Alcocer (P. Liberal), haciendo referencia a que esto tiene sus inicios desde hace más de nueve años, señaló, de manera enérgica y contundente, que la culpa es tanto de sus directivas y como del Ministerio de Educación que en su momento omitió las falencias que se estaban presentando en la Universidad.

«Tenemos que identificar a los responsables. Aquí hay culpables, aquí hay bandidos. Porque hace muchos años se vienen identificando las falencias de la Universidad, las denuncias, los hallazgos, las quejas, de estudiantes y docentes desde octubre de 2005. Hay que abrir investigación disciplinaria a todos los que hicieron parte de este problema», sostuvo el Senador.

Por su parte la Susana Correa Borrero, Senadora del Centro Democrático, sostuvo que la Universidad San Martín no es la única en el país que padece situaciones que atentan contra la educación y que dan pie a la revisión de los problemas estructurales que atraviesa este sector en el país.

«Este debate permite poner sobre la mesa los problemas reales de la educación superior. Universidades como la UNAD, la Universidad de Cundinamarca, la Universidad del Pacífico, la Universidad la Gran Colombia, la Universidad Autónoma del Caribe y la Universidad Inca de Colombia», todas estas instituciones, según la Senadora, presentan problemas financieros y de corrupción.

Con relación a la propuesta de crear una superintendencia que vigile a las universidades, el senador Ángel Custodio Correa Baéz (P. de la U), argumentó que es necesaria y urgente para que se encargue de revisar «como se crea y se supervisa una universidad. La educación es un derecho fundamental y se tiene que defender de los particulares que la quieren convertir en negocio. Para mí las universidades donde los estudiantes inviertan, se debe convertir en un patrimonio público».

El senador Mauricio Aguilar (Opción Ciudadana), quien se refirió a las directivas de la Universidad San Martín como los David Murcia Guzmán (DMG) de la educación superior debido el que consideró notorio enriquecimiento a costilla de los estudiantes y particulares, sostuvo que es evidente y necesaria la reforma de la Ley 30 de la Educación Superior para que el Ministerio de Educación no tenga limitaciones y pueda actuar en beneficio de los estudiantes y el Estado pueda garantizar el bueno funcionamiento de las universidades.

«Tenemos que seguir trabajando en garantizar la equidad. Hoy está de moda el equilibrio de poderes y es necesario que haya equilibrio de poderes en las universidades públicas y privadas, no es que estemos en contra de ellas pero tenemos que garantizar los derechos de los jóvenes y padres que hacen una gran inversión», señaló el congresista.

El debate contó con la participación de los representantes Alfredo Ape Cuello, del Cesar (P. Conservador); Víctor Correa, de Antioquia (Polo Democrático), y Carlos Guevara, de Bogotá (Movimiento Mira), miembros de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, de igual forma la senadora Claudia López (Alianza Verde), quien ha sido una de más asiduas denunciantes sobre la situación de la San Martín.

Con relación al tema de la autonomía universitaria, la senadora destacó que «una cosa es la autonomía universitaria y académica, y otra cosa es la autonomía para estafar. En Colombia nadie tiene autonomía para estafar», refiriéndose a la oferta de programas e inicio de matrículas, a pesar de la cancelación y no renovación de registros calificados de la mayoría de sus programas académicos.

«El mensaje no puede ser que en aras de salvar a los estudiantes se salve a los Alvear. Sí era necesario suspender los registros calificados y las matrículas», señaló la senadora justificando la decisión del MEN en tal sentido. Agregó que se justifica la creación de una agencia para estándares de calidad que acompañe todo este proceso que emprendan las universidades en garantizar la calidad de sus servicios y sus programas, y una superintendencia que se encargue de la vigilancia y control a estas instituciones.

A su turno la ministra Gina Parody manifestó que las medidas tomadas ahora son transitorias, pero para lo que se vienen se necesita voluntad política y eso ha encontrado en el Congreso.

«Vamos presentar un proyecto de ley que nos de dientes, y no solo para sancionar porque esos ya los tenemos, sino dientes que permitan realmente la eficacia de la inspección y vigilancia lo que significa que podamos tener medidas preventivas como medidas cautelares», sostuvo la Ministra.

Pidió al Congreso que acompañe al Gobierno en esta iniciativa en aras de que se garantice realmente la calidad de la educación en el país.