30 de noviembre de 2021
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Vuelve y juega. La ampliación de los períodos

5 de agosto de 2014

ferney pazEl tema plantea serias dudas constitucionales, por cuanto no le es dable al Congreso de la República modificar una decisión electoral tomada por el constituyente primario a través de las urnas confiriendo un mandato político administrativo de cuatro años y en el evento de darse esa reforma sería para ser aplicada con efectos ex nunc (hacia futuro), para aquellos que sean elegidos con posterioridad al acto legislativo.

Se ha sostenido por la jurisprudencia nacional:”El congreso no tiene facultades para ampliar el período de funcionarios elegidos por el voto popular para un período determinado y menos aún cuando están en el ejercicio de sus funciones. “

En teoría política, entendida de manera seria y de alcances generales, las modificaciones constitucionales nunca deben ser aplicadas de manera inmediata por cuanto requieren de un espacio de tiempo para que sean socializadas y comprender sus efectos políticos, máxime cuando la ciudadanía votó a conciencia por un periodo establecido de cuatro años y no se le puede asaltar su buena fe electoral con la idea al final del mandato otorgado, de prolongar los períodos consagrados en la constitución, y seguramente con “mico” incluido para los parlamentarios, para no afectar la tan publicitada figura de los pesos y contrapesos.

Muchos han sido los intentos para lograr este propósito constitucional, a pesar del fuerte cabildeo especializado de la Federación de  municipios y seguramente aprovecharán la coyuntura de la eliminación de la reelección presidencial (fuente de la corrupción estatal) para buscar los apoyos requeridos a nivel del Congreso y del ejecutivo, sin dejar de lado que la suerte de la  propuesta está estrechamente ligada al factor tiempo, al faltar año y medio para las elecciones regionales del 2015 y los cambios que se sugieren seguramente repercutirán en la estructura política del país y darán para candentes debates, porque así lo exige la opinión pública y los diferentes estamentos que integran el concepto  de Nación.

Es indudable que la propuesta entusiasma a la mayoría de los actuales funcionarios que ven la oportunidad de ampliar sus períodos, pero también se escuchan voces que aceptan la idea para los que sean elegidos a futuro como lo expresara el  gobernador Fajardo de Antioquia, con planteamientos serios de la inconveniencia para su aplicación inmediata.

Conviene resaltar que las reformas constitucionales deben estar fundadas sobre la base del interés general, ser eficaces, pertinentes y fruto de amplios y pluralistas consensos y no como resultado de satisfacer intereses personales o de grupo, sin importar la conveniencia nacional y que para el caso sub-exánime significaría una propuesta más de las 36 a que  ha  sido sometida la carta del 91, y 12 convertidas  en Actos legislativos, constituyendo para desgracia del derecho público colombiano un verdadero manoseo a la constitución como carta de navegación del Estado Colombiano, que deja mucho que pensar de la seriedad política de nuestro país ante el concierto de las naciones democráticas.

Más que ambicionar  la ampliación de los períodos, se debe trabajar en la capacitación técnica gerencial para evitar la cascada de  investigaciones fiscales y disciplinarias que divulgan los medios, muchas de ellas con sanciones y desvinculaciones del cargo por estar comprometidos recursos públicos, creándose un factor de desconfianza ciudadana respecto al avance democrático en lo concerniente a la elección  popular de alcaldes y gobernadores.

Adenda: Ahora que se habla de reforma judicial, política criminal y penitenciaria, que interesante sería que se abordara el tema con  un mayor criterio científico, bastaría preguntar: ¿Qué se ha hecho para la creación de laboratorios de antropología y sicología criminal?, ¿Qué sabemos de los factores autóctonos individuales y de ambiente que generan nuestra criminalidad específica?, ¿Qué de los centros de salud mental para criminales?, ¿Se conoce alguna investigación científica sobre la etiología del delito para el análisis y tratamiento de la delincuencia?.

Ahora bien, la sociedad reclama que en materia penal se diferencie entre los delincuentes que proceden por violencia y los que proceden por  fraude.

El más perverso es el que procede por engaño y malicia, el que se aprovecha de su posición, el delincuente intelectual, el que se desliza en el mundo agitado de los negocios y planea formidables especulaciones, defraudando al Estado y a particulares, y como castigo se les asegura en casas fiscales de cinco estrellas, o se les da sus haciendas campestres como sitio de reclusión, a diferencia del obrero analfabeta, que en caso de necesidad o de tentación violentan una cerca o una cerradura, a fin de obtener  dinero para la subsistencia propia y la de su familia y se les aplica  todo el rigor de la ley.

Pruebas al canto:  Interbolsa,( Rodrigo Jaramillo  y su hijo Tomás), los Nule, los hermanos Moreno Rojas, los concejales  del Distrito capital,  procesados por  el carrusel de la contratación y todos los investigados por actos de corrupción contra el Estado, y la parapolítica, resguardados con las  mayores seguridades y beneficios carcelarios, con una Fiscalía benévola y mirando para otro lado, menos para donde  debe orientarse la investigación  que comprometa  la responsabilidad de  estos “cacos “ de clubes sociales .

Adenda dos: En todo un novelón procesal se ha convertido el caso del Magistrado del Consejo Superior de la Judicatura Francisco Ricaurte Gómez, quién se resiste a cumplir con un fallo judicial apelando a todas las estratagemas posibles para dilatar su salida, con la anuencia de  su apoderado que en el pasado ostentó la dignidad judicial.

¿Será que la única forma de obtener su retiro ordenado por decisión del Consejo de Estado lo determinará la misma corporación si se revive la reforma judicial del año 2012, en donde se  elimina como tal la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y por sustracción de materia el cargo por este ocupado desaparece de la estructura judicial?
¿Acaso no se está en presencia de un abuso del derecho a través de maniobras  engañosas y dilatorias?

¿Hasta cuándo  permitir se atente contra las decisiones judiciales,  si las mismas  no se hacen cumplir? ¿Qué ejemplo  viene dando  quién   en el pasado  llevó la representación de la jurisdicción ordinaria?

Adenda tres: Una amable sugerencia para el distinguido Gobernador de Caldas Dr. Gutiérrez Botero: En el ordenamiento contencioso administrativo existe una figura denominada, “Desviación de poder en la modalidad de  arbitrariedad política”.

Ganaría mucho dándole un repaso a las normas y jurisprudencias que la desarrollan.

Bogotá,  Agosto 5 de 2014.

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