8 de marzo de 2021
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La prensa se resiste a mordazas

23 de octubre de 2014

Cuando el mundo vive una revolución en la democratización de la información, limitar el acceso a la información que generan los gobiernos es uno de los principales obstáculos para la actividad periodística en numerosos países que se resisten a la tarea fiscalizadora de la prensa, la cual busca transparencia en el manejo de los dineros públicos.

Coartar el flujo de esta información o en muchos casos filtrarla solo a los medios que son afectos a un gobierno, vulnera la libertad de prensa, garante de los demás principios democráticos y de la protección de otros derechos individuales y colectivos.

Y es lamentable no solo que esto esté sucediendo, cada vez con mayor frecuencia, sino que la lista de países que acuden a estas prácticas esté creciendo.

En su asamblea anual, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que agrupa y representa a unas 1.300 publicaciones del hemisferio occidental, condenó tales acciones en países como Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Perú y República Dominicana, entre otros.

Convertida la información en un arma política, en buena parte de estos países muchos funcionarios les niegan a los periodistas el acceso a la información, pero luego la suministran a los medios afectos para que les hagan propaganda.

Los periodistas del continente se resisten a esta mordaza soterrada y por ello en la asamblea de la SIP ratificaron la necesidad de que los gobiernos expidan leyes de acceso a la información pública, al amparo del principio 3 de la Declaración de Chapultepec que establece que «las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada por el sector público».

Al tiempo que se ratificó la importancia de ese derecho a la información, la SIP denunció que «la libertad de expresión y de prensa en el hemisferio enfrentó un marcado deterioro en los últimos seis meses debido a un significativo incremento de la censura directa e indirecta y los ataques físicos a periodistas».

Numerosos actores legales e ilegales, incluyendo grupos armados y del crimen organizado, atentan de manera flagrante contra el trabajo de la prensa y son una amenaza para sus vidas, como lo sucedido en el último año, cuando se contabiliza la muerte de 11 reporteros, uno de ellos en Colombia, donde también se incrementó la amenaza a los periodistas, además de numerosas agresiones físicas.

Y en lo que respecta a la libertad de prensa que garantiza la Constitución, el Gobierno colombiano tiene que hacer claridad sobre lo acordado en La Habana, cuando hace referencia a la prensa regional y se compromete con las Farc a abrirles espacios. ¿A qué prensa regional se refiere y a título de qué se hace este ofrecimiento?

De la enumeración de casos que hace la SIP en su relatoría queda un mal sabor sobre los abusos y tropelías de todo orden que cometen los agentes gubernamentales o paraestatales, cuando un gobierno descalifica, condena o pretende someter a los medios de comunicación, y utiliza para ello todo su poder intimidatorio, particularmente cuando estos se convierten en voceros de una ciudadanía disconforme, que exige soluciones al gobernante sobre diferentes problemáticas o se rehusan a la manipulación en procesos electorales.

EL COLOMBIANO/EDITORIAL