Reformas tributarias – Tortura China para los contribuyentes (II)
El encabezado de la columna indica el incumplimiento de las promesas de campaña y el sometimiento de los colombianos a las horcas caudinas de la administración Santos l y ll, o mejor a las imposiciones de la reforma tributaria consignada en la ley 1607 del 26 de diciembre de 2012, al establecer un nuevo régimen tributario regresivo (en contravía de lo expresado como candidato) y la que se acaba de radicar, recayendo el peso de la tributación sobre la clase trabajadora y la productiva de Colombia y en especial sobre los denominados independientes, léase los profesionales que no disfrutan de las mieles de la burocracia o la diplomacia, o los generadores de empresas o quienes por la necesidad del rebusque desarrollan actividades autónomas.
En la columna pasada hice referencia a que se requiere PROBIDAD, TRANSPARENCIA, AUSTERIDAD FISCAL, y no imponerle a los contribuyentes nuevas reformas tributarias como la que se avecina para reducir un faltante presupuestal que supera los 12.5 billones de pesos y que será sometida o mejor presentada para su aceptación por un Congreso complaciente que convierte en leyes cuanta reforma fiscal y cuanto impuesto le presenta el gobierno, con partidas de favorecimiento al estamento parlamentario denominado coloquialmente como la mermelada oficial.
Con este artículo pretendo resaltar las otras cargas que frente a la DIAN pesan sobre el ciudadano al momento de elaborar su declaración de renta, enfrentando el primer galimatías de dilucidar la triple liquidación exigida, esto es : lo que se pagaría con una declaración ordinaria, lo que se debe contribuir con el IMAN (Impuesto Mínimo Alternativo Nacional), y lo que correspondería al IMAS (Impuesto Alternativo Simple), sin considerar que la comisión de cualquier error será a cargo del contribuyente y objeto de unas exageradas sanciones contempladas en el estatuto tributario al trasladársele todos los riesgos de las incongruencias o de las erradas interpretaciones de la DIAN, entidad que sin rubor alguno se arroga facultades de legislador.
De igual manera que no decir cuando se debe acudir a los sistemas informáticos en donde la lentitud es la característica principal obligando al declarante pasar horas y horas frente a su computador antes de lograr un ingreso exitoso a los sistemas del ente oficial, restringidos en la mayoría de las veces los fines de semana y casi imposible los días del vencimiento tributario.
Capítulo aparte lo relativo a la firma digital, constituyendo otro requisito adicional y engorroso en su trámite, irrespetándose a un contribuyente quién finalmente sostiene el Estado, pero al parecer olvidado por los técnicos burócratas de oficio.
Bienvenida la tecnificación y todos los controles tributarios que eviten la evasión, pero ellos deben ser amables que acerquen al contribuyente que debe presentar la declaración exógena que se le solicita y de la manera como se le obliga y no darle un tratamiento descortés que no hace más que irritar al ciudadano frente a la administración.
Se ha sostenido que la carga tributaria debe obedecer a dos principios: el primero se basa en los beneficios recibidos, vale decir que personas o empresas se benefician en mayor cantidad de los bienes y servicios que el Estado proporciona, siendo el segundo, la capacidad de pago, el cual debe estar basado en el ingreso y el patrimonio del contribuyente, de la empresa u organización, por cuanto los impuestos que se generen no deben afectar la eficiencia laboral , desincentivando la actividad productiva de un país, aspectos estos no tenidos en cuenta por quienes desde los escritorios oficiales diseñan las políticas tributarias de la Nación.
Que interesante sería que se hiciera un ejercicio tributario por parte de los legisladores al momento de conocer la propuesta oficial de reforma tributaria, para demostrar cómo se afecta a la clase media y en especial a la independiente, con gravámenes EXAGERADOS, INJUSTOS Y HASTA CONFISCATORIOS, si se ejemplariza la situación fiscal de cualquier ciudadano de esta categoría, con un ingreso aproximado mensual de los $10.000.000 en donde se incluya lo que le debe tributar al Estado, sus aportes obligatorios, pago por retención, el ajuste por imporrenta anual, el 4 por mil, predial, valorización, rodamiento, salud, pensión, y lo que le queda para enfrentar su diario vivir, esto es si logra hacerlo con dignidad y decoro, para que se lleven la más lamentable sorpresa de estar frente a una persona que a pesar de laborar honestamente, escasamente logra la subsistencia congrua.
El país reclama con urgencia una desburocratización del Estado, el desmonte de las nóminas paralelas, frenar la evasión y la elusión , reducción de un 20% de los altos salarios oficiales, (incluidas las tres ramas del poder público), como lo han hecho otros países ante el desbordamiento de los mismos, seguimiento y sanciones severas para quienes compran “barrani” (por debajo de la mesa, sin impuestos), la sobrefacturación en el comercio exterior, los testaferros en las declaraciones de renta, voluntad política para taponar la corrupción que carcome las estructuras estatales, requiriéndose para ello un sistema judicial eficiente, que castigue como debe ser a los que diezman las arcas públicas .
Un S.O.S, para la defensa de la clase media e independiente con la reforma que se anuncia por parte del Min- hacienda, estamento que no tiene grupo de presión, ni nadie que se preocupe por su situación económica, y no le queda tiempo para protestar, más que estar dedicado a su trabajo diario, y no se convierta otra vez en el paganini de la nueva reforma tributaria que ya no será de dos artículos como se dijo inicialmente, sino de 30 aproximadamente, con un 4 por mil casi que permanente, un anti técnico impuesto al patrimonio o a la riqueza, la eliminación de la devolución de dos puntos del IVA, nunca cumplido, así como la elevación de 3 puntos en el impuesto a la renta conocido como Cree, también definitivo.
Huracanados vientos para la clase media colombiana con esta reforma tributaria que ya camina contra él, sin que encuentre quién la defienda de la cascada tributaria refrendada por un Congreso que pareciera diseñado para ser apéndice del ejecutivo, desconocedores en su mayoría de lo que debe entenderse por la hacienda pública y la contabilidad del Estado, desconceptuándose el principio de la separación de poderes por el que tanto ha luchado la humanidad, teoría articulada por el barón de Montesquieu e introducida en muchas constituciones del mundo incluida la de Colombia, pero sin ninguna aplicación práctica por quienes por mandato constitucional deben ejercer la facultad legislativa, como quedó demostrado con la elección de Contralor y las desafortunadas y explosivas declaraciones del Fiscal General en torno a lo que se ha denominado reforma de equilibrio de poderes al amenazar con una protesta judicial, si no se consideraban sus ideas sobre la misma. (Y a fe que las impuso).
El momento social del país no está para estas iniciativas de gobierno, que día a día pierde aceptación ciudadana, por las promesas incumplidas, con tinte de engaño en contra de la voluntad popular, como parece suceder con lo prometido para el controvertido aeropuerto del café, que ha pasado por todas las peregrinaciones y sigue con la CRUZ a cuestas y sin definir responsabilidades, tanto fiscales, disciplinarias como penales.
La salud institucional del país y la del ejecutivo, no es la mejor, con tendencia a empeorar, y solo nos resta confiar en el futuro, que nos hace recordar al Chapulín Colorado: ¿Y AHORA QUIEN PODRÀ DEFENDERNOS?
Finalizamos la columna, con la misma consigna de la anterior :¿NO HABRÁ LLEGADO EL MOMENTO DE DECIR, NO MÁS REFORMAS TRIBUTARIAS HASTA TANTO NO SE CICATRICEN LAS VENAS DEL DERROCHE Y DE LA CORRUPCIÓN?
Adenda: LA TEMERIDAD DE UN MAGISTRADO: El abuso del derecho, las maniobras de todo género para entorpecer el cumplimiento de un fallo judicial, la formulación de pretensiones, recursos e incidentes totalmente infundados, a través de apoderados que litigan sin razón valedera, es concepto equivalente a temeridad, que debe ser objeto de las sanciones de ley, situación que se viene patentizando en el caso del magistrado Ricaurte de la Sala Administrativa, al resistirse hacer dejación del cargo a pesar de existir fallos que anulan su designación, enviándose un mensaje negativo de lo que debe entenderse por una justicia eficaz , eficiente y cumplida.
Lamentable este episodio de renuencia, y más aún cuando se tiene la desfachatez de presidir encuentros judiciales y reuniones del más alto nivel relacionadas con reformas constitucionales inherentes a la justicia, ejerciendo una dignidad de la que ha sido despojado por decisiones de la jurisdicción contenciosa administrativa.
Flaco servicio se le presta a la Corporación de la que hace parte, creada con tan buenos augurios por la positiva labor de racionalización y modernización judicial realizada a lo largo del territorio nacional, con funcionarios comprometidos y de la mayor respetabilidad jurídica y profesional, que trazaron un rumbo, hoy desviado por los intereses de grupo y ambiciones sin horizontes.
Todos estos incidentes minan la confianza ciudadana, con serios interrogantes, como los planteados por el editorialista del Tiempo (edición dominical, 5 de octubre de hogaño), empezando hacer carrera la lapidaria frase, que si en “Colombia se acabó la justicia, ¿Como no se iba agotar el decoro?”
Bogotá, Octubre 7 de 2014.
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