28 de noviembre de 2021
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La prueba del transistor

20 de julio de 2014

Por eso a finales de la década de los sesenta, una vez obtenido el grado de abogado en la Universidad Externado de Colombia y debidamente autorizado por el Tribunal Superior de Armenia para ejercer la profesión, pues en ese entonces no existía la Tarjeta Profesional, hube de recibir con satisfacción el primer encargo profesional como defensor de oficio de un individuo a quien se le acusaba ante el  juzgado Primero Penal Municipal del delito de hurto.

Los hechos consistían en  haber despojado a un ciudadano del radio transistor que llevaba colgado de su hombro derecho un día lunes a eso de las seis de la mañana cuando se dirigía a empezar su faena.

El  ciudadano  afectado resultó ser un agente de la Policía Nacional adscrito al Departamento del Quindío que una vez consumado el hecho delictuoso inició la persecución   del descarado y gracias a su buen estado físico, logró capturarlo y ponerlo  a disposición de la autoridad judicial.

Con mucho entusiasmo me apresté a iniciar la defensa encomendada y como quiera que el sindicado negara de plano  su autoría en el ilícito y, de otro lado,   no existían  otras pruebas de cargo,  fuera  del dicho del policial ofendido, asesorado de famosos  autores del derecho existentes en mi precaria biblioteca, fundamenté la defensa en la ausencia de credibilidad del testimonio del ofendido que bien hubiese podido confundir al verdadero  autor del atraco con el sindicado,  en medio de la razonable perturbación por la ofensa padecida. Todo lo cual hacía,  a mi entender,  imposible su condena por falta de la prueba plena, pues un  testimonio no era  suficiente para ello.

El Juzgador por su parte no aceptó la tesis defendida por mí, con más entusiasmo que  sabiduría y profirió, en consecuencia,  fulminante condena contra el sindicado recluido en la cárcel San Bernardo de la ciudad.

Mientras tanto,  el Congreso de Colombia expidió  y el Gobierno sancionó una  ley de rebaja de penas consistente en disminuir la sanción de seis meses  a un mes,  cuando el valor de  la cosa hurtada fuese menor de quinientos pesos,  pasando el  conocimiento del delito a los Inspectores de Policía.

El avalúo del radio transistor dado  por  los peritos designados por el juzgado ascendió a  la suma de trescientos pesos y como mi defendido había ya pagado un mes de cárcel, pudo obtener  su libertad por pena cumplida.  Desde entonces pienso que algunos legisladores  se encontraban también  en una situación embarazosa semejante a la mía.