28 de febrero de 2021
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Reformas tributarias – Tortura China para los contribuyentes (II)

7 de octubre de 2014

ferney pazEl  encabezado de la columna indica el incumplimiento de las promesas de campaña y el sometimiento de los colombianos a las horcas caudinas de la  administración Santos l y ll, o mejor a las imposiciones  de la reforma tributaria  consignada en la ley 1607 del 26 de diciembre de 2012, al establecer un nuevo régimen tributario regresivo (en contravía de lo expresado como candidato) y la que se acaba de radicar, recayendo el peso de la tributación sobre la clase trabajadora y la productiva de Colombia y en especial sobre los denominados independientes, léase los profesionales que no disfrutan de las mieles de la burocracia o la diplomacia, o los generadores de empresas o quienes por la necesidad del rebusque desarrollan actividades autónomas.

En la columna pasada hice referencia a que se requiere PROBIDAD, TRANSPARENCIA, AUSTERIDAD FISCAL, y no imponerle a los contribuyentes nuevas reformas tributarias como la que se avecina para reducir un faltante presupuestal que supera los 12.5 billones de pesos y que será sometida o mejor presentada para su aceptación por un Congreso complaciente que convierte en leyes cuanta reforma fiscal y cuanto impuesto le presenta el gobierno, con partidas de favorecimiento al estamento parlamentario denominado coloquialmente como la mermelada oficial.

Con este artículo pretendo resaltar las otras cargas que frente a la DIAN pesan sobre el ciudadano al momento de elaborar su declaración de renta, enfrentando  el primer galimatías de dilucidar la triple liquidación exigida, esto es : lo que se  pagaría con una  declaración ordinaria, lo que se debe contribuir con el IMAN (Impuesto Mínimo  Alternativo Nacional),  y lo que correspondería al IMAS (Impuesto Alternativo Simple), sin considerar que la comisión de  cualquier  error será a cargo del contribuyente y objeto de unas exageradas sanciones contempladas en el estatuto tributario al trasladársele todos los riesgos de las incongruencias o de las erradas interpretaciones de la DIAN,  entidad que sin rubor alguno se arroga facultades de legislador.

De igual manera que no decir cuando se debe acudir a los sistemas  informáticos en donde la lentitud es la característica principal obligando al  declarante pasar horas y horas frente a su computador antes de lograr un ingreso exitoso a los sistemas  del ente oficial, restringidos en la mayoría de las veces los fines de  semana y casi imposible los días del vencimiento tributario.

Capítulo aparte lo relativo a la firma digital, constituyendo otro requisito adicional y engorroso en su trámite, irrespetándose a un contribuyente  quién finalmente sostiene el Estado, pero al parecer olvidado por los técnicos burócratas  de oficio.
Bienvenida la tecnificación y todos los controles tributarios que eviten la evasión, pero ellos deben ser amables que acerquen al contribuyente que debe presentar la declaración exógena que se le solicita y de la manera como se le obliga y no darle un tratamiento descortés que no hace más que irritar al ciudadano frente a la administración.

Se ha sostenido que la carga tributaria debe obedecer a dos principios: el primero se basa en los beneficios recibidos, vale decir que personas o empresas se benefician en mayor cantidad de los bienes y servicios que el Estado proporciona, siendo el segundo, la capacidad de pago, el cual debe estar basado en el ingreso y el patrimonio del contribuyente, de la empresa u organización, por cuanto los impuestos  que se generen no deben afectar la eficiencia laboral , desincentivando la actividad productiva de un país, aspectos estos no tenidos en cuenta por quienes desde los escritorios oficiales diseñan las políticas tributarias de la Nación.

Que interesante sería que  se hiciera un ejercicio tributario por parte de los legisladores al momento de conocer la propuesta oficial de reforma tributaria, para  demostrar cómo  se afecta a la clase  media  y en especial a la independiente, con  gravámenes  EXAGERADOS, INJUSTOS Y HASTA CONFISCATORIOS, si se ejemplariza la situación fiscal de cualquier ciudadano  de esta categoría, con un ingreso aproximado mensual de los $10.000.000  en donde se incluya lo que le debe  tributar al Estado, sus aportes obligatorios, pago por retención, el ajuste por imporrenta anual, el 4 por mil, predial, valorización, rodamiento, salud, pensión, y lo que le queda para enfrentar su diario vivir, esto  es  si logra hacerlo  con dignidad y decoro, para que  se lleven  la más lamentable sorpresa de estar frente  a una persona que a pesar de laborar honestamente, escasamente  logra la subsistencia congrua.

