El camino equivocado
Las razones de tal descrédito están a la vista de todos. Cualquier colombiano que en los últimos años haya tenido que recurrir a un trámite judicial puede dar fe de los males que aquejan a la Rama, que van desde lo tortuoso que resulta cumplir con el deber de denunciar un delito hasta la lentitud del subsiguiente proceso, pasando por la corrupción de algunos de sus miembros. A lo anterior hay que añadir cuanto ocurre en las altas esferas con prácticas como las del “yo te elijo, tú me eliges” o los ‘carruseles’ para asegurar acceso a millonarias pensiones en las altas cortes.
Por eso desconcierta constatar que el desprestigio de la columna vertebral del Estado de derecho crece a la par con el ansia de un sector importante de quienes la conforman por obtener un estatus laboral privilegiado. Millones de colombianos, entre ellos el que fue víctima de un atraco e impotente ve cómo el delincuente regresa a la calle, pero también quienes esperan se haga pronta justicia con aquellos que saquearon el erario, como en el caso del ‘carrusel’ de la contratación de Bogotá, sienten enorme desazón ante las noticias que cuentan que sigue lejana la posibilidad de un acuerdo que ponga fin al paro judicial, que comenzó el pasado 9 de octubre, el segundo en menos de dos años y a causa del cual en este lapso ya son 90 los días en los que la ciudadanía no ha podido gozar del acceso pleno a este servicio.
Las consecuencias del cese, al que se han sumado empleados de la Fiscalía y guardianes del Inpec, son muy graves: niveles de hacinamiento inhumanos en las unidades de reacción inmediata de la Fiscalía; más de 10.000 denuncias por hurto y otros delitos menores que no han podido ser tramitadas, solo en la capital; obstáculos para que casos tan sonoros como el de Interbolsa o el del exgobernador de La Guajira ‘Kiko’ Gómez avancen y, la más grave, nuevas y contundentes razones para que la imagen negativa de la justicia siga creciendo en la opinión.
Hay que reiterarlo: no se ve cómo justificar esta vez que el derecho de los funcionarios judiciales a la protesta riña con el de los colombianos a este servicio público esencial. Menos, al hacer un recuento del desarrollo de este nuevo paro y comprobar que la exigencia inicial –recursos para asegurar el funcionamiento de los juzgados de descongestión– ya obtuvo solución. Este desenlace, en lugar de poner fin al paro, tuvo un efecto contrario. En una actitud que hace méritos para ser calificada de codiciosa y oportunista, Asonal Judicial aumentó la lista de exigencias para incluir unas que, como las de nuevas primas salariales y la de desmontar la reforma de la Fiscalía, son sencillamente inaceptables, tal como lo afirmó ayer el ministro de Justicia, Yesid Reyes. Así, las negociaciones han llegado a un punto muerto, mientras se acerca el comienzo de la vacancia judicial.
Es hora, entonces, de que los líderes de esta protesta entiendan que sus actuales aspiraciones deben estar respaldadas por una mayor eficiencia, que será más fácil de alcanzar si se permiten las evaluaciones periódicas. Deben apuntarle a la calidad, única manera de que su causa adquiera la legitimidad de la que hoy carece a los ojos de la ciudadanía.
EL TIEMPO/EDITORIAL
