19 de febrero de 2025

Una sociedad con problemas

20 de octubre de 2014

ferney pazLe asistía la razón  a este orientador de la opinión, por cuanto trascurren los años y continuamos con el mismo panorama  judicial, de protestas, morosidad, ineficiencia, fallos a destiempo, congestión, inseguridad jurídica, situaciones que se patentizan con una parálisis judicial que completa 12 días afectando la sociedad colombiana, en donde funcionarios y empleados en un gran porcentaje, reclaman el cumplimiento de unos acuerdos tanto salariales como de política institucional.

Imposible desconocer los perjuicios de orden social, procesales, que se vienen presentando que van desde el acrecentamiento de la congestión y atraso judicial que tanto se cuestiona, como la falta de dicho servicio, público por excelencia, en donde el ciudadano y el litigante quedan inermes en la solicitud de permitírseles acceder a la  justicia y a la protección de sus más elementales derechos fundamentales, en especial los de seguridad social.

Coincide esta suspensión de las actividades jurisdiccionales con la discusión de un Acto Legislativo que toca aspectos de estructura judicial que en nada trasciende en el propósito de obtener una justicia pronta y cumplida que beneficie al ciudadano del común, pero sí dejando algunas funciones de la cúpula criticadas por la opinión,  como las electorales, facultades estas que han  desencadenado en la politización de la justicia que tanto daño le viene haciendo a la misma, generando incredulidad y bajos índices de aceptación ante la sociedad.

La dilación en los fallos y los constantes errores jurisdiccionales son de una connotación tal, que desbordan a los entes jurídicos encargados por la constitución para su vigilancia, control y racionalización judicial, ni de los, jueces, ni de los abogados litigantes, convirtiéndose en un problema de la nación entera.

Una justicia aplicada en debida forma, constituye la espina dorsal de cualquier Estado civilizado y ese Estado con sus  dirigentes, tienen que tomar conciencia de la importancia de la justicia en el desarrollo social y económico de un país, buscando mecanismos de entendimiento para su correcta aplicabilidad acorde con los postulados de un Estado de Derecho y con funcionarios que la enaltezcan.

El precitado columnista ampliaba sus conceptos con un claro diagnóstico, cuando concluida con la siguiente tesis: “Buena parte de nuestros males se debe precisamente…a que hemos invertido las prioridades: Estas tres  actividades, justicia, educación y seguridad, que deberían concentrar la atención y el cuidado del estado colombiano, han sido relegadas a una condición indigna, casi que mendicante”.

Obviamente que coincidimos con tan categórico juicio, pero nada  ha cambiado en el tema de justicia, y solamente nos surgen interrogantes respecto a: ¿quién protege al ciudadano de a pié, al litigante que se constituye en un órgano intermedio entre el juez y la parte, pero subestimado y a veces maltratado por ese sistema judicial, al tener que soportar la indefinición de sus procesos?, así como la angustia de sus poderdantes que reclaman decisiones oportunas, ya que es ilógico que entre nosotros un proceso se demore en los juzgados más que en el 80% de todos los países, más que en los juzgados de nuestros vecinos y más que en los despachos de las economías con quienes se pretende abrir mercados para la inversión extranjera a través del TLC.

Pero nos asalta la preocupación y la duda si llegarán mejores momentos para estas tres aéreas de la convivencia social, por cuanto quien expresaba tan  claros conceptos, con visión de un mejor país, era nada menos que el  periodista columnista JUAN MANUEL SANTOS CALDERON, en artículo publicado en El Tiempo del 5 de julio de 1996, (página 5ª), con el título de “Una Justa causa”.

En ese momento el actual Presidente Santos planteaba: “los sabios decían que las tres personas más importantes de cualquier comunidad eran el juez, el maestro y el militar”.

Confunde pensar que lo allí consignado como ciudadano, en donde daba a conocer su pensamiento y su concepción de Estado, no lo ponga en práctica ahora cuando ejerce la jefatura de gobierno y primera autoridad administrativa frente al paro judicial, buscando soluciones de fondo y no coyunturales, como las que se dieron días antes de la  reelección,  subestimando la gravedad  de la suspensión judicial y las implicaciones para la paz social que se pretende obtener.

Ver para creer, una cosa es cuando se ejerce el periodismo de oposición y otra cuando se ejerce el gobierno, dejando de lado las tesis que con tanto ahínco se defendían.

Frente a este panorama: ¿Quién protege a ese ciudadano indefenso que busca justicia, al paciente abogado litigante cuyo sustento familiar se deriva del ejercicio profesional, quienes no tienen quien hable por ellos, por cuanto hasta la capacidad de protesta han perdido?.

Adenda: Coincidimos en la necesidad de una apertura democrática para el país en la etapa del post conflicto, con partidos renovados que vinculen nuevos sectores de opinión, que se erijan como guías ideológicos y que encarnen propuestas políticas alternativas como las de reducción del desempleo, mayor cobertura educativa, apoyo a los desplazados, equitativa distribución de tierras, equidad tributaria, políticas éstas que requieren de líderes comprometidos con lo social y pasado transparente.

Se afirma lo anterior por cuanto se impulsa por un partido tradicional que el actual ministro Cárdenas Santamaría podría estar en el sonajero presidencial para el 2018.

No nos imaginamos a este ministro arbitrista buscando el apoyo popular de los pensionados de Colombia a quienes se les incumplió la promesa presidencial de reducir el porcentaje de cotización del 12% al 4%, siendo este funcionario su férreo opositor y con proyecto debajo de la manga para gravar con retención las mismas.

De igual manera ¿cómo solicitar la adhesión de la clase media e independiente, cuando ha sido el impulsor de reformas tributarias que golpean a este sector, asfixiándolo con gravámenes injustos, convirtiéndolos en los nuevos esclavos laborales, con reformas improvisadas, inequitativas y confiscatorias, con impuestos regresivos y exenciones para ciertos sectores pudientes y multinacionales mineras?.

¿Cómo justificar ante miles de inversionistas su pasividad y omisión oficial en el caso de “intebolsa”, en donde se ejecutó una de las mayores defraudaciones con dolo incluido, que nos hace recordar su conferencia en el Club Manizales de esta capital, inaugurando la oficina de la firma comisionista?.

Interesante sería también se despejaran las dudas del pasado respecto a un hecho de corrupción estatal conocido como el caso de Dragacol de Reginaldo Bray, para la limpieza del río magdalena, hoy purgando condena, en donde no aparece muy clara la actuación del entonces ministro de obras públicas, en una millonaria conciliación cercana a los 29 mil millones de pesos, que le representó un detrimento patrimonial al Estado, con decisiones judiciales de la jurisdicción contenciosa de responsabilidad solidaria, con cuestionada  intervención de la Corte Constitucional respecto al fallo   del Consejo de Estado .   

Irónico y paradójico como se maneja la política electoral colombiana, en donde se aprovecha la flaca memoria del ciudadano, y a su vez la estolidez de éste al momento de depositar su voto.

¿Y a todas estas, el partido liberal, el que lideró Uribe Uribe, Benjamín Herrera, Olaya Herrera, López Pumarejo, Gaitán, los Lleras, López Michelsen, Galán, en que anda?, ¿será que a sus dirigentes se les olvidó ser alternativa de poder?

Bogotá D.C. 21 de octubre de 2014.

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