12 de mayo de 2021
Directores
Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

¡Una reforma superior es necesaria!

3 de septiembre de 2014

En los primeros cuatro años del gobierno Santos, se planteó con insistencia la necesidad de realizar ajustes a la normatividad de la Educación Superior, Ley 30 de 1992, sobre lo que el MEN indicó en sus diferentes boletines:

“Nuestro país cuenta con una Ley que está a punto de cumplir 20 años, generada para dar respuesta a los requerimientos de un momento totalmente diferente al que se vive hoy. (…)En este contexto, se hace necesario volver a pensar el sistema de educación  superior, en un marco normativo, más ágil, flexible y moderno.

““Si Colombia quiere avanzar, necesita un sistema de educación superior reconocido en el mundo por sus altos niveles de calidad. Consolidado y aceptado este sistema, resulta imperioso constituir un marco de orden jurídico, que facilite y asegure legalmente su funcionamiento y esté en armonía con el contexto internacional”.

En la primera semana del mes de agosto de 2014, coincidiendo con el inicio del segundo mandato  del Presidente Santos y la llegada de una nueva Ministra de Educación Nacional, se  presentó la propuesta de política pública en educación superior,  elaborada con participación de los más  diferentes sectores;  el documento coordinado por el CESU, titulado” El Acuerdo por lo Superior: propuesta de Política Pública para la excelencia de la educación superior en Colombia, en el escenario de la Paz”, recopila el trabajo de cerca de 4 años, se convierte en el derrotero para los próximos 20 años en materia de políticas en estas áreas y sin lugar a dudas, impactara todo su sistema educativo; el informe presenta 136 lineamientos para mejorar la calidad del sistema de educación superior y orientar responsablemente las decisiones gubernamentales.

Diferentes trabajos de investigación sobre el sistema de educación superior colombiano[i], han planteado que el sistema evidencia severas fallas en el engranaje y racionalidad de sus políticas, así como en las responsabilidades y funciones que deben cumplir las dependencias y entidades relacionadas con el sector, es un sistema lento, fraccionado, y poco operativo, en deuda con sus resultados, con baja cobertura, en especial de su sistema de acreditación. En general, se encuentra que la cultura de la calidad en este nivel educativo, es incipiente y apenas produce sus primeros resultados, en el propósito del mejoramiento de la calidad del sistema; todos los actores del sistema plantean como necesaria la integración  de los organismos y entidades del sector, la búsqueda de la calidad y la excelencia, el nuevo papel y la dignificación de las comunidades académicas, así como el equilibrio entre autonomía e inspección y vigilancia, como factores determinantes y vitales en la construcción de una nueva propuesta de ley de Educación Superior; igualmente se establece en diferentes documentos, como una de las más importantes conclusiones, que la aplicación y los resultados del conjunto de normas sobre el sistema y particularmente en el tema de aseguramiento de la calidad de la educación superior, resultan insuficientes y frustrantes en el propósito de procurar un mejoramiento sustancial y definitivo de la calidad; los desarrollos actuales no permiten integrar las diferentes normas, dependencias,  entidades y procedimientos utilizados en el sector. El sistema ha demostrado improvisación, es incompleto, con grandes falencias desde sus inicios, y si bien en los primeros años, fue notorio el aporte y lo novedoso del sistema de acreditación para el aseguramiento de la calidad en la educación superior, resulta actualmente insuficiente, lento, fraccionado, con baja cobertura y en general, ineficiente e ineficaz, ante los grandes retos.

Con las futuras reglamentaciones que necesariamente deben sustituir la ley 30 de 1992, se debe brindar especial reconocimiento a las Instituciones Técnicas Profesionales y las Instituciones Tecnológicas; igualmente se deben debe definir qué organismos tiene carácter decisorio dentro del sistema, qué entidades o dependencias tienen carácter de asesoría y planificación y finalmente, qué organismos o instituciones eventualmente podrían crearse o reestructurarse, en el propósito de tener un sistema integrado, eficiente, y autónomo. Debe terminar el aislamiento de las entidades afines al sector, que no permiten coherencia y definición de unas políticas estratégicas y en general, el sistema debe estructurar un diálogo constructivo.

Uno de los aspectos que tienen mayor relevancia, por los impactos negativos causados  en el sistema y en el cual no se puede reincidir por los responsables de las políticas públicas, hace referencia a las decisiones reglamentarias las cuales han sido modificadas permanentemente a lo largo de los casi 22 años que tiene de expedida la ley,  lo que evidencia gran inestabilidad jurídica. Estos cambios en aspectos vitales del sistema, demuestran improvisación, poca claridad en la política y lo que es más grave, han generado incertidumbre y poca credibilidad.

No se puede olvidar que el CESU ha insistido que el Acuerdo por lo Superior, no es un texto de reforma a la Ley 30, pero claramente todos los actores del sistema coinciden en la necesidad de alcanzar una reforma de la educación superior, que permita ajustar y racionalizar la estructura del Estado y las diferentes instituciones y dependencias que rigen este sector. Como lo escribió el Observatorio de la Universidad Colombiana recientemente:

“El país académico pide a gritos y necesita revisar el sistema de aseguramiento de la calidad (puede ser a través de una Agencia, como lo plantea el CESU); requiere una urgente revisión del modelo de inspección y vigilancia y dotar al Estado de más dientes para sancionar y proteger a los estudiantes y familias como consumidores de las IES (puede ser a través de una Superintendencia, como lo plantea el CESU);…Urge cambiar el modelo de financiamiento de la Ley 30 de 1992 y comprometer a los gobiernos locales y entidades territoriales, para romper la inequidad en la asignación de recursos (como lo plantea el CESU); … y se implora porque la educación superior sea un motor que apoye los procesos de conciliación y post-conflicto que el país debe y tiene que comenzar a vivir ….”

Por lo anterior causa extrañeza y desconcierta la respuesta entregada por la Ministra Gina Parody en entrevista en EL Diario El Tiempo del pasado 19 de agosto de 2014, cuando se le preguntó si insistirá en una reforma a la educación superior, sobre lo cual indico:

“La haremos, pero con hechos, no con leyes. Los tres retos de la educación superior son acceso, calidad y pertinencia, y eso no se soluciona con una ley. Necesitamos al Congreso, pero para que nos dé más plata. El acceso se resuelve con mejor educación en la básica y en la media, y con más recursos para quienes tienen dificultad. A nuestro sistema de calidad le hacen falta dientes y hay que tener un diálogo permanente con el sector privado. Los tres grandes retos no requieren una reforma de la Ley 30”.

Por todos estos antecedentes vale la pena Sra. Ministra, que evalué responsablemente el camino a seguir para evitar otros cuatro años de improvisaciones y decisiones unilaterales; por el contrario, con la participación de todos los actores, asuma el camino difícil pero no imposible de una REFORMA SUPERIOR en el marco del GRAN ACUERDO POR LO SUPERIOR. La decisión facilista es la de continuar la “colcha de retazos en que han convertido el sistema”. Las decisiones monumentales que se exigen no se pueden obtener con pañitos de agua tibia.

Manizales, septiembre 3 de 2014

DARIO MEJIA PARDO    Consultor e Investigador en Educación.  Exrector Unicaldas


[i] Mejía P y Duque S. Sistema de aseguramiento de la calidad para la educación superior: una tarea pendiente. Tomado de http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-341917_archivo_pdf.pdf el 27 de agosto de 2014.