La senadora Susana Correa solicita que el tema de Cormagdalena sea discutido en Plenaria
La legisladora expresó a la ministra de Transporte, Natalia Abelló, que “el Gobierno tiene que poner cartas sobre el asunto. Yo sé que Cormagdalena es autónoma en esta situación, pero va a tener el Gobierno y la Superintendencia que ponerse al tanto de este contrato”.
“Cuando hay tantas dudas e inquietudes en un contrato, lo máximo que puede hacer el Gobierno es empezar a interesarse; debe ser puesto este contrato en manos de personas expertas como la Sociedad de Ingenieros, para ver qué es lo que está sucediendo y por qué se firmó este contrato sin ser puesto en conocimiento por asesores del Gobierno”, afirmó Correa.
Para concluir dejó serias dudas e interrogantes sobre la conveniencia del contrato de ‘APP 001 de 2014’ suscrito entre Cormagdalena y el Consorcio Navalena por valor de 1,3 billones de pesos.
1. No hay claridad del impacto ambiental que se desprendería de la ejecución del contrato y su afectación para los peces, la pesca, el comercio y las comunidades ribereñas.
2. Los riesgos por demanda y de obtención de la licencia ambiental asumidos por el Estado durante la ejecución del contrato resultan perjudiciales para los intereses de la Nación.
3. Garantizar la navegabilidad del río en los 908 km en 3 años resulta una misión imposible.
4. Es verosímil que el proyecto careció de estructuración técnica, legal y financiera suficiente para el alcance del proyecto de tal envergadura.
5. Las 128 poblaciones ribereñas exigen la debida socialización del contrato adjudicado.
6. El proyecto fue licitado y contratado con un nivel de riesgo Medio – Alto y un Alto grado de incertidumbre para la generación de la carga durante la ejecución del contrato, no obstante se espera llegar a transportar hasta 6 millones de toneladas al año.
7. Expertos en materia solicitan la disolución del contrato suscrito ante los vacíos técnicos del proyecto.
La legisladora solicitó que se tomen las medidas necesarias que garanticen la adecuada contratación y ejecución de las obras y proyectos de infraestructura vial, que permitan contar la realidad a los colombianos sobre los vacíos con los cuales se están contratando las grandes obras en este Gobierno.
