6 de marzo de 2021
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El Estado y la responsabilidad civil

4 de octubre de 2014

Contrasta ello con los modestos comienzos que tuvo la figura en el Código Civil de Napoleón, en el que solo cinco raquíticos y arcaicos artículos la regulan y así saltó al Código Civil Chileno y, por ende, al Código Civil Colombiano. Pero con base en ellos, a punta de sentencias convertidas en precedentes jurisprudenciales y de tesis de los estudiosos del Derecho, tomó monumental impulso en los siglos XX y XXI y es hoy la piedra angular para resolver complejos problemas como por ejemplo, la responsabilidad objetiva de una línea de transporte aéreo de pasajeros por un accidente que sufren viajeros, o la responsabilidad del Estado por un alud de tierra, o las muertes y lesiones en personas que ocasionan alcantarillas sin tapa en vías públicas, o la mala señalización vial en vías urbanas y en carreteras. Todo ello termina en millonarias demandas contra el Estado.

Según la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, solo contra entidades estatales del nivel nacional (sin contar las departamentales y municipales), cursan en los Juzgados del país más de 1.400 procesos en los que particulares reclaman varios billones de pesos. ¿Origen de ellas? La negligencia, desidia y omisión con que actúan reiterativamente muchos funcionarios y servidores públicos. Solo por accidentes de tránsito ocurridos por falta de señalización de las vías hay procesos que reclaman al Estado cerca de 150 mil millones de pesos. ¿Y de dónde sacará la Nación dinero para pagar las sentencias que en su contra se profieran? De aquel que por impuestos pagan los contribuyentes.

El número de procesos y la cuantía de ellos se multiplica escandalosamente si se incluyen los adelantados por la misma causa contra entidades públicas departamentales y municipales.

La situación tiene un triste epílogo: si bien puede el Estado repetir procesalmente contra los funcionarios cuya desidia provocó el daño, cuando ello ocurre hace tiempo que los patrimonios de estos no tienen activo alguno. Y un colofón: son muchos los colombianos que no demandan cuando sus patrimonios o sus integridades físicas sufren daño que debe reparar el Estado.

Vanguardia, Bucaramanga/EDITORIAL