Periodistas con la boca tapada
Cervantes está muerto. Tres disparos acabaron con su vida la tarde del martes pasado. Según le narró a la FLIP, dejó de hacer periodismo de denuncia sobre la mezcla entre actores armados ilegales y políticos corruptos en el Bajo Cauca antioqueño y se vio obligado a pasar por la radio solo música y notas inofensivas de la vida en su municipio, Tarazá.
Ya la Procuraduría anunció que investigará la actuación de la UNP para establecer por qué, a pesar de la reactivación de las amenazas contra Cervantes el pasado 21 y 22 de julio, se le retiraron definitivamente dos escoltas y un vehículo blindado, dos días después.
La UNP sostuvo que el Comité (Cerrem) que evalúa la situación de las personas amenazadas fue el que determinó que el caso de Cervantes revestía un «riesgo ordinario» (de 46 puntos sobre 100) por lo cual debía, para restablecerle las medidas de protección, presentar nuevas pruebas que mostraran que su integridad y su vida estaban en «riesgo alto».
Pero el periodista fue asesinado y ahora se conoce que hay otros 14 colegas amenazados en Antioquia, ocho de ellos en esa convulsa región del Bajo Cauca. Estamos, ni más ni menos, ante una prensa silenciada. Así, con la boca tapada como acudió a protestar el miércoles en las afueras de la UNP, en el barrio Belén, al occidente de Medellín.
El gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, aceptó que a las autoridades las debe avergonzar que incluso habiendo tantas señales de alerta, como en este caso, las sentencias de muerte se cumplan. Según la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, tanto la UNP como la Gobernación de Antioquia y la Fiscalía recibieron, entre el 23 y el 25 de julio pasados, reportes de la grave situación de inseguridad de Luis Carlos Cervantes, pero el resultado final es que cayó asesinado por pistoleros este 12 de agosto. Es cierto: es una vergüenza.
Lo es también, y sobre todo, para el presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien ha sido por años un hombre de los medios informativos y de gran cercanía, por ejemplo, a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Él y Andrés Villamizar, jefe de la Unidad Nacional de Protección, les deben a la prensa y a los colombianos una explicación menos escueta y simple que la de un comunicado que calificó de «ordinarios y ajenos a su profesión» los riesgos de Luis Carlos Cervantes.
Ha caído un periodista de esos que en Bogotá el poder central llama «de provincia». Un muchacho valiente, apegado a su tierra. Desoído como pocas veces se ha visto. Tocó puertas en todos los despachos. No es gratuito que ayer el reclamo de la ONU haya sido tan vertical y detallado. Su homicidio resulta penoso.
Ahora hay que volver sobre la solicitud de «investigaciones exhaustivas» para que este asesinato cobarde no quede en la impunidad. La FLIP documentó cinco denuncias formales de Cervantes ante la Fiscalía General de la Nación.
Entre 1997 y 2012, 140 periodistas fueron asesinados en Colombia. Eso nos dice del reto de seguir buscando la verdad y de ver si hay un Estado capaz de proteger nuestros derechos a la vida y a la libertad de expresión e información.
EL COLOMBIANO/EDITORIAL
