19 de octubre de 2021
Directores
Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

Justicia sórdida, sesgada y, además, cobarde.

6 de noviembre de 2014

Dicho señalamiento recae, en primer orden, sobre el pináculo de la rama judicial. Y por qué no decirlo, también, sobre el oligopolio de medios masivos de comunicación.

Dicha afirmación no obedece a una simple percepción temeraria, sino a múltiples casos concretos ocurridos en este país y que han sido cobijados por la ominosa impunidad y por culpa y a manos de los operadores judiciales (léase altas cortes y fiscalía) y/o silenciados inexplicablemente por los medios de comunicación; como los colombianos también padecemos de amnesia temporal es bueno rememorar hechos que han causado gran impacto en la institucionalidad y en buena parte de la sociedad, y que han sido objeto de impunidad hasta el día de hoy con un silencio sepulcral a su favor.

Las relaciones “amistosas” que sostuvieron los políticos de la costa norte con los paramilitares de esa latitud, son del mismo contenido delictual que las que sostuvieron los políticos de estos lares con narco paramilitares del Magdalena Medio. La simple reunión en privado o el estar en una tarima en plaza pública, son de la misma gravedad y responsabilidad y tiene el mismo valor probatorio. ¿Cuál es la razón para que unos hayan sido procesados y condenados y otros no?  ¿O acaso a López Cabrales o a Mauricio Pimiento o a tantos otros condenados los cogieron echando plomo o con moto sierra en mano? ¡Por Dios, señores de la Corte! “La mona aunque se vista de seda, mona se queda”

¿Cuántos parlamentarios hay procesados y/o condenados por el millonario desfalco a la Dirección Nacional de Estupefacientes o por Pérdida de Investidura por su descarado tráfico de influencias?

¿Cuántos parlamentarios de los que intervinieron en la ‘falsa’ conciliación de la reforma a la justicia han perdida la investidura por conflicto de intereses o procesados penalmente por el delito de Falsedad?

¿Por qué tanta dilación en estas investigaciones si ustedes señores de la Corte, del Consejo de Estado o de la Fiscalía saben a ciencia cierta de la responsabilidad que tienen todos y cada uno de estos mal llamados “padres de la Patria, en cada uno de los delitos que se les imputan?

¿Si en los Estados Unidos se pudo establecer la responsabilidad en el caso de Watergate, por qué entre nosotros no se puede establecer la responsabilidad en las chuzadas del DAS, así no se condene a nadie, pero que conozcamos la verdad?

¿Qué pasó con la investigación a SaludCoop y a su dueño el ostentoso señor Palacino?

¿Por qué el silencio complaciente y desconcertante que asumieron los medios cuando el presidente Santos postuló y la Corte eligió a Eduardo Montealegre, como Fiscal General de la Nación, no obstante haberse conocido por boca del mismo Presidente del millonario ‘zarpazo’ a la salud que cometió SaludCoop, y posar el postulante y elegido como Apoderado en esa causa penal, y por la cual cobró la bicoca de 6.000 millones de pesos?

¿Por qué en ningún medio se hizo una referencia seria y veraz sobre el general Santoyo, cuando por esos  días en que se debatía su ascenso era vox populi en los pasillos del Congreso,  en la calle y en los mentideros políticos los oficios non sanctas de dicho general?

A principios de este siglo XXI, antes de las denuncias de Clara López Obregón, y las posteriores de Gustavo Petro, en todos los rincones de la geografía nacional se sabía y se conocía de la presencia de los grupos paramilitares y de sus macabras ejecuciones, aupadas y financiadas por la clase política, ganaderos y la empresa privada con la connivencia y protección de las autoridades civiles y militares, sin que se levantara la más mínima voz por parte de los medios de comunicación (prensa y radio), no obstante las comunidades de muchas regiones lanzar voces desesperadas sin encontrar eco a su angustioso llamado. Este silencio pasivo y cobarde que se guardó es imperdonable, y jamás se podrá olvidar.

Ya es hora de que el Consejo de Estado deje de ser la “Celestina del poder político”, la Corte Suprema de Justicia de ser la mampara que oculta su “maridaje” inicuo con muchos parlamentarios y la de los medios el deber ético y moral que tienen de suministrar información oportuna y veraz, sin permitir que prevalezca en éstos la pauta publicitaria.

El Diario La Patria de Manizales, el día 1° de septiembre de 2013, publicó una crónica titulada “26 años de intentonas contra Barco y Yepes” (http://www.lapatria.com/node/42378 )  
generando, sobre todo, en La Dorada, mucha controversia sobre las alianzas macabras entre la clase política caldense y grupos de esa región al margen de la ley, y haciéndole a dicho artículo sus respectivos comentarios por parte de los foristas: ver vínculo y comentarios al finalizar artículo.

Ante esta situación, y como un deber ciudadano consagrado en el artículo 95 de la constitución política, aparte de la obligación que se tiene de denunciar la comisión de cualquier delito que no requiera querella de parte, solicité a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, y ante estas nuevas pruebas, siendo ésta la finalidad del auto inhibitorio, reiniciar o reabrir la investigación penal contra la exsenadora Adriana  Gutiérrez Jaramillo, por presuntos vínculos con grupos al margen de la ley.

Por eso, mi gran sorpresa cuando recibí un mensaje vía electrónica notificándome la decisión “sabia” del magistrado ponente de no “revocar” el auto de marras. No, señor magistrado ponente, yo, lo que pretendía con mi solicitud era que se administrara justicia de manera diáfana, pronta y cumplida; que se dejara de lado tanto sesgo, tanta corrupción y tanta impunidad; que la justicia fuese igual para todos, con aplicación del mismo rasero. Ese era y sigue siendo mi anhelo y, creo, el de todos los colombianos de bien.

Y, por último, con todo respeto, le recuerdo: Los políticos de Caldas y los paramilitares y narcotraficantes del Magdalena Medio, no pueden ser considerados de mejor familia ni inmunes al castigo que los políticos y delincuentes de los departamentos del Magdalena, Cesar, Bolívar, Sucre o Córdoba que fueron condenados, todos, sin excepción, se tienen que someter al imperio de la ley y en igualdad de condiciones.

Apostilla: Los doctores Gustavo de Greiff y Ramiro Bejarano, conocedores como nadie de los intríngulis de la justicia, han propuesto de manera reiterada la revocatoria de las altas cortes, y les asiste toda la razón, si es que se quiere cristalizar una real reforma a la justicia.

Manizales, noviembre 6 de 2014.

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