27 de noviembre de 2021
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Lo social de derecho. ¿Se aplica?

29 de julio de 2014

ferney pazNuestra Constitución Política que se supone constituye la carta de navegación del Estado Colombiano, establece en su Artículo 1° que somos un Estado Social de Derecho, con prevalencia del interés general.

El antecedente constitucional se remonta a la Asamblea Nacional Constituyente del 91, por cuanto antes regia el Estado de Derecho, centralizado, limitado dentro de un marco jurídico que garantizaba  libertades individuales en detrimento de los derechos sociales y colectivos, en un ambiente de violencia partidista, de subversión, exclusión e intolerancia social y política, represión estatal por la década de los 80 (Estatuto de Seguridad, binomio Turbay – Camacho Leyva), pasando a uno social, cuyo eje central se basa en la obtención del bienestar colectivo, en donde se consagran mecanismos legales para su efectividad, a través de la acción de tutela, el derecho de petición, las acciones populares, el habeas corpus.

Pero si anotamos que en el marco constitucional que nos rige, la ley debe interpretarse con equidad, sentido social y razonabilidad, entonces ¿cómo entender la desprotección oficial para más de 4.000.000 de compatriotas, desplazados a su propia suerte y lo más lamentable, con sentencias de la Corte Constitucional a favor de  estos, e incumplidas por el ejecutivo nacional, ubicándonos como el segundo en el mundo con este triste fenómeno social?

¿Cómo entender el olvido estatal para más de 200.000 deudores del sistema financiero con procesos ejecutivos hipotecarios, unos con  remate de sus propiedades, otros a punto de correr la misma suerte por la equivocada e irregular liquidación de intereses?, contrariando  llamados jurisprudenciales de protección a estos demandados tras largos años de pedir soluciones para su digno vivir, quienes deberían ser objeto de un favorecimiento normativo como víctimas del sector bancario.

¿Cómo entender la falta de vivienda para un vasto sector de la población que han estado por fuera de las políticas oficiales de vivienda gratis adjudicadas con criterio electoral, y así evitar el hacinamiento y cinturones de miseria en las ciudades capitales e intermedias que han servido para crear las bases objetivas de sustento al crimen organizado?.

¿Cómo desconocer los vaivenes jurídicos de un Estado que no le ha dado la importancia requerida a la justicia como soporte de una democracia y de la paz social que se pretende obtener, cuando por los Juzgados, Tribunales y Altas Cortes campea la congestión, el atraso, la inseguridad jurídica, el incumplimiento de los términos de ley, fallos a destiempo, la denegación de justicia, factores estos que sumados constituyen graves componentes para la incredulidad ciudadana?

¿Cómo entender las  dificultades por las que atraviesan  ciertas regiones del país por las sequías y carencia del agua como consecuencia de la ausencia de unas políticas de recuperación de las cuencas hidrográficas, sumado a un desgreño administrativo con pérdidas de recursos  públicos en la construcción de acueductos y alcantarillados?

A los interrogantes anteriores  se agregaría el total y absoluto abandono del pacífico colombiano, de la niñez, muchos de ellos  reclutados  infamemente por  la insurgencia en  ciertas zonas del país, para quienes el futuro es el desempleo y la escuela de la calle, como inicio de una carrera delictiva, o la deserción escolar por la incapacidad económica de sus progenitores.

Que sirvan estas reflexiones para que en este inicio del mandato presidencial y de la nueva legislatura, se tome conciencia, que además de los problemas de la parapolítica, la insurgencia armada, diálogos de la Habana, narcotráfico, inseguridad urbana y rural, existe uno mayor, que es la ausencia de la justicia social, una deuda que el Estado Colombiano trae consigo desde que somos estado democrático.

Finalmente recordarles a los gobernantes que la aplicación sin ambages del  concepto constitucional que nos ocupa, es una    manera concreta de evitar las inconformidades, protestas, como antesala de las revueltas violentas, en la búsqueda de las transformaciones de todo orden  represadas de tiempo atrás.

