Recicldores piden revocar sanción al alcalde Gustavo Petro
Así lo confirmó la presidenta de la asociación, Nohora Padilla, en el programa El Primer Café del Canal Capital, quien explicó que por primera vez tienen un apoderado, el abogado Iván Acuña quien defenderá los derechos de los recicladores.
“Los recicladores a través mío han pedido la revocatoria de esa decisión, y lo pidieron ante el superior jerárquico del superintendente que es la ministra, pero hay una cosa, en todo ese proceso administrativo de sanción que adelantó la Superintendencia de Industria y Comercio“, señaló Acuña.
“Los recicladores de Bogotá intervienen de manera clara y contundente para que se revoque una decisión que tomó la Superintendencia de Industria y Comercio en donde impuso unas sanciones severas a entidades del Distrito y también a funcionarios del Distrito porque habían adoptado la política de Basura Cero. Y esa política de Basura Cero incluye a los recicladores tal como lo ordenó ya años atrás, la Corte Constitucional por medio de una sentencia, la 724 del año 2003“, dijo Acuña.
Por su parte Nohora Padilla aseguró que la sanción se trata de una estrategia que buscó que no se pusiera en marcha el nuevo esquema de basuras.
“Nosotros sabemos que esto es una estrategia combinada, es decir, si no lo logran por un lado se van por el otro, si no lo pudieron hacer por el proceso de licitación porque nosotros estábamos pendientes, no solamente con los procesos jurídicos sino que hacíamos marchas en el día y la noche, teníamos la disposición a la movilización social, el gremio es muy unido y organizado por eso de otra manera no hubiéramos logrado defender el oficio. Por primera vez tenemos un apoderado porque nos vemos limitados en nuestro conocimiento y herramientas porque no somos abogados”, señaló Padilla.
El abogado Iván Acuña recordó que la sentencia de la Corte Constitucional contempla que cualquier esquema que adopte el Distrito de Bogotá en relación al esquema de recolección de basuras, debe tener en cuenta a los recicladores.
“De manera que cuando se implementa la política de Basura Cero por parte de la Administración Distrital, lo que se hizo fue incluir a los recicladores y en el 2011 se dictó el auto 275 parte de la Corte, ordenando el cumplimiento de esa sentencia, de tal manera que lo que hizo el alcalde fue darle cumplimiento a un mandato constitucional, dirigido a una población excluida”, señaló Acuña.
Iván Acuña advirtió también, que con base en la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio, ya se está preparando una demanda contra el Distrito por parte de los privados por un rubro de alrededor de medio billón de pesos.
La Superintendencia le da todo el andamiaje jurídico a estos operadores privados que se sienten lesionados y que buscan presentar una demanda contra el Distrito.
“Esto no es un tema manso aquí detrás de esto hay no solo hay intereses políticos sino grandes intereses económicos, las cifras que hemos obtenido de la misma UAESP indican que se les pagaron casi tres billones de pesos a los operadores privados”, dijo Acuña.
Acuña dijo que lo hecho por los operadores privados fue montar un negocio en el que se ganaban una cifra astronómica con una inversión ridícula.
“Aquí lo que hicieron los operadores privados lo único que hicieron, fue comprar unos vehículos adoptar un software, contratar su personal y cobraron por eso casi tres billones de pesos”, señaló.
Acuña recordó que una muestra del sabotaje de los operadores privados es que a la fecha aún no han entregado los vehículos que son públicos, que son del Distrito.
Finalmente, el abogado manifestó que a partir de este proceso y las sanciones impuestas, se pone en riesgo también la prestación de servicios públicos como el del agua y el del alumbrado público que es prestado por la UAESP.