2 de marzo de 2021
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MinInterior radicó la prórroga de la Ley 418 “un instrumento para fortalecer la seguridad ciudadana y permitir los diálogos de paz”

10 de octubre de 2014
10 de octubre de 2014

 

La ley 418 de 1997 tiene una vigencia de cuatro años, en el año 2010 fue prorrogada con la Ley 1421 hasta el 21 de diciembre del presente año y estableció, entre otras, los mecanismos que permiten adelantar una política de diálogo y reconciliación con grupos armados al margen de la ley y también brinda instrumentos para el fortalecimiento institucional en diversas áreas como la seguridad ciudadana y la preservación del orden público.

En cuanto a las negociaciones de paz, esta Ley consagra las facultades al Gobierno Nacional para adelantar acuerdos y define los criterios mínimos para mecanismos tales como la desmovilización de grupos armados al margen de la ley, el indulto y la propia facultad de diálogos de paz. Igualmente imposibilita zonas de despeje para adelantar conversaciones.

Por otra parte, la vigencia de esta ley ha permitido la creación de los instrumentos necesarios para avanzar en la búsqueda de la convivencia ciudadana, tanto a nivel nacional como a nivel territorial, en especial en los programas de protección en derechos humanos, atención a las víctimas del terrorismo, creación de los Fondos Territoriales de Seguridad y Convivencia Ciudadana  – FONSET y el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana – FONSECON del Ministerio del Interior.

Esta Ley es una herramienta para financiar estaciones de Policía, cámaras de seguridad, Centros de Convivencia, “obras que de carecer este marco jurídico desaparecerían del ordenamiento legal vigente”.

Otros programas que se derivan de la Ley son el programa de protección a testigos de la Fiscalía y el programa de protección a civiles amenazados, como marco general para la creación de la Unidad Nacional de Protección.

También  regula la competencia y aplicación a nivel territorial del Sistema de Alertas Tempranas y la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas desde el Ministerio del Interior, para prevenir violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.

Asimismo, establece medidas como la protección a vehículos automotores en vías nacionales o fluviales contra hechos terroristas con el cubrimiento de una póliza de riesgo.