14 de febrero de 2025

Negociar con criminales

3 de octubre de 2014

De inmediato, para atajar preguntas incómodas pero ineludibles, el fiscal Montealegre precisó que no se trata de otra modalidad de justicia transicional, como la que beneficiará a las Farc; que no se les dará a las bacrim reconocimiento político ni estatus de combatientes, y que no habrá un proceso de diálogos como los de La Habana.

Tendremos, pues, que esperar el texto de la propuesta. Pero el país no debe perder de vista ni por un instante que esta posibilidad de «sometimientos» negociados viene ambientándose desde hace años, ni tampoco el momento actual, donde confluyen toda una serie de dinámicas -La Habana es una de ellas, precisamente- y cesiones por parte del Estado que ningún jefe de bacrim dejará pasar.

Ayer mismo, por ejemplo, decía el ministro de Justicia, Yesid Reyes, que «las sanciones penales no son sinónimo de justicia, sino instrumentos para reconciliar a la sociedad con aquellos individuos que le han causado daño».

Tal concepción de la justicia, que puede arrancar aplausos entre un sector de la academia, pero causa estupor a una sociedad acorralada por la criminalidad del más diverso origen, no puede sino enmarcarse en la doctrina asumida por los gobiernos y el Estado colombiano desde hace por lo menos dos décadas: ante la imposibilidad, no ya de derrotar, sino por lo menos de controlar a los delincuentes, lo único que queda es ver cómo entenderse con ellos.

Y todos los grupos dedicados al crimen con capacidad de fuerza, de amedrentamiento, con acceso a armas y con aliados dentro del aparato estatal, con directrices comunes y sin ningún límite a la hora de causar daño, han tomado buena nota de ello.

Las normas penales y procesales conceden a los fiscales un poder discrecional de gran calado, que es el mecanismo del «principio de oportunidad»: la posibilidad de terminar el proceso, o de suspender el cumplimiento de las penas, por colaboración eficaz con la justicia.

La inquietud, entonces, es inevitable: ¿qué es lo que esta reforma legal consagrará, distinto de ese principio de oportunidad, para estimular en los miembros de esas bandas la voluntad de someterse a la justicia?

Y, entre otras cosas, ¿qué pasará durante los próximos meses con la acción policial y militar contra las bandas, sabiendo que el fiscal general, titular de la acción penal persecutoria contra la criminalidad, aguarda aval político del Congreso para impulsar negociaciones judiciales?

Las bandas criminales llegan a esas negociaciones con una posición de poder basado en las armas, el dinero de la droga, la sangre derramada. Y el Estado con la fragilidad de un sistema penal que sólo espera confesiones y delaciones, porque su capacidad de acopiar pruebas incriminatorias y de investigación forense es casi nula.

¿Y las víctimas? ¿y la reparación? ¿y la desarticulación de los entramados criminales? El Congreso tandrá la palabra.

EL COLOMBIANO/EDITORIAL