6 de diciembre de 2021
Directores
Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

Por pirámide de exalcalde de Manizales demandan al Estado colombiano

23 de julio de 2014
23 de julio de 2014

Se trata de la investigación que desde 2009 adelanta la Fiscalía contra la empresa Integramos S.A., del exalcalde de Manizales Luis Roberto Rivas y varios miembros de su familia, señalados de captar dinero de forma ilegal. Una defraudación que, según los denunciantes, rondaría los $20.000 millones.

En representación de las víctimas, el abogado Mauricio Pava puso el caso en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y edificó su queja sobre un argumento sencillo: cinco años después de que el Estado interviniera la firma Integramos, al considerar que operaba como una pirámide, la Fiscalía no ha avanzado en sus pesquisas y el expediente aún está en etapa preliminar, sin responsables identificados o una imputación siquiera. El proceso ha tenido varios fiscales, innumerables órdenes de policía judicial y otro largo etcétera de actuaciones, pero no hay en él una respuesta real a 150 víctimas.

De acuerdo con el abogado Pava, desde 2003, año de su creación, la empresa Integramos se “dedicó a la captación de dineros del público en Manizales, indicando a las personas que su dinero iba a ser invertido en operaciones de factoring (compra de deudas) con empresas exitosas y solventes, como almacenes Éxito, Coca Cola o la Bolsa Nacional Agropecuaria”. No obstante, el 23 de enero de 2009, el Gobierno intervino la cuestionada firma tras concluir que no tenía autorización para operaciones de captación. De paso envió el caso a la Fiscalía.

La familia Rivas interpuso de inmediato tutelas para tumbar la intervención de la Superintendencia de Sociedades, pero ningún juez les dio la razón. El caso llegó primero a un fiscal en Manizales y luego pasó a la Unidad de Lavado de Activos. Las víctimas habían denunciado que la firma del exalcalde de Manizales incumplió de un momento a otro los pagos y la rentabilidad prometida de los dineros invertidos, que oscilaba entre el 18 y el 20% efectivo anual. En su defensa, los representantes de Integramos alegaron que Almagrario —empresa que conserva y vigila el manejo y la distribución de productos agrícolas— les quedó mal y ahí vinieron los líos.

El abogado Pava sostiene, en cambio, que Integramos les hizo creer a los inversionistas a través de engaños que sus dineros no iban a tener problemas, cuando en realidad esta sociedad operaba como una pirámide. Pero poco ha pasado penalmente con este proceso. La Fiscalía aún lo mantiene como una indagación preliminar, a pesar de las múltiples solicitudes de las víctimas para que el caso avance. El 14 de septiembre de 2011, un juez instó a la Fiscalía a que acelerara las pesquisas. Poco después hubo otra audiencia en el mismo sentido y varias solicitudes dirigidas al ente investigador. Pero nada pasaba.

En enero pasado, en respuesta a un derecho de petición elevado al fiscal Eduardo Montealegre, se confirmó que luego de cinco años el expediente Integramos seguía siendo un preliminar más. Entre tanto el desespero de las víctimas aumentaba. Entonces decidieron llevar el proceso ante la jurisdicción internacional. En mayo pasado toda la documentación necesaria fue enviada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, de paso, la Fiscalía fue notificada de la demanda contra el Estado colombiano por la nula investigación en este caso.

“Nos negamos a aceptar que nuestra justicia sea una justicia de amigos, que sólo se oiga a las víctimas que puedan ser visibles, que sólo exista justicia para los grandes casos que ocupan la atención del poder central en Bogotá. Hoy en día abogan por reducir poderes a las víctimas que porque la Fiscalía es la encargada de representarlas. Pero la realidad nos demuestra que la justicia es un lujo para pocos. Mis clientes se negaron a litigar un caso acudiendo a ‘amiguismos’; ellos sólo quieren justicia”, aseguró el abogado Mauricio Pava, quien viajó a Washington hace dos semanas para aportar nuevas evidencias en esta demanda.

En la otra orilla, los defensores de la familia Rivas y la firma Integramos sostienen que no puede aceptarse ningún delito en este proceso y que se encuentran a la espera de cualquier llamado de la justicia. El abogado Juan Manuel Ríos, por ejemplo, señaló: “Nosotros hemos estado en espera de los resultados de la investigación. Si la Fiscalía no ha tomado decisiones al respecto, eso quizá se debe a que no ha encontrado méritos para hacer una imputación. Hemos sido respetuosos de los tiempos de la justicia y nuestra posición siempre ha sido la misma: no existen responsabilidades penales”.

Mientras en los estrados nacionales e internacionales se sigue debatiendo la responsabilidad de algunos particulares en una presunta estafa y del Estado por su morosidad para investigar, las 150 víctimas que perdieron cerca de $20.000 millones se siguen preguntando si alguna vez recuperaran su dinero.

 

[email protected]