Un justo clamor
A la petición la motiva el hecho de que el año entrante se cumplirán dos décadas del asesinato, lapso que fija el ordenamiento jurídico para que prescriba un caso. Casi veinte años después, el legado del líder conservador sigue vigoroso en la vida política del país. De ello da fe la cantidad de representantes de todos los partidos y corrientes que con mucha frecuencia acuden a él para renovar, de paso, el respeto y admiración por lo que fue su vida pública, más allá de la militancia, una realidad a la que parece ajena la justicia, que aún no ha sido capaz de honrar su memoria de la única manera posible para esta rama: revelándo la verdad sobre su muerte y castigando a los responsables.
“En efecto, han pasado ya 19 años de impunidad, en los cuales, muchos de los autores materiales y, lo que es peor, de los autores intelectuales han tenido plena libertad para continuar actuando dentro de la sociedad colombiana en contra del Estado social de derecho, del fortalecimiento institucional y de los principios y valores de una sociedad ética, justa y desarrollada, con los cuales Álvaro Gómez Hurtado expresó su pensamiento político”, reza la mencionada misiva, cuya solicitud este diario respalda plenamente.
Sea por la vía de la citada declaratoria, con el argumento de que este crimen bien pudo haber hecho parte de una estrategia sistemática del narcotráfico –del cartel del norte del Valle en este caso– para eliminar a quienes consideraban incómodos para sus planes, o bien mediante algún otro camino jurídico, tiene que haber justicia.
Y es que es vergonzoso para nuestro sistema judicial, y, de contera, para toda la institucionalidad, que este proceso siga tan lejos de llegar a buen puerto, al punto de que hoy se avizora la nefasta posibilidad de que en los libros de historia quede escrito que este asesinato, como el de Jorge Eliécer Gaitán, Luis Carlos Galán y Bernardo Jaramillo, entre otros líderes caídos, nunca fue plenamente esclarecido. Si esta es la infame suerte de las causas judiciales cuyas víctimas fueron figuras de tal nivel, ¿cuáles serán las expectativas de los familiares de miles de colombianos que cada año pierden su vida a manos de los delincuentes?
En el caso de Gómez Hurtado, valga recordarlo, la justicia, además de andar a paso de tortuga, ha dado todo tipo de tumbos: pruebas que no se practicaron, partes del expediente extraviadas, más de 22 fiscales a cargo de la investigación, un informe de balística desaparecido y, según denuncias de sus familiares, el homicidio de al menos seis testigos o familiares de testigos.
El año pasado, cuando se conmemoró un año más del crimen, el fiscal general, Eduardo Montealegre, afirmó que “no había riesgo de impunidad”, para luego decir que la entidad que dirige avanzaba “sobre hipótesis muy serias” y que “pronto habría resultados en la investigación”. Doce meses después hay que registrar con desazón que tal promesa todavía no se concreta. Cada vez más cerca de la fecha límite, se hace necesario este clamor, que esperamos tenga el eco que les ha faltado a tantos otros pedidos de sus familiares y allegados. Ellos, como todo el país, esperan que se rompa la impunidad.
EL TIEMPO/EDITORIAL