4 de diciembre de 2021
Directores
Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

El 12% de los habitantes del país, unas 5.7 millones de personas, son desplazadas

6 de agosto de 2014
6 de agosto de 2014

 

Frente a esta compleja situación, cabe recordar que hace 10 años una sentencia de la Corte Constitucional estableció una serie de órdenes que debían ser cumplidas por diferentes instituciones. El objetivo: conjurar la crisis de la población desplazada y dar las bases para superar la situación.

Pero ¿qué ha pasado con las disposiciones impartidas por este Alto Tribunal? Este será el tema del foro Desplazamiento Forzado en Colombia: 10 años de la Sentencia T-025 de 2004, que realizarán la Universidad del Rosario y la Fundación Hanns Seidel, el miércoles 6 de agosto desde las 8 am. en el Aula Mutis de la institución.

Expertos invitados

Martín Gottwald, representante Adjunto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Colombia y Todd Howland, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, darán a conocer su posición sobre el estado actual del problema.

Intervendrá también Lucía Estela García, Magistrada Auxiliar de la Sala de Seguimiento a la Sentencia T-025/04 de la Corte Constitucional, Paula Gaviria Betancur, directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y Luis Castro, Defensor Delegado de Asuntos Constitucionales y Legales de la Defensoría del Pueblo.

Sentencia T-025 de 2004

Esta sentencia evaluó el estado del fenómeno de desplazamiento forzado por violencia que en ese momento vivía el país y condujo a la Corte a declarar el estado de cosas inconstitucional, esto es, una delicada situación de derechos humanos de la población desplazada, explicó María Lucía Torres, profesora de la Universidad del Rosario.

El fallo estableció una serie de órdenes que debían ser cumplidas por diferentes instituciones, con el fin de conjurar la crisis y dar las bases para superar el estado de cosas inconstitucional.

Para hacer seguimiento a dichas órdenes, se creó la Sala de Seguimiento a la sentencia T-025 dentro de la Corte Constitucional, la cual, por medio de autos, ha estado durante estos 10 años vigilante del cumplimiento del fallo y de cómo avanzan las cosas respecto de la situación de desplazamiento en Colombia, dijo la académica.

Por eso la importancia, 10 años después, de analizar el estado actual del desplazamiento en Colombia y qué ha pasado con las órdenes impartidas por la Corte.