Primeras inspecciones en el caso de la Fundación Universitaria San Martín
“Hoy estamos recaudando información sobre los alumnos que se inscribieron en todas aquellos programas académicos en los cuales el Ministerio de Educación canceló su registro. Cada alumno que se inscribió en dichos programas podría ser víctima de estafa, una estafa masiva que agrava la situación”.
Lombana señaló que durante la diligencia se tomará información relacionada con otros procesos ilícitos en los que las directivas de la entidad educativa estarían involucradas, así como también se verificará la contabilidad de la Fundación y su relación con otras similares. “El eje central de esta diligencia es encontrar el número de estudiantes que se inscribieron a partir del año 2013 que serían alrededor de 3000 estudiantes”, afirmó el funcionario.
Para esta investigación la Fiscalía se reunió con autoridades del Ministerio de Educación con el objetivo de investigar a fondo y encontrar a los responsables de este delito y además, para hacer un acompañamiento a los estudiantes de la Fundación Universitaria San Martín que se vieron afectados. “Se hará una inspección al Ministerio de Educación para hacer una revisión al proceso administrativo que ellos adelantaron. Allí hay información que es importante para la Fiscalía”.
El asesor explicó que las investigaciones por este caso están dividas, unas para determinar la estafa masiva a los estudiantes y por otro lado por las decisiones judiciales que al parecer dolosamente no ha querido cumplir la universidad.
Por último, dada la red de fundaciones que se pudieron haber creado alrededor de la Fundación San Martín, la Fiscalía a través de la Dirección Nacional de Extinción de Dominio está realizando un seguimiento por las posibles conductas de enriquecimiento ilícito y falsedad y alzamiento de bienes.
Las primeras investigaciones develaron que la Universidad San Martín ofreció las carreras de medicina, odontología, administración de empresas, ingeniería de sistemas y otras ingenierías a pesar de que en el año 2012 las autoridades nacionales de educación negaron la autorización a estos programas académicos.
