El desplazamiento forzado: carne de cañón electoral
Esas persecuciones se hacían a través de la fuerza pública por intermedio de los llamados “pájaros”, con características similares con los métodos utilizados en el presente, que nos hace pensar si no estamos repitiendo ahora la misma historia con el perverso propósito de obligar a las gentes a dejar horrorizadas sus parcelas buscando refugio en los grandes centros urbanos, no atraídas por la vida moderna de las ciudades, a las que arriban expulsadas por el temor, el horror, creándose cinturones de miseria, abandonados a su suerte, implorando la caridad pública en las esquinas de los semáforos, y constituyéndose en carne de cañón de los políticos profesionales de turno.
De todos los grupos insurgentes que se formaron, unos amnistiados y acogidos a la vida civil, quedaron algunos residuos de violencia surgiendo la figura del bandolerismo, quienes prolongaron la lucha partidista, tema ampliamente analizado en el libro “bandoleros, gamonales, y campesinos”: el caso de la violencia en Colombia, de Sánchez Gonzalo, ancora, 1985.
Pero sin duda, de los movimientos que se formaron, el que persiste y presenta un largo periodo de lucha contra el sistema de Gobierno y de Estado, que se remonta a los años 50 y las revueltas campesinas de los años treinta y cuarenta, en el norte del Tolima, en la región del Tequendama y del Sumapaz, en donde se crearon por primera vez las ligas y sindicatos agrarios, es el de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, (FARC) organización con la que se dialoga desde hace dos años en la mesa de la Habana y que ha originado cuestionamientos en la sociedad civil, unos apoyando las gestiones de paz, otros criticando dicho proceso por considerar que se está pactando una velada impunidad, generándose un proceso altamente peligroso, cual es el de la polarización social.
Pero retomando el tema del desplazamiento forzado, debemos afirmar que para nadie es un secreto, que este fenómeno es causado única y exclusivamente por el conflicto social y armado por el que atraviesa el país en donde convergen variados actores, guerrilla, paramilitares, violencia ordinaria, la misma fuerza pública, ocupando territorios de gran importancia para el desarrollo social y económico de dichas regiones, en donde sin ambages se debe concluir que intervienen otras fuerzas que con la ayuda oficial inciden en el desalojo para beneficiar intereses de carácter privado, con megaproyectos o mega industrias que se traducen en la irrupción de grupos armados en pro de la empresa privada, que a la postre vienen hacer los mismos heliotropos de la economía y banca nacional, reconocidos industriales, sin contar con unos terratenientes que se han caracterizado por el uso de la violencia desde años atrás, dejando una estela de dolor y miseria.
Las estadísticas aluden a seis millones de desplazados, a los que el Estado debe atender con prioridad según reiteradas sentencias de la Corte Constitucional, por su condición de indefensión y victimas inocentes de un conflicto que no les pertenece, en donde ese Estado ha demostrado su incapacidad y debilidad para cumplir sus obligaciones sociales, población que en ultimas termina contagiada por la promesas electorales de los políticos de turno que ven la oportunidad de obtener el voto de ese inmenso potencial electoral como carne de cañón, entendida como masa proletaria, expresión utilizada por las corrientes políticas de izquierda.
Pruebas al canto, el Petrismo buscará sacar provecho con anuncios oficiales de viviendas en ciertos estratos sociales de Bogotá, sin considerar otros aspectos del entorno, fundamentales para una sana convivencia, programas con más sentido de proyecto político a futuro, que buscará extender a lo largo y ancho de las grandes ciudades, en donde se dan asentamientos humanos, en su obstinada idea populista y del llamado socialismo del siglo XXI de buscar una candidatura presidencial para el 2018, una vez deje a una Bogotá, insegura, sucia, congestionada, polarizada, con una malla vial deteriorada, un proyecto de metro sin soporte financiero, cuestionamientos éticos sin respuestas claras, su incompetencia gerencial, y posiciones dogmáticas; ciudad que tendrá que ser recuperada con unas administraciones serias, coherentes, que respeten el marco jurídico, jurisprudencias vigentes y que piensen en función de administrar debidamente lo público, con transparencia y conocimiento, en donde el gobernante debe estar al servicio de la comunidad y no la comunidad al servicio del gobernante.
Es de esperarse que el electorado bogotano no incurra en el error de la campaña pasada en donde por las aspiraciones sin horizontes de Gina Parody, Carlos Fernando Galán y David Luna, luego incrustados en la nomina oficial, le permitieron al candidato Petro obtener la alcaldía de la capital con un porcentaje del 33% de la votación global en el Distrito, con las consecuencias de una gestión direccionada a consolidar unas ambiciones de poder, a costa del deterioro de la ciudad capital, que es la ciudad de todos los colombianos.
Se debe entender que el apoyo a la población desarraigada debe darse sin intereses mezquinos de carácter electoral, si de verdad se pretende obtener una verdadera paz que no consiste solamente en el silencio y entrega de las armas, sino en salarios justos, una administración pública honesta, eficaz, al alcance de la población, vivienda digna, cobertura en salud, educación, seguridad social y una justicia sana, objetiva, cumplida, ausente hoy por hoy.
Que la búsqueda de la paz no sea un slogan o frase publicitara.
ADENDA: Han transcurrido 45 días del paro judicial y pareciera que el tema de justicia en sus diferentes áreas no le interesara al país, dejando una sensación de desidia frente a su precaria operatividad.
Son inmensos los daños colaterales de la actual e indeterminada protesta judicial, en donde la crónica congestión y atraso se agravará aun más, resultado inútil todo esfuerzo que se haga para su reducción, con un solo perdedor: el usuario.
Preocupa que el Gobierno central, su ministro de justicia, los organismos rectores y quienes integran esta rama del poder público, hagan caso omiso del artículo 228 de nuestra Constitución Política en donde textualmente se lee: “…la actuaciones de la administración de justicia serán públicas y permanentes…”.
Así las cosas, el término permanente viene siendo transgredido, ignorado, pisoteado en lo que tiene que ver con la naturaleza de la función pública de la justicia.
Un país sin justicia, es como un jardín sin flores o como un árbol sin hojas y quienes tienen la obligación de hacer cumplir y respetar la constitución, miran para otro lado, ignorando que la paz que se busca, tiene un punto de partida y uno de llegada: la pronta y cumplida justicia, ausente en la actualidad y parte de la sociedad totalmente desprotegida.
Bogotá, noviembre 25 de 2014.
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