De no adoptarse políticas urgentes de beneficio social, tendremos que decir que Colombia como país, solamente tiene de social, el enunciado del Artículo 1° de la Constitución Política.
Adenda: Informan los medios y en especial “Semana.com ( 24-07-14) que un Magistrado de la Sala  Disciplinaria del Consejo Superior de la judicatura instauró demanda ante el Consejo de Estado con el fin de prolongar el período para el cual fue nombrado, por cuanto  fue elegido para  culminar el del  ex magistrado  renunciante Henry Villarriaga  cuyo  mandato culminaría  en el 2016.

Ha llegado el momento de preguntarnos qué ¿ está pasando con el Estado de derecho, cuales son razones para que no se acate  la constitución y las leyes  vigentes, que está sucediendo con los  altos funcionarios  judiciales a quienes se  les demuestra   vicios en su  nombramiento y acuden a las  maniobras jurídicas, indebidas interpretaciones, recursos , recusaciones, y cualquier otro esguince  con la finalidad de entorpecer el cumplimiento de una decisión judicial.?

Todo se reduce a definir si los períodos son institucionales o individuales, tema  clarificado por el Acto Legislativo 01 de 2003, que introdujo un parágrafo al artículo 125 de la constitución política, que es del siguiente tenor: “Los períodos establecidos en la constitución política o en la ley para cargos de elección tienen el carácter de institucionales. Quienes sean designados o elegidos para ocupar tales cargos, en remplazo por falta absoluta de su titular, lo harán por el resto del período para el cual este fue elegido”.

De tal suerte, que de conformidad con el acto legislativo trascrito,  como quiera que el período del saliente era institucional, la designación de quién lo reemplaza lo es para el resto del período para el cual aquel fue elegido, a diferencia de los  magistrados de la jurisdicción, que es personal o individual de  8 años.

Igualmente el artículo 76, de la ley  Estatutaria de la Administración de justicia, (Ley 270 de 1996) alude a la división en dos salas del Consejo Superior de la Judicatura, y  en el numeral 2 se señala la sala  jurisdiccional disciplinaria,” integrada por siete magistrados elegidos para un período de ocho años, por el Congreso nacional de ternas enviadas por el Gobierno.”

Ahora bien, seguiremos preguntando, como lo planteamos en columna del momento, con el  título  “Estado de derecho o Estado Rodìn. ¿Por qué se guardó silencio por parte de la corporación nominadora frente a dos de los magistrados de la Sala Administrativa, uno por renuncia presentada  y el segundo para  cumplir el período de uno saliente por arribar a la edad de retiro forzoso, designaciones que se realizaron como individuales, siendo de carácter institucional?

Reproduzco lo afirmado en la precitada columna: Estaremos atentos para ver en qué Estado nos encontramos, si en el de derecho o en el de Rodìn, si se llega a esculpir con el cincel de la conveniencia lo que nos ubicaría ante las” puertas del infierno”, que hoy puede ser admirada en el museo de Rodìn.

Adenda dos: Interesante la propuesta de elevar a 20 años la experiencia profesional para acceder a las altas Cortes, hoy en 10 años, pero  cuidado con limitarla  únicamente en el campo judicial, cerrándole el paso a juristas, litigantes, académicos, tratadistas del derecho que no podrán acreditar ese tiempo en la jurisdicción.

Y, a propósito del tema  justicia, ante el poder inusitado del señor Fiscal  que  reseña  la revista Semana y otros medios, de imponer  candidatos para las altas corporaciones, insinuar  relevo en el ministerio del ramo,  el  diseño de su propia reforma judicial, propuestas para la mesa de la Habana, reuniones a manteles para definir postulaciones, su posible sucesor, sería conveniente  hacer referencia al  artículo 189 de la constitución política  el cual preceptúa  que el “ Presidente de la República, es el jefe  de Estado, jefe de gobierno y Suprema autoridad administrativa ,” o por lo menos  eso es lo que todavìa pensamos los colombianos , que dichas facultades no han sido transferidas  a ningún otro funcionario estatal .

Bogotá, julio 29 2014.

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