19 de octubre de 2021
Directores
Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

La Corte Penal que requerimos

28 de octubre de 2014

Ese instrumento jurídico de derecho internacional, que obliga a todos los firmantes y a quienes posteriormente hayan adherido a él, expresa que «los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo» y que, a tal fin, «hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia».

A renglón seguido se establece que los Estados se obligan a «poner fin a la impunidad de los autores de esos crímenes y a contribuir así a la prevención de nuevos crímenes».

Los crímenes a los que se hace referencia son los de genocidio, de lesa humanidad, de guerra y de agresión. Quien examine el listado de las diferentes modalidades delictivas de las tres primeras categorías, encontrará un catálogo casi exhaustivo de lo que ha sido el accionar criminal de la guerrilla durante décadas en nuestro país.

Colombia, como Estado parte del Tratado de Roma, sabe -o por lo menos sus autoridades deberían saberlo- que la competencia de la justicia internacional se activa cuando la justicia nacional no quiere o no puede satisfacer las necesidades de justicia o, en otras palabras, cuando deja vía libre a la impunidad.

No obstante, el fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre, ha dado un giro de tal naturaleza que ha dejado de lado las competencias y funciones que le asigna la Constitución, para tornarse en un predicador de teorías de la justicia y del castigo que distan mucho del cumplimiento de sus obligaciones. Porque revístase del ropaje jurídico y retórico que se quiera, lo que viene promocionando el fiscal general supuestamente para «ayudar» a la paz del país, se designa con una palabra rotunda que no se oculta con subterfugios: impunidad.

Ahora, tras entrevistarse con la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, Montealegre aparece desconcertado por el recorderis que la jurista le transmitió: hay «profundas diferencias -así lo reconoce el fiscal colombiano- con la pena para imponer a quienes sean encontrados responsables por delitos de competencia de la CPI, como los de lesa humanidad y los crímenes de guerra».

Ha tenido que ser la fiscal de la CPI quien, de nuevo, notifique cuáles son las obligaciones que Colombia debe cumplir, y que deliberadamente sus instituciones y funcionarios olvidan.

Paralelamente a todo esto, sigue su marcha una iniciativa para crear una Corte Penal de Unasur. Una idea surgida desde el eje chavista, que por tanto no puede tener ningún buen propósito, aparte de servir de coraza para defender a sus aliados y de punta de lanza para procesar a sus opositores, gente que, por ejemplo, defiende la libertad de empresa o de expresión.

Colombia no debe embarcarse en semejante despropósito. Por mucha contemporización que requiera nuestra presencia en Unasur, hay que demandar al Gobierno y a la Cancillería diez minutos de reflexión, sensatez y seriedad.

EDITORIAL/EL COLOMBIANO