18 de octubre de 2021
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¿Un PRI a la colombiana?

27 de octubre de 2014

ferney pazLógico  pensar que esta iniciativa con aprobación en comisión primera de la Cámara, con lobby profesional incluido, tiene gran acogida en la mayoría de los gobernantes  regionales y locales quienes fueron elegidos por votación popular para un período determinado, y que  ahora se quiere modificar a través de una reforma constitucional incurriéndose en una manifiesta violación de principios fundamentales de todo sistema que se llame democrático que alude al respeto a las reglas establecidas en el marco político electoral.

Unas elecciones unificadas atentan contra las democracias locales y la participación política de sus habitantes, creándose veladamente un PRI a la colombiana y un partido único, debilitándose la oposición al instituirse un unanimismo con las graves consecuencias para la institucionalidad.
Son más los opositores que adeptos a la propuesta, que pone en evidencia la contradicción y la falta de coherencia del ejecutivo en estas materias, al proponer la eliminación de la reelección presidencial, después de haberse favorecido de la misma, en el difundido proyecto de equilibrio de poderes, pero si apoyándola para los mandatarios territoriales, en donde seguramente el presupuesto oficial se pondrá al servicio de esas aspiraciones reeleccionistas, figura esta que ha sido la fuente de la corrupción estatal.

La elección presidencial no puede darse a la par con las regionales y locales, por cuanto se atentaría contra el espíritu de la constitución, sustituyéndola en este aspecto, competencia que no la tiene el constituyente derivado como lo es el Congreso de la República, tesis que encuentra su sustento en la jurisprudencia vigente de la Corte Constitucional.
No le es dable al Congreso modificar una decisión electoral tomada por el constituyente primario a través de las urnas confiriendo un mandato político administrativo de cuatro años, que en la práctica se traduce en una burla a la voluntad popular.

El frecuente reformismo genera inestabilidad constitucional e inseguridad jurídica y en ese sentido se debe reconocer la precariedad del sistema democrático que se dice nos rige, sin contar con el desarrollo desordenado e incoherente de las políticas estatales  que no son tenidas en cuenta, cuando de favorecer intereses distintos a los de la nación entera.

La manipulación reiterada de la carta política se ha convertido en un deporte del gobierno y la clase parlamentaria, en un país que ha tenido 9 constituciones, numerosas reformas al interior de cada una de estas, con gobiernos centralistas, confederados, federales, descentralizados con autonomía territorial, unitarios, constituciones laicas, confesionales, más de  35 reformas a la del 91 que es la que nos rige, que solo ha generado inestabilidad y desequilibrio institucional, modificaciones excepcionalmente encaminadas a dar respuestas a las nuevas y constantes reivindicaciones de la sociedad colombiana que está en permanente transformación.

Pero nos asalta la duda que esa sea la intención con las reformas que se tramitan, salvo que este Congreso en sus plenarias y en un acto de sensatez política le dé entierro de tercera a esta descabellada idea que solo busca favorecer intereses particulares y coyunturales con sabor a mermelada post electoral.

Desde este espacio hemos sostenido que los cambios constitucionales deben estar fundados sobre la base del interés general y fruto de un amplio consenso y no como resultado para satisfacer ambiciones personales o de grupo, sin importar la conveniencia nacional.

El Gobierno central en lugar de estar patrocinando estas iniciativas, debería preocuparse en la capacitación técnica gerencial de los mandatarios regionales y locales para evitar la cascada de investigaciones, sanciones disciplinarias y destituciones del cargo por estar comprometidos recursos públicos de los entes territoriales, que nos hacen meditar si en verdad se han obtenido avances democráticos en lo concerniente a la elección popular de alcaldes y gobernadores, que amerite una reforma estructural en cuanto a requisitos y condiciones  legales para el ejercicio administrativo. (Imposible creer que a un mensajero de una empresa o de una gobernación se le exija grado de bachiller, experiencia mínima laboral y a un aspirante  a estas entidades solo la vigencia de la cédula de ciudadanía).   

Mayor seriedad institucional en el manejo de asuntos de tanta connotación, que aluden a  la carta de navegación de un Estado, como lo es su Constitución Política.

Adenda: Anotaciones al acto legislativo sobre “equilibrio de poderes”: La improvisación del gobierno en los temas constitucionales ha llegado al punto de  incurrir en imprecisiones respecto a si el Consejo Superior de la Judicatura en  sus dos salas serán reestructuradas o eliminadas, si es lo segundo el Congreso carece de  competencia para suprimir instituciones creadas por la constitución del 91, como lo  preceptúa la jurisprudencia nacional vigente, facultad que está reservada a una Asamblea Nacional Constituyente, que ronda en el ambiente  para reformas  de fondo a la estructura estatal sobresaliendo entre ellas, la reforma a la justicia, política y electoral.

De igual manera se utiliza indebidamente el término de tribunal de aforados cuando se alude al reemplazo de la comisión de acusación, por cuanto la figura que se pretende  crear no es más que una simple comisión de  instrucción con profesionales del derecho de alto nivel, que carecen de  poder jurisdiccional. El término tribunal significa lugar destinado a los jueces para administrar justicia, asociado a Corte o Juzgado.

No se entiende como se utiliza una enmienda constitucional para establecer beneficios de inmunidad o blindaje a funcionarios estatales distintos del presidente, asociado con la autorización de permitírseles a los congresistas de renunciar para aspirar a otro cargo, jugando con la voluntad popular.

No se precisa para evitar interpretaciones subjetivas, si la extensión de la edad a 70 años para el retiro forzoso de la Rama Judicial tiene efectos ex nunc, para quienes ingresen con posterioridad a la publicación y vigencia del acto legislativo.

Como anotación final, es tan evidente la crisis judicial, que la vocería de la misma está en manos de  funcionarios, uno de ellos con elección anulada por el Consejo de Estado y el segundo en camino de seguir la misma suerte. El primero negándose a  la dejación del cargo con maniobras  dilatorias, ( magistrado Ricaurte) a quién como van las cosas, habrá que seguirle en sentido figurado un proceso de desahucio, figura empleada  en el derecho civil a quién se resiste entregar un inmueble, en el caso que nos ocupa  la magistratura despojada por decisión judicial.

Adenda dos: Como una broma, usual en materia política electoral  se recibe la nota periodística de contactos para  promover una posible aspiración a la gobernación de Caldas de quièn fue despojado de esa investidura  por  sentencia del Consejo de Estado en donde  es fustigado por  esta corporación  por su proceder  en contra de las normas de inhabilidades e incompatibilidades, que le representó al Estado una  erogación millonaria para unas elecciones atípicas,  dándose un claro detrimento patrimonial que debió haber sido tramitado  a través de  los organismos  competentes por violación del marco normativo y jurisprudencias  vigentes respecto a la acción de repetición .

Las segundas partes en  los gobiernos nunca han sido buenas, menos  ahora cuando se habla de desestimar la reelección como institución negativa en la gobernabilidad colombiana.
Que  se imponga  la razón y el interés colectivo,  para que Caldas  recupere  su  importancia  en el panorama nacional, acertando  en la escogencia  de  su   gobernante con una condición  irrebatible : transparencia.   

(Por compromisos profesionales fuera del país, esta columna reaparecerá Dios mediante,  el martes 18 de noviembre de hogaño).

Bogotá, Octubre 28 2014.

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