El país reclama con urgencia una  desburocratización del Estado, el desmonte de las nóminas paralelas, frenar la evasión y la elusión , reducción de un 20% de los altos salarios oficiales, (incluidas las tres ramas del poder público), como lo han hecho otros países  ante el desbordamiento de los mismos, seguimiento  y sanciones severas para quienes compran “barrani” (por debajo de la mesa, sin impuestos), la sobrefacturación en el comercio exterior, los testaferros en las declaraciones de renta, voluntad política para taponar la corrupción que carcome las estructuras  estatales, requiriéndose para ello un sistema judicial eficiente, que castigue como debe ser  a los que diezman las arcas públicas .

Un S.O.S, para la defensa de la clase media e independiente con la reforma que se anuncia por parte del Min- hacienda,  estamento que no tiene grupo de presión, ni nadie que se preocupe por su situación  económica, y no le queda tiempo  para protestar, más que estar dedicado a su trabajo diario, y no se convierta otra vez en el paganini de la nueva reforma tributaria  que ya no será de  dos artículos  como se dijo inicialmente, sino  de 30 aproximadamente, con un  4 por mil  casi que permanente,  un  anti técnico impuesto al patrimonio  o a la riqueza, la eliminación  de la devolución de dos puntos del IVA, nunca cumplido, así como la elevación de 3 puntos en el impuesto a la renta conocido como Cree, también definitivo.

Huracanados vientos para la clase media  colombiana con esta reforma tributaria que ya camina contra él, sin que  encuentre quién la defienda  de la cascada  tributaria refrendada por un Congreso que pareciera diseñado para ser apéndice del ejecutivo, desconocedores en su mayoría de lo que debe entenderse por la hacienda pública y la contabilidad del Estado, desconceptuándose el principio de la separación de poderes por el que tanto  ha luchado la humanidad, teoría articulada por el barón de Montesquieu  e introducida en muchas constituciones del mundo incluida la de Colombia, pero sin ninguna aplicación práctica por quienes por mandato  constitucional deben  ejercer la facultad legislativa, como quedó demostrado con la elección de Contralor y las desafortunadas y explosivas declaraciones del Fiscal General  en torno a lo que se ha denominado reforma de equilibrio de poderes al amenazar con una protesta judicial, si no  se consideraban sus  ideas  sobre la misma. (Y a fe que las impuso).

El momento social del país  no está para  estas  iniciativas de gobierno, que día  a día pierde aceptación ciudadana, por las promesas incumplidas, con tinte de engaño en contra de la voluntad popular, como parece suceder con lo prometido para el controvertido aeropuerto del café, que ha pasado por  todas las peregrinaciones y sigue con la CRUZ a cuestas y sin definir responsabilidades, tanto fiscales, disciplinarias como penales.
La salud  institucional del país  y la del ejecutivo, no es la mejor, con tendencia   a empeorar, y solo nos resta confiar en el futuro, que nos hace recordar al Chapulín Colorado: ¿Y AHORA QUIEN PODRÀ DEFENDERNOS?

Finalizamos la columna, con  la misma consigna de la anterior :¿NO HABRÁ  LLEGADO EL MOMENTO DE DECIR, NO MÁS REFORMAS TRIBUTARIAS HASTA TANTO NO SE CICATRICEN LAS VENAS DEL DERROCHE Y DE LA CORRUPCIÓN?

Adenda: LA TEMERIDAD DE UN  MAGISTRADO: El abuso del derecho, las maniobras de todo género para entorpecer el cumplimiento de un fallo judicial, la formulación de pretensiones, recursos e incidentes totalmente infundados, a través de apoderados que  litigan sin  razón valedera, es concepto equivalente a temeridad, que debe ser objeto de las sanciones  de ley, situación que se viene patentizando en el caso del magistrado Ricaurte de la Sala Administrativa, al resistirse  hacer dejación del cargo  a pesar de  existir fallos  que anulan su designación, enviándose un mensaje  negativo de  lo que debe entenderse por una justicia  eficaz , eficiente y cumplida.
Lamentable  este episodio de  renuencia, y más  aún cuando se tiene la desfachatez de presidir encuentros judiciales y reuniones del más alto nivel relacionadas con reformas constitucionales inherentes a la justicia,  ejerciendo una dignidad   de la que ha sido despojado por  decisiones  de la jurisdicción contenciosa administrativa.

Flaco  servicio se le presta a la  Corporación de la que hace parte, creada con tan buenos  augurios por la positiva labor  de racionalización  y modernización judicial realizada a lo largo del territorio nacional, con funcionarios comprometidos y de la mayor respetabilidad jurídica y profesional, que  trazaron un rumbo, hoy  desviado por  los intereses de grupo y ambiciones sin horizontes.

Todos estos incidentes minan la confianza ciudadana, con serios interrogantes, como los planteados por el editorialista del Tiempo (edición dominical, 5 de octubre de hogaño), empezando hacer carrera la lapidaria frase, que si en “Colombia se acabó la justicia, ¿Como no se iba agotar el decoro?”

Bogotá, Octubre 7 de 2014.

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