Defensoría pide garantías para damnificados por laderas en Barranquilla
Al reiterar que como consecuencia de la falla geológica y los inconvenientes estructurales hay 10.912 viviendas y 22.782 familias de los estratos uno al seis afectadas, el funcionario dijo que de ser necesario acudirá ante la Corte Constitucional para que haga un pronunciamiento de fondo y no se sigan dilatando las soluciones.
Otálora Gómez lamentó que en lugar de apuntarle a una respuesta integral conciliatoria con los ciudadanos, las autoridades territoriales hayan optado por perpetuar el pago de arriendos de 750 mil pesos mensuales a 3.500 familias desde el año 2008.
El Defensor del Pueblo insistió en que lo que se requiere es una planeación propositiva, y recordó que ya hay un fallo de tutela según el cual la Alcaldía de Barranquilla y la constructora Alejandor Char y Cía. deben responder de manera equitativa por los perjuicios ocasionados a los residentes de Altos del Campo, en el sector de Campoalegre.
El Defensor exhortó a las partes a cumplir con la determinación judicial y a no dilatar las respuestas, puesto que además de los 62 barrios involucrados en esta problemática y por los cuales se han interpuesto acciones diferentes ante los tribunales, persiste la posibilidad de que arriben nuevas familias.
En ese orden de ideas, Jorge Armando Otálora Gómez también sugirió a la Alcaldía Distrital adoptar medidas para prevenir invasiones y que particulares pretendan sacar provecho de las circunstancias, así como agilizar las gestiones para realizar un estudio geológico general que permita la pronta intervención del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo y la oficina regional de atención de desastres.
Simultáneamente enfatizó en su decisión de convocar a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República para que en próximas semanas se realice una nueva visita a Barranquilla a fin de verificar las acciones realizadas por las autoridades territoriales, el avance en los compromisos adquiridos y las vías de solución que desde los organismos de control podrían desplegarse para superar este escenario de vulneración a los derechos humanos.
Por último, el Defensor del Pueblo hizo un llamado al Gobierno Nacional para que asuma una política de control y responsabilidad social en estos asuntos, ya que episodios como el de las laderas de Barranquilla y el edificio Space en Medellín, demuestran que cuando no hay reacción de las Instituciones, el Estado termina asumiendo las consecuencias